domingo, 30 de enero de 2011

Los temores a la minería

Por James Aparicio*
Las reformas al Código Minero y el impulso que el gobierno nacional quiere darle a la explotación de la mina de cobre de Cerro Colorado abrieron un debate, que las autoridades no pueden desaprovechar.
Desde 1970 cuando la coorporación de desarrollo minero de Cerro Colorado (CODEMIN) impulsó la explotación de los yacimientos de cobres descubiertos, la minería pasaba desaparecibida.
Si bien es cierto Petaquilla ha generado discusión y debate, el proyecto avanza, a pesar de las denuncias sobre supuestas manipulaciones en el estudio de impacto ambiental y falta de medidas para impedir la deforestación y contaminación de los ríos.
La minería es tan vieja como la historia de la humanidad y la explotación de estos recursos es inevitable.
Sin embargo, es necesario incorporar al debate a todos los grupos y opiniones, porque no se trata de una venta de garaje o de lápices de colores. Todos los recursos minerales, escasos en el mundo,en particular en las sociedades industriales, son un patrimonio nacional, que no puede alquilarse o venderse, sin que representen un verdadero desarrollo para las comunidades y el resto del país.
Tanto Petaquilla, como Cerro Colorado son proyectos de minas de cielo abierto, con operaciones que son altamente contaminantes, aunque se adopten las medidas y la tecnología más reciente, para reducir el impacto en el aire, las aguas, fauna y flora.
Hace cuarenta años el precio del oro y el cobre no eran tan altos.
Hoy con el desarrollo acelerado de Corea, China e India, la necesitad de materias primas es urgente. Las naciones industriales pagarán lo que sea necesario por tener acceso a estos recursos, al costo más bajo posible.
La experiencia en todos los países donde la minería se ha desarrollado ha dejado para unos riqueza y para otros problemas.
Cualquier emprendimiento minero debe pasar por compromisos a largo plazo donde las empresas inviertan en escuelas, hospitales, centros de salud, carreteras, parques e infraestructura y beneficios concretos.
De nada sirve que los municipios reciban más impuestos, si las empresas mineras o sus grupos inversionistas no elevan la calidad de vida de las comunidades campesinas e indígenas donde están los desarrollos mineros, con porcentajes establecidos por la ley, para que se produzca un verdadero desarrollo.
La reforma al Código Minero es importante, pero no pueden aprobarse leyes mineras a la medida de unos, perjudicando a otros.
El Estado tiene que recibir mayores beneficios, los pobladores pobres deben ser impactados para que tengan mejores viviendas e ingresos razonables.
En la mayoría de los países de América, Africa y Asia donde la minería se ha hecho fuerte, la vida es paupérrima para los que residen alrededor de las minas o trabajan en ellas.
Las empresasas mineras que se jactan de las grandes ganancias que logran de los recursos naturales de otros países tienen que aumentar sus contribuciones.
Es inaceptable que antes de la mina la gente siga pobre y durante y después de la mina sigan siendo pobres y con toda clase de problemas ambientales.
Hay que recordar que en el proceso por separar los minerales, sean oro, plata o cobre se usa el cianuro.
El cianuro es veneno y contaminada las fuentes de agua. Un manejo irresponsable provoca catastrófes y graves consecuencias sobre la vida en las aguas y la salud de la gente.
El exprimer vicepresidente y excanciller Samuel Lewis Navarro propuso recientemente, la convocatoria a un referendo para definir el futuro minero, tomando en cuenta las opiniones de las empresas, grupos ecológicos y comunidades.
Varios líderes de opinión, Ongs y políticos apoyan pedirle opinión al pueblo, tras coincidir que los recursos mineros son un patrimonio de la nación.
El gobierno tiene la palabra. El pueblo escucha y espera.
*El autor es periodista, editor de HORA CERO, analista político, educador, exdirector del diario La Estrella de Panamá, excorresponsal de la Agence France Presse y exportavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
http://horacero.com.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=36084

