jueves, 29 de marzo de 2012

Panamá: El país está en guerra



Marco A. Gandásegui, h.

ALAI AMLATINA, 29/03/2012.- “El país está en guerra”, fue lo que le gritó el agente de la Fuerza del Orden a un ex policía jubilado que, por casualidad, también era ngobe y protestaba contra la desposesión de las tierras ancestrales de su pueblo en San Félix, a principios de febrero pasado. A mediados de marzo, otro miembro de la Policía amenazaba a dos mujeres en La Chorrera diciéndoles que no le habían “enseñado a escuchar, sino a matar”.

Estas dos experiencias - y otros incidentes similares - están dando claros indicios de una creciente militarización de la llamada Policía Nacional panameña. La insubordinación reciente de un grupo de oficiales de la Policía frente al ministro de Seguridad Pública es otra señal. Más aún, es más preocupante cuando el presidente de la República avala lo actuado por la Policía y el ministro se retracta de sus declaraciones originales.

Los oficiales de la Policía panameña, así como los agentes, están siendo entrenados para tratar a la población como enemigos potenciales del Estado. Muchos de los oficiales, incluso, no tienen entrenamiento como policías y salen directamente de academias militares. Los policías, a su vez, son reciclados en academias norteamericanas, israelíes y colombianas para aprender tácticas represivas y de control militar.

En el libro que publicamos en 1990, La democracia en Panamá, planteábamos que el país no tendría un régimen político democrático si no se cumplían con, por lo menos, dos condiciones fundamentales: En primer lugar, las instituciones armadas del país – como eran la Guardia Nacional (1953-1983) y después las Fuerzas de Defensa (1983-1989) – no podían estar al servicio de una potencia extranjera (es decir, EEUU). Segundo, que era necesario distinguir claramente entre una policía al servicio de la comunidad y un ejército entrenado para rechazar y reprimir al enemigo.

Después de la invasión, EEUU se apoderó de la Policía Nacional y la convirtió en una herramienta en su política exterior hacia Panamá. Muchas de las funciones de adiestramiento se las delegó a las Fuerzas de Defensa de Israel. Con motivo de su campaña contra el “terrorismo” a escala mundial, EEUU comenzó a entrenar a la Policía panameña para cumplir con funciones militares combinadas con actividades de seguridad interna. En 2008, durante los ejercicios militares Panamax, en torno al Canal de Panamá, el Comando Sur de EEUU creó la consigna de que la policía panameña estaba en una guerra contra una supuesta “insurrección campesina e indígena” que ponía en peligro la estabilidad del país.

La presidencia de Martín Torrijos (2004-2009) introdujo elementos de confusión en las funciones de la Policía Nacional. ¿Evolucionaba para convertirse en Ejército o continuaría siendo un híbrido (“ni chicha ni limonada”)? Desde que el presidente Ricardo Martinelli asumió la primera magistratura, la militarización de la policía ha avanzado de manera más acelerada. Pero en vez de crear un Ejército para resguardar las fronteras o controlar nuestro espacio aéreo o aguas territoriales, se ha creado un aparato militarizado para controlar todos los aspectos relacionados con la vida política del país.

Las comunidades, las ciudades, las carreteras y las zonas rurales son objeto de un permanente resguardo militar. El policía confunde al ciudadano con un peligroso enemigo del Estado. A su vez, el soldado sigue órdenes en el campo de batalla frente a un enemigo formado por amas de casa, estudiantes, campesinos y trabajadores. La confusión está conduciendo al país a una situación de caos.

Actualmente, no es un secreto que EEUU controla los aparatos de seguridad del Estado panameño. El 31 de diciembre de 1999 evacuó sus tropas del país y cerró todas sus bases militares. Sin embargo, no abandonó sus puestos en los aparatos de seguridad del gobierno panameño. Además, hay cierta confusión en el Consejo de Seguridad Nacional en la medida en que los policías y soldados panameños no saben si las directrices de los aparatos de seguridad del Pentágono son más potentes que los provenientes del Departamento de Estado. Tampoco saben muy bien si las líneas de acción política que emanan de la CIA y de la DEA neutralizan los objetivos de los anteriores.

Es fundamental que los gobernantes desenreden los papeles que le corresponden jugar a policías y soldados en la estructura política del país. Esa misma confusión – creada por la política exterior de EEUU hacia Panamá - llevó al coronel Remón Cantera a la Presidencia en 1952, siguió con el golpe militar de 1968 y la invasión militar norteamericana en 1989. Todo indica que las debilidades de la clase política, de la incapacidad de los sectores medios y populares para poner orden y la voracidad conocida de EEUU, nos están llevando por el mismo camino ya recorrido en la segunda mitad del siglo XX. EEUU podría beneficiarse, los especuladores siempre pescan mejor en río revuelto y los soldados quizás se reparten algunas prebendas. Cuando los policías declaran que “el país está en guerra”, o que “policía juzga policía” o que luchan contra una “insurrección campesina e indígena” es igual a un río que suena, porque piedras trae. De un enfrentamiento de este tipo sólo el país y el pueblo panameño serán los perdedores.

- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.http://marcoagandasegui11.blogspot.com


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miércoles, 28 de marzo de 2012

Panamá: Martinelli sanciona ley que prohíbe explotación minera en comarca indígena


La zona en cuestión es la de Ngäbe Buglé, ubicada en las cercanías de Costa Rica y que da hacia el Océano Atlántico.
Antes, el gobierno ya había aceptado cancelar la explotación de cobre en la zona, donde se encuentra uno de los yacimientos del mineral más grandes del mundo.
  • Tue, 27/03/2012 - 18:38
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El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli sancionó este lunes la ley que prohíbe la explotación minera, y crea un régimen especial para la protección de los recursos hídricos y ambientales en la comarca indígena Ngäbe Buglé.
La “Ley 11 de 26 de marzo de 2012” reúne lo consensuado por la Coordinadora Indígena y el gobierno dentro de un diálogo que se mantuvo por varias semanas antes de que fuera aprobada por diputados de la Asamblea Legislativa la semana pasada.

Navegador Semántico

Personas Mencionadas
El nuevo estatuto “modifica artículos del Código de los Recursos minerales y contempla indemnizaciones previas en casos de daños, afectaciones o traslados como consecuencias de proyectos hidroeléctricos en la comarca indígena”, aplicable también a las comunidades Ngäbe-Buglé adyacentes, definidas o delimitadas, según diputados.
El ministro de gobierno, Ricardo Fábrega quien lideró las negociaciones anticipó que la aprobación de ley es “un gesto de buena voluntad” del gobierno en beneficio de las poblaciones indígenas panameñas que exigen mejores condiciones de vida.
La ley reconoce el derecho de la comarca al uso, manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos renovables, y “prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación, y extracción de minería metálica, no metálica y sus derivados en la comarca”, áreas anexas y comunidades Ngäbe-Buglé adyacentes por cualquier personal natural o jurídico, nacional o extranjera.
Asimismo establece que cualquier desarrollo hidroeléctrico en las áreas indígenas o cercanas deberá ser sometido antes al consenso y aprobación de las autoridades comarcales, asimismo contempla sanciones entre US$10.000 y US$100.000 para quienes violen la disposición.
Para futuros proyectos que se realicen en la zona, la ley también contempla beneficios como que un 5% de la facturación anual del mismo será destinado a la comarca, mientras que el 25% de los trabajadores técnicos y no especializados, sean lugareños.
La oposición de los indígenas primero a la exploración minera y luego, a la construcción de hidroeléctricas generó protestas y cierres de calles por varias semanas en la capital, Chiriquí