LA MINERÍA COMO POLÍTICA DE ANTI-DESARROLLO

Panamá: No a la Minería a Cielo Abierto
Congreso Extraordinario de FRENADESO "Al Iromi Smith", 12 de febrero de 2011.
Frenadeso | Para Kaos en la Red | 29-1-2011
FRENADESO Noticias 29 de enero de 2011.
Vea la intervención de la profesora Maribel Gordón del Equipo Técnico de FRENADESO en la Asamblea de Diputados.
LA MINERÍA COMO POLÍTICA DE ANTI-DESARROLLO
El mundo ha desarrollado patrones de consumo fundamentados en producir aquellas cosas que producen altos niveles de rentabilidad para las empresas y accionistas, patrones de consumo que son derrochadores de los recursos naturales y que han producido la devastación ambiental en el planeta, al punto de poner en riesgo la vida humana. Los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre el cambio climático y sus efectos desastrosos sobre las cosechas y la población (inundiaciones, sequías, desertificación, etc.), son la prueba más fehaciente de ello. Estos modelos de supuesto desarrollo han producido enormes desigualdades sociales y enormes concentración de la riqueza, lo que a su vez refuerza los patrones de consumo derrochadores de los recursos naturales, debido a que solo se produce cosas para los que pueden comprar, porque son estos los que pueden generar grandes ganancias a los inversionistas.
Estos patrones de consumo depredadores del ambiente se agudizan con las explotaciones mineras, y sobre todo, con la minería de cielo abierto. Las empresas transnacionales, guiadas por el lucro, así como los gobiernos que las soportan y apoyan, desde los años ochenta se han estado trasladando a los países subdesarrollados a explotar los recursos minerales debido a que en estos países las regulaciones ambientales son menos exigentes y no existe fortalecimiento de las instituciones para enfrentar los efectos negativos que produce la minería de cielo abierto. Nuestro país, aún cuando no tiene experiencia minera de este tipo, tiene pruebas de la desidia de las empresas e inversionistas, con lo ocurrido en la Mina Remance, que aún cuando se comprobó por el MICI la contaminación de la actividad, solo después de varios años de explotación es que la mina se cierra, sin otras consecuencias para los inversionistas, quienes lucraron contaminando el área. La Mina Santa Rosa es otra prueba de ello. La empresa se declaró en banca rota y dejó a los trabajadores sin pagarles sus derechos, abandonando la mina y dejándole al Estado la responsabilidad de las eventuales contaminaciones de los desechos contaminados, el drenaje ácido y demás daños al ambiente y a las comunidades. Las capacidades de inspección por parte del MICI y de la ANAM son muy limitadas, sin contar los casos de corrupción que son susceptibles de producirse. La mina Cerro Quema fue otro ejemplo, la cual sin que se hubiera iniciado explotación los derrumbes y deslaves de tierra produjeron grande contaminación de los ríos, sin que ello hubiera significado mayores erogaciones para quienes lucraron de la concesión. La mina de oro de Petaquilla es el ejemplo más reciente y desastroso que el país tiene. Las comunidades muestran innumerables pruebas de la contaminación que se está produciendo, pero lo más grade, del enorme peligro que a mediano plazo tienen los derrames, la acumulación de desechos contaminados y la deforestación. La apropiación de tierra a campesinos y la amenaza de expulsión de comunidades enteras es otra de los efectos esperados. La mina de cobre, oro, plata y moligdenum de la transnacional INMET MINING CORPORATION y su subsidiaria MINERA PANAMÁ, en Petaquilla, Distrito de Donoso, provincia de Colón, es 240 veces más grande (tomando en cuenta la cantidad de roca que procesarán) que la mina de oro de Petaquilla, por lo que los potenciales impactos son de proporciones que no podemos imaginar siquiera, por la falta de nuestra experiencia en este tipo de minería. La propia ANAM se ha declarado imposibilitada de hacer el análisis del Estudio de Impacto Ambiental y ha tenido que contratar una empresa extranjera para hacerlo, lo cual es prueba de nuestras debilidades institucionales para lidiar con este tipo de proyectos. No ha habido en el mundo un solo proyecto de este tipo de minería de cielo abierto que no haya producido deforestación o derrames y contaminaciones a fuentes de aguas superficiales y subterráneas, pese a que cuando las empresas se van a instalar prometen el cielo y la tierra en cuanto a las medidas de seguridad.
El pasado7 de enero, un camión cargado de N ITRATO DE AMONIO, elemento utilizado para explosivos en minas, se volcó en el trayecto de la Pintada y Coclesito, cuando viajaba hacia la minas Petaquilla, contaminando el río Cascajal. Se le recomendó a las comunidades no utilizar el río por 15 días y el hecho fue guardado por las autoridades como un gran secreto. Hasta ayer, 17 días después es que se dio a conocer. Esto expresa el grave peligro de la actividad minera de cielo abierto y la incapacidad de las autoridades para tratar este tipo de problemas. Las recientes modificaciones hechas a la ley ambiental la debilitaron aún más, cuestión que manifiesta desarrollar la actividad minera con muy baja preocupación sobre sus efectos en la vida humana.
El proyecto de ley que modifica el código minero, para nada toma en cuenta estos aspectos. El supuesto implícito es que hay que desarrollar la minería a toda costa. El propio ministro de Comercio e Industrias en un programa de televisión aseguró que las modificaciones iban dirigidas a favorecer el proyecto de INMET MINING CORPORATION y MINERA PANAMA, debido a que Singapur y Corea del Sur estaban interesadas en financiar el proyecto, como gobierno. También se conoce que estos gobiernos han mostrado interés en participar en la mina de CERRO COLORADO. Es absurdo que los gobiernos guíen sus políticas económicas para beneficiar intereses privados y de otros gobiernos, como es el caso de las modificaciones al Código Minero, lo cual ha aceptado el propio ministro Roberto Henríquez, incluso, aceptando la cesión de territorio nacional a otros estados, lesionando la soberanía nacional.
Las justificaciones de los enormes ingresos que obtendrá el estado panameño debido a estas concesiones es ridícula. Primero si consideramos los daños ambientales y contaminaciones y efectos sobre las comunidades. Pero, además, la propia empresa MINERA PANAMÁ ha aceptado que por lo menos el 90% de lo que se produzca ira a parar a manos de los inversionistas privados de la empresa y el resto, una parte serán los salarios de los trabajadores y otra parte, aún más pequeña, para ingresos del estado. En los primeros 10 años de operación, MINERA PANAMA estima que le pagará al estado panameño CERO CENTAVO en concepto de impuesto sobre la renta. Podrán aumentar los pagos por concesiones mineras, para exploración y explotación, pero los montos originales son tan irrisorios, que aún cuando se aumenten los pagos en 100% y en algunos casos hasta 1000%, los cobros serían una miseria en comparación con los dineros que se quedan las empresas y los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, y considerando los enormes efectos ambientales y sociales.
Por esta razón es que el problema de las modificaciones del Código Minero que se pretenden realizar no se pueden justificar por el aumento de los ingresos del gobierno panameño, que, repetimos, son sumas insignificantes en comparación con lo que se queda la empresa y los inversionistas privados, y ahora, otros gobiernos extranjeros. Dicho sea de paso, aquí se observa también las hipocresías de la política económica neoliberal y de quienes las impulsan. Se afirma que el estado no debe intervenir en actividades privadas, que es un mal administrador, etc., sin embargo, el gobierno panameño, con premeditación y alevosía quiere modificar el Código Minero para beneficiar la participación de gobiernos extranjeros. Esto es irónico e hipócrita. La cuestión radica en si en nuestro país debemos tener la minería de cielo abierto como una actividad esencial para el desarrollo.
POSICIÓN DE FRENADESO
La posición de FRENADESO es NO A LA MINERÍA DE CIELO ABIERTO, porque sus efectos ambientales, de contaminación, de expulsión de las comunidades, en la deforestación, en otros aspectos sociales, y ahora, en la pérdida aún más de nuestra malograda soberanía nacional, son muy superiores a los beneficios que pueden producir estos proyectos. Esta actividad no es una opción para impulsar un verdadero desarrollo de las comunidades y el desarrollo de la democracia de nuestro país, que implica el respeto a los derechos humanos y, en consecuencia, el derecho de vivir en un ambiente sano, libre de contaminación. Estos son solo proyectos para el lucro personal, el lucro privado, sin importar el daño que pueden producir. Las comunidades lo que necesitan es apoyo a proyectos agropecuarios sustentables, acceso a buenas escuelas, internados para los estudiantes, caminos de acceso para sacar su producción, apoyo en la comercialización, en el financiamiento y en asesoría técnica, para lo cual no es necesario impulsar la minería de cielo abierto. El país ha estado creciendo a tasas del 7, 8, 10 y 11 por ciento, sin necesidad de la actividad minera, y el problema ha radicado en que este crecimiento se ha concentrado en unas cuantas familias y empresas extranjeras, en detrimento de la mayoría de la población, que continúa recibiendo alimentos cada vez más caro y sus salarios son cada vez más deteriorados por el alto costo de la vida.
FRENADESO propugna por un Desarrollo Humano Sostenible, el cual, efectivamente, debe significar el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, al mismo tiempo que se respetan los ecosistemas de manera que no se comprometan las generaciones futuras.
Las observaciones críticas que hacemos a los proyectos mineros (cobre, oro, plata y moligdenum), se fundamentan en que éstos ponen en peligro la vida humana y compromete la existencia de las generaciones futuras.
Exigimos la suspensión de la discusión del Proyecto Ley 277 en la Asamblea Legislativa, para iniciar un amplio debate sobre este tema, a fin de permitir una real consulta a las comunidades indígenas, campesinas, ambientalistas, organizaciones sociales, población en general que permita garantizar el respeto a la vida, la preservación del ecosistema y los intereses nacionales.
FRENADESO IMPULSA UN PROYECTO DE DESARROLLO PARA LA VIDA, LIBRE DE MINERÍA DE CIELO ABIERTO
Dado en la ciudad de Panamá a los 28 días del mes de enero de 2010.

jueves, 27 de enero de 2011

Es necesario convocar un referéndum para decidir el futuro de la minería

El ex vicepresidente de la República y dirigente opositor del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Samuel Lewis Navarro, reiteró que es necesario convocar a un referéndum para decidir el futuro de la minería en Panamá, porque se trata de un patrimonio de todos los panameños.

"Las comunidades, los ecologistas, el gobierno y los empresarios inversionistas tienen que opinar, tal como se hizo en el pasado con la ampliación del Canal", manifestó Navarro a KW Continente.

Sostuvo que es un patrimonio que debemos defender y lo ideal es llevar a un referéndum nacional la decisión.

En cuanto a la situación actual del país, el opositor dijo que se siente preocupado por el aumento del desempleo, el alto costo de la vida, el deterioro de la libertad de expresión y la reducción de programas sociales para los pobres.

De acuerdo con Navarro hay un retroceso preocupante que se empieza a ver y ese no el país que los panameños quieren.

Lewis Navarro confirmó que el PRD prepara su Congreso Extraordinario, y advirtió que "los intentos del oficialismo por sabotear el Congreso fracasarán".
http://www.pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/hoy-interna.php?story_id=1010078

Navarro se sumó al rechazó del Código Minero

noticia20120152012HORA CERO.- El exalcalde y exdirigentes del opositorPartido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, rechazó este miércoles, el proyecto de ley que busca reformar el Código Minero, al que calificó como nefasto y propuso una moratoria de un año para su debido análisis, discusión y consulta.
"El modelo económico de Panamá se basa en el desarrollo sustentable en armonía con la naturaleza. En ese camino no cabe la minería a cielo abierto, ni mucho menos entregar a otro Estado la soberanía nacional, so pretexto de impulsar un desarrollo incierto", dijo Navarro, en una declaración enviada aHORA CERO.
"La minería, que es tóxica para el país, no puede ser tomada como un chantaje a cambio de construir las escuelas, las líneas de agua potable, hospitales o viviendas en las áreas más humildes del país, que igual sin minería tendría que construir el Gobierno. En vez de la comprar descabellada de los corredores por más de $1,200 millones o la construcción de una torre financiera por $300 millones, le exigimos al Gobierno que desista de la minería y use esos dineros para estas obras básicas en las comunidades indígenas y campesinas del país", añadió Navarro.
Navarro, también ambientalista, lamentó que "estas reformas se presenten de la misma manera que la Ley Chorizo que nos llevó el año pasado a la explosión social en Bocas del Toro: con la ausencia del Presidente de la República, sin el tiempo necesario para el debido debate y sin la debida consulta a la iglesia, las comunidades indígenas, los grupos ambientales y la sociedad civil".
,Navarro cuestionó que una vez aprobado el proyecto por el Consejo de Gabinete éste fue engavetado por meses, "tiempo valioso que pudo haber sido utilizado para divulgarlo, pero que se perdió por los métodos antidemocráticos y de imposición que caracterizan al actual gobierno".
Navarro se sumó a las posiciones y denuncias de los grupos ambientalistas e indígenas e contra de la minería, al tiempo que propuso que "si la idea del Gobierno es fortalecer la legislación o aumentar las multas, se debería legislar únicamente en ese sentido".

Indígenas panameños en pie de guerra contra mineras extranjeras

Indígenas panameños dicen estar en pie de guerra y listos a morir defendiendo sus recursos de las compañías mineras extranjeras, que se preparan para redoblar su actividad al amparo de un plan gubernamental para atraer inversiones, mientras ecologistas exigen al Congreso una moratoria.

"Hace 518 años nos explotaron (con la llegada de conquistadores españoles en 1.492) y nos saquearon y hoy volvemos a estar nuevamente amenazados", dijo a la AFP Pedro Rodríguez, presidente de la Comarca indígena Ngöbe-Buglé, donde se ubica Cerro Colorado que tendría 17 millones de toneladas de cobre, equivalentes al 85% de la demanda mundial prevista para 2011.
"No podemos permitir que vengan compañías extranjeras a quitarnos las tierras y los recursos que nos pertenecen", aseguró a la AFP Rogelio Moreno, presidente de la Coordinadora Nacional de Indígenas.
"Nosotros sabemos que vienen momentos difíciles, pero a la muerte no le tenemos miedo. Sabemos que vamos a tener conflictos, pero vamos a defender nuestras tierras, recursos y derechos venga quien venga", añadió Moreno.
El gobierno presentó en el Congreso, de mayoría oficialista, una propuesta de reforma a un código minero de 1963 para atraer inversión de multinacionales, principalmente de Corea del Sur, Singapur y Canadá, que ya mostraron interés por el negocio en Panamá.
Sus defensores alegan que el Estado ingresará más dinero por las concesiones mineras, aumentarán las multas por contaminación y las compañías beneficiarias invertirán en obras sociales en comunidades de extrema pobreza donde la mano del Estado a veces no llega.
La iniciativa plantea que las compañías mineras paguen al Estado un canon de entre uno y tres dólares por cada hectárea para exploración y entre 1,5 y 8 dólares por hectárea para extracción, mientras que las regalías al Estado por su producción van desde el 4 al 8%.
"Estamos aumentando regalías, cánones, tasas y multas para que las comunidades reciban mucho más de lo que están recibiendo", afirmó en una entrevista al canal Telemetro Reporta, Roberto Henríquez, ministro de Comercio e Industrias de Panamá.
"No se puede detener la minería", enfatizó Henríquez, una actividad que de una u otra forma abarca al 40% del territorio panameño según ambientalistas.
Las multas por contaminación van de 5.000 a 250.000 dólares.
"Para nosotros el proyecto (de reforma) era una necesidad urgente", dijo Zorel Morales, de Minera Panamá, perteneciente a la canadiense Inmet y que invirtió 5.000 millones de dólares para extraer oro, plata y cobre.
Grupos ambientalistas presentaron el martes un anteproyecto de ley en el Congreso para pedir una moratoria para la minería metálica a cielo abierto.
"Se está hablando del aumento de tasas sin tener en cuenta los costos ambientales que nos deja la actividad y donde las mineras han incumplido innumerables veces con la normativa ambiental", dijo Raisa Banfield, de Fundación Sostenible, a la AFP.
"Cada ciudadano cuando compra una bolsa de papas, paga un 7% de impuestos y muchas mineras van a dejar un 4%", dijo por su parte Paco Gómez Nadal, de Human Rights Everywhere, para quien Panamá "está en venta hace tiempo".
http://noticias.terra.com.pe/calentamiento-global/indigenas-panamenos-en-pie-de-guerra-contra-mineras-extranjeras,8f012d20ed3cd210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html

miércoles, 26 de enero de 2011

Ambientalistas lanzan contraofensiva a la minería

El ministro de Comercio, Roberto Henríquez, dijo que “el rechazo o aprobación de este proyecto no va a detener la minería”.
M.Zambrano, X. De León
PA-DIGITAL-En medio de consignas y aplausos, los representantes de las organizaciones defensoras del ambiente lanzaron ayer su contraofensiva para impedir que los diputados reformen el Código Minero.
Con la iniciativa, que presentó el ambientalista Félix Wing, se pidió una moratoria en las actividades de explotación de la minería a cielo abierto en todo el territorio nacional.
Mientras eso sucedía a lo interno del Salón Azul del Palacio Justo Arosemena, en las afueras grupos indígenas de la comarca Ngöbe-Buglé aprovecharon los primeros rayos del sol para mostrar su rechazo al proyecto.
La presencia de los indígenas y ambientalistas en los predios de la Asamblea no impidió que el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, manifestara que “el rechazo o aprobación de este proyecto no va a detener la minería”.
La consulta se inició una hora después de lo programado con la intervención del ministro Henríquez, quien defendió la iniciativa destacando que, si no se reforma ahora la actividad minera, se “dejaría espacio abierto a la minería ilegal”.
Explicó que con las reformas se aumentarán las multas para la minería ilegal de B/10 mil -como señala la ley actual- a B/250 mil, por lo que las personas pensarían dos veces antes de realizar esta actividad ilegalmente.
Cada uno de los participantes, 14 en total, solo tenía quince minutos para intervenir según lo dispuso el diputado Aris De Icaza, presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.
En respuesta a la propuesta de los ambientalistas, el titular de Comercio, Henríquez, advirtió que de aceptar esa moratoria “lo que estamos produciendo es la ilegalidad de la extracción con los daños al ambiente y cero beneficios a las comunidades.
Por su parte, Bolívar Pérez, de la Autoridad Nacional del Ambiente, dijo que todos los proyectos tienen que estar regulados por las leyes ambientales, pero no por esto lo deben prohibir.
“La fiscalización y el cuidado del ambiente no es solo responsabilidad de la ANAM, sino de toda la ciudadanía”, apuntó Pérez.
El primer debate está programado para el próximo lunes.

Campaña pide el fin de la minería de metales en Panamá

 Tatiana Félix *

Adital -
Una iniciativa de organizaciones populares y ambientales de Panamá está impulsando la campaña ‘Levántese y Muévase por la ecología y no a la minería’. La acción se opone a las reformas de la legislación minera y al marco de la distribución mercantil de los recursos naturales como la extracción de metales.
Los activistas alegan que la minería de metales en América Central ya generó serios problemas de salud a causa de la contaminación con sustancias tóxicas. Como ejemplo, citaron el caso de Valle de Siria, en Honduras, donde relatos afirman que la contaminación de la mina San Martín provocó enfermedades dermatológicas, oculares y gastrointestinales en la población.
Otro cuestionamiento es por el destino del oro explotado por transnacionales. "Nuestros gobiernos concesionan para que nos contaminen y para sostener a los países poderosos generadores de guerra y empobrecedores de nuestros países. Con esto crece la deuda externa y ecológica", resaltan.
Con los desastres naturales que han ocurrido con más frecuencia en los últimos años, ellos también alertan que Panamá no está libre de este riesgo, y que la industria de la minería constituye una de las acciones que provocan el cambio climático, a causa del efecto invernadero, provocado por la combustión de sustancias tóxicas. "Creer en el manejo responsable del ambiente de parte de las empresas extractoras no garantiza a largo plazo un ambiente sano", alertan.
La solución, según ellos, es juntar recursos, conocimientos y voluntad de cambio. Defienden una política de fomento de la producción agrícola, en forma participativa, que impulse el desarrollo local de las comunidades afectadas o en riesgo por la minería. "Que es decir, otra forma de desarrollo social y ecológico manteniendo la semillas tradicionales por una soberanía alimentaria", explican.
Otra opción de participación para situaciones de cambios climáticos y conflictos defendida por ellos, es la creación de redes comunitarias para el desarrollo local y para la prevención de desastres naturales.
El objetivo de la campaña es producir una intensa movilización popular para presionar a las autoridades panameñas de varios sectores, para exigir el fin de la minería en el país y una mayor inversión en el desarrollo rural, turístico y ecológico.
Para lograr esto, la orientación es que los simpatizantes manden e-mails al Ministerio de la Presidencia (ofasin@presidencia.gob.pa); Ministerio del Desarrollo Agropecuario (infomida@mida.gob.pa); Autoridad Nacional del Ambiente (admin.general@anam.gob.pa); Ministerio del Desarrollo Social (mides@sinfo.net); Ministerio de la Salud (contactenos@minsa.gob.pa); Asamblea de los Diputados de Panamá (pciudadana@asamblea.gob.patransparencia@asamblea.gob.pa,presidencia@asamblea.gob.pa), y otros.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

* Periodista de Adital

miércoles, 19 de enero de 2011

PANAMA: La minería, tema de preocupación



Roberto Motta Alvarado
opinion@prensa.com

El Gobierno nacional, al anunciar que licitará la explotación del yacimiento de cobre de Cerro Colorado confirma su política de considerar la industria minera como actividad que proporcionará grandes beneficios económicos al país, tanto o más que la expansión del Canal de Panamá.

Hace más de 30 años, el gobierno de Torrijos promovió con empeño y energía la explotación de la mina de Cerro Colorado. La iniciativa fue rechazada por todas las fuerzas vivas de la provincia de Chiriquí, por los daños ecológicos que se ocasionarían en la región. Afortunadamente, el proyecto fracasó y la provincia más productiva del país se salvó de un colapso ecológico que hubiese provocado la gradual extinción de su ganadería y agricultura.

Debemos tener presente que Chiriquí, aparte de ser la más fértil y productiva del país es una zona geográfica de intensas lluvias. Al examinar las estadísticas de las precipitaciones fluviales durante los últimos años es fácil constatar lo peligroso y dañino de un proyecto a cielo abierto, como seguramente se piensa utilizar allí. El cambio climático provoca lluvias diluviales en todas las latitudes y en el pasado diciembre lo sufrimos en nuestro país con la crisis del agua. En Costa Rica con una vegetación similar a la de Chiriquí se ha prohibido recientemente la explotación minera, ya que la misma puede dar al traste con su proyecto de desarrollo sostenible.

En países como Chile y Perú, donde el desarrollo minero es muy importante, las explotaciones se hacen en regiones desérticas alejadas de las áreas productivas; en esas zonas apenas llueve unas pocas pulgadas al año. Con todo que las condiciones son adecuadas para esta explotación, la experiencia nos indica que tienen todo tipo de problemas y peligros para los obreros que trabajan en las mismas, tal como ocurrió hace poco.

Ante el sombrío del panorama mundial, urge que el Gobierno propicie un amplio debate nacional en el cual participe la ciudadanía organizada, los sectores potencialmente afectados y los grupos ambientalistas. Dialogar y escuchar es la actitud responsable de un gobierno democrático que respeta la opinión pública.

Se escucha a diario por parte de las compañías multinacionales que la nueva tecnología de punta que se utilizará asegura que las explotaciones mineras no causan daño alguno al ambiente ni a las poblaciones aledañas; esto hay que analizarlo con sumo cuidado, pues lo que está en juego es el devenir de la república y su gente. Los daños que estas explotaciones pudiesen causar serían irreversibles al bienestar general de la nación tanto para las presentes como para las futuras generaciones de panameños.

En materia de inversión, algunas no son convenientes al país. No importa los millones que puedan dejar al país, debemos considerar con mucho cuidado las consecuencias que puedan provocar.

¿De qué nos sirven los millones si las poblaciones aledañas se enferman y las actividades agrícolas y ganaderas se vuelven improductivas?

Sin el manejo adecuado de un tema tan sensitivo y delicado como este me temo que el gobierno del presidente Martinelli abrirá una caja de Pandora de impredecibles consecuencias. Un estadista actúa con sensatez y previsión al valorar todas las posibilidades de sus acciones.

Panamá: Concesiones mineras a otros Estados es inconstitucional

Concesiones mineras a otros Estados es inconstitucional

Burica Press. 18 de enero de 2011.
Los ambientalistas están en alerta. Desde Chiriquí y la Comarca Ngobe Bugle, pasando por Azuero y Panamá se escuchan la voces ambientalistas preparándose para confrontar la aplanadora del Gobierno de Ricardo Martinelli en la Asamblea Nacional. Los diputados están llamados a aprobar una reforma al Código Minero de Panamá con tal de permitir principalmente dos cosas: 1- Permitir exploraciones y explotaciones mineras a empresas de otros Estados y 2- subir el monto de las impuestos por las actividades de explotación minera.

Desembocadura del Río San Félix en el Golfo de Chiriquí. Se estima que un derrame grave de lixiviados de la operación minera puede contaminar gravemente todo el ecosistema marino costero del Golfo de Chiriquí, más las aguas del propio Río San Félix, que sería el cuerpo de agua receptor de las descargas que se salgan de control por errores humanos en la operación o desastres naturales o la combinación de ambos.
El cambio propuesto, a pesar de ser inconstitucional, fue presentado por el Órgano Ejecutivo de Panamá y se espera que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo apruebe sin mediar análisis jurídico constitucional profundo, ni análisis ambiental, tal y como lo exigen las normas ambientales. Ellos como gobierno sólo están interesados en el dinero que les puede generar esta nueva norma, independientemente de los costos sociales, ambientales y todas las demás externalidades negativas que generan este tipo de industrias en países como el nuestro. También sabemos que intentarán usurpar y manipular la autonomía de toma de decisiones de las comunidades indígenas para lograr el éxito en las concesiones que pretenden, indica un mensaje enviado por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).
Los políticas, planes, programas y estrategias de desarrollo requieren una evaluación ambiental estratégica que valide de manera democrática, social, técnica, todas los normas, leyes y proyectos que generen dichas políticas, con tal no poner en riesgo el ambiente en todas sus dimensiones. Esta propuesta inconstitucional será impuesta. Esta es la opinión de Ariel Rodríguez, científico permanente de ACD.
Por su parte el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) ha difundido un mensaje donde destacan que el proyecto de ley propuesto por el gobierno panameño viola los preceptos de la Carta Magna que impiden la concesión a gobiernos extranjeros y empresas ligadas a Estados. Destacan que el artículo 4 de actual Código Minero vigente está adecuado al texto constitucional vigente en Panamá.
ART. 3. “…El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados.”
Constitución Política de la República de Panamá
ART. 4. Numeral. 1 “No podrán obtener concesiones mineras por sí, ni por interpuesta persona, ni podrán ejercerlas o disfrutarlas, ninguno de los que a continuación se mencionan: 1. Los Gobiernos o Estados extranjeros, ni ninguna entidad o institución oficial o semioficial extranjera, ni las personas jurídicas en las cuales tenga participación directa o indirecta algún gobierno o Estado extranjero;…”
Código Minero de la República de Panamá
Por su parte, la Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB) basada en la Provincia de Chiriquí se ha referido a este proyecto de ley en duros términos. “La descabellada propuesta de cambiar el código minero para permitir al gobierno nacional ofrecer a empresas transnacionales concesiones mineras a cielo abierto no son más que ideas claras que estamos ante un gobierno que no valora la integridad física, cultural y ambiental de nuestras culturas indígenas que viven en áreas donde se pretenden dar esas concesiones como Cerro Colorado por la destrucción ambiental amplia que causarían.
El vocero de ACB, Don Ezequiel Miranda indica que le corresponde a todos los panameños sin distinción alguna, organizar un frente de acción y repudio a quienes impulsan la muerte de presentes y futuras generaciones de este pueblo istmeño por el riesgo a la destrucción de los ecosistemas por contaminación con proyectos mineros que no benefician a la colectividad.
Los estudiantes Ngobes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la activista ambiental Carmen Tedman MacIntyre y el profesor Demetrio Miranda entre otros han estado liderando la oposición al cambio al código minero que incluiría entre otras cosas, concesiones mineras de alto riesgo, como es el caso del yacimiento de cobre de Cerro Colorado en la Comarca Ngobe Bugle, en la cuenca del Río San Félix que drena sus aguas a los manglares del Golfo de Chiriquí.
Se estima que un derrame grave de lixiviados de la operación minera puede contaminar gravemente todo el ecosistema marino costero del Golfo de Chiriquí, más las aguas del propio Río San Félix, que sería el cuerpo de agua receptor de las descargas que se salgan de control por errores humanos en la operación o desastres naturales o la combinación de ambos.
Burica Press
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Concesiones mineras, a debate

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com
Las concesiones de nuevas extracciones mineras deben ser suspendidas. Así opina el vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, y así se lo comentó al mandatario, Ricardo Martinelli.
La moratoria, agregó el también canciller, debe durar hasta que se pueda mostrar a la población las bondades de las actividades mineras ya en marcha.
Las declaraciones de Varela se dan cuatro días después de que el Ejecutivo presentara a la Asamblea nacional un proyecto de ley que reformaría el Código Minero para potenciar la actividad minera en el país.
A pesar de su petición, Varela considera que las reformas aprobadas por el Consejo de Gabinete son beneficiosas para el país porque generarán empleos.
El documento ya fue remitido a la Comisión de Comercio de la Asamblea, que debe establecer el calendario de consultas previas a la discusión formal.
El documento establece un aumento a los cánones, regalías y multas que deben pagar las mineras, y elimina la actual prohibición de que otros países exploten los recursos mineros de Panamá.
Sobre este último tema, Varela citó el interés de agencias financieras de Corea y Singapur en la riqueza mineral del istmo.

Varela solicita suspensión de concesiones mineras

Vicepresidente Juan Carlos Varela. LA PRENSA/Archivo1497404
ISIDRO RODRÍGUEZ
irodriguez@prensa.com
El vicepresidente, Juan Carlos Varela, recomendó al presidente, Ricardo Martinelli, suspender el otorgamiento de concesiones mineras hasta cuando la población vea un resultado positivo de los proyectos que hay en este sector.
El también canciller dijo que los concesionarios existentes podrán seguir desarrollando sus proyectos, y que es necesario que el país vea una obra exitosa desde los planos ambiental, social y económico para luego empezar el debate sobre otras áreas donde hay grandes reservas de minería. Para que eso suceda, estimó, podrán pasar dos años.
El proyecto
La propuesta de reformas al Código Minero, presentada por el Ejecutivo, busca elevar los cánones, regalías y multas que deben pagar las mineras. Además, introduce normas ambientales para el manejo de los proyectos mineros y elimina la actual prohibición de que otros países exploten los recursos mineros del país.
La iniciativa fue presentada a la Asamblea Nacional el pasado 13 de enero. Sin embargo, ya había sido aprobada por el Consejo de Gabinete el 26 de octubre de 2010. No firmaron el documento Varela ni el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino. Mientras, el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, se abstuvo de votar.
Sobre este tema, Varela manifestó que no firmó la propuesta porque no estuvo presente en la sesión. Indicó que el proyecto presentado es bueno porque generará empleos en la provincia de Coclé. En cuanto al interés internacional en la minería, dijo que agencias financieras de Corea y Singapur han mostrado interés en invertir.
Se intentó conocer la versión de Papadimitriu sobre el porqué de su abstención, pero no contestó las llamadas que hizo este diario a su celular ni a través de la Secretaría de Comunicación del Estado.
No habrá diálogo con las FARC
Con respecto a la carta enviada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la que se solicita un diálogo con el Gobierno panameño, Varela dijo que al Servicio Nacional de Fronteras y a los organismos de inteligencia les tocará verificar la veracidad del documento. Manifestó que el Gobierno no dialogará con grupos irregulares dedicados al narcotráfico y menos con grupos que están tratando de reclutar jóvenes de la etnia emberá en esa área.
El vicepresidente añadió que hay pruebas contundentes de que el grupo del Frente 57 de las FARC, ubicado cerca de la comunidad del Guayabo en Darién, estaba involucrado en el secuestro del empresario cubano americano Cecilio Padrón.
Varela dijo que el único mensaje del Gobierno a este grupo es que se retire del territorio panameño.
(Con información de José González Pinilla)

PANAMA: ENTREGAR ALGO PARA SEGUIR CON EL SAQUEO.....

Reforma Mineria: "proyecto regadera"

Carlos Estrada Aguilar (carlos.estrada@epasa.com)|Crítica en Línea



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La minería es una actividad de grandes inversiones, sustentó Henríquez. 


Las reformas al Código de Recursos Minerales, de 1973, han sido bautizadas por el ministro de Comercio, Roberto Henríquez, como un "proyecto regadera".
Henríquez basa su afirmación en el hecho de que el proyecto presentado a la Asamblea Nacional inclina la balanza para preservar y aumentar los intereses económicos del Estado y de los municipios donde actualmente existe explotación de recursos metálicos y no metálicos, además de adecuar el escenario legal para proyectos mineros de grandes proporciones, cuya inversión ya se empieza a comparar con la que actualmente se hace en la ampliación del Canal.
La propuesta plantea un aumento en los pagos por regalía que cobra el Estado por la exportación de minerales metálicos.
Este incremento permitiría al fisco facturar 4 centésimos por cada dólar de ganancia, producto de la exportación de cualquier mineral metálico, en lugar de los 2 centésimos que factura en la actualidad.
A manera de ejemplo, manifestó que la empresa Petaquilla Gold exportó en el año 2010 cerca de B/66 millones en oro. Con el proyecto, que incluye aumento en las regalías al Estado, según Henríquez, al Estado le hubiesen correspondido hasta B/2.6 millones, en lugar de B/1.3 millones que recibió.
"No se trata de que los ambientalistas vengan con una consigna de trancar la ley, porque si no se aprueba, igual va a seguir la actividad, pero con menos controles ambientales y con menos ingresos para el Estado y los municipios", advirtió Henríquez.
CONCESIONES MINERAS
El proyecto prohíbe que Gobiernos o Estados extranjeros sean los poseedores de concesiones mineras, con excepción de aquellas personas jurídicas en las que tengan participación económica o financiera uno o más Estados o Gobiernos extranjeros, siempre y cuando dichas personas estén constituidas como personas jurídicas, renunciando expresamente en el contrato de concesión a la reclamación por la vía diplomática.
La prohibición es extensiva a los funcionarios, sea directamente o por interpósita persona que tengan el deber de intervenir, por razón de sus funciones, en la adjudicación, operación o explotación de las concesiones mineras.
Cuando el concesionario sea una sociedad anónima, sus acciones deberán ser nominativas, por lo que no se permitirán la emisión de acciones al portador.
MULTAS
Destacó que el aumento de las multas es otra de las novedades del proyecto. A manera de ejemplo, el ministro dijo que una empresa que extraiga ilegalmente arena de una playa solo es sancionada con mil dólares, lo que resulta irrisorio si se toma en cuenta que es una actividad que deja ganancias hasta por B/30 mil mensuales.
El titular del MICI precisó que las modificaciones al Código Minero, que data de 1963, se proyectan realizar con base en el respeto al medio ambiente, atención a las comunidades aledañas donde se efectúa la extracción de materiales y el uso de tecnología de punta para minimizar el impacto en la naturaleza.
DATOS DEL PROYECTO
  • Llevar a cabo operaciones de explotación, extracción, transporte o beneficio sin contar con la concesión correspondiente será sancionado con multa de B/10 mil a B/250 mil, además del decomiso de los minerales extraídos.


  • Los contratos de concesión tendrán una vigencia de hasta 2 años para la exploración y hasta 10 años para la explotación, mientras que cualquier prórroga se tendrá que solicitar un año antes del vencimiento.


  • Se aumenta de 40 centésimos a B/1.00 los pagos de derecho al municipio en los caos de extracción de arena submarina, arena continental, grava continental, de río y piedra cantera.


  • Los pagos de regalías se harán mensualmente antes del día 30 del mes siguiente a aquel en que se llevó a cabo la extracción.


  • Será obligatorio para todos los concesionarios de exploración y explotación de arena submarina, instalar en sus naves o barcos un sistema de localización automática de vehículos que permita al MICI fiscalizar, rastrear y localizar automáticamente, en tiempo real, las naves que utilizan para operaciones marinas, sean de su propiedad o de terceros contratados para ello.

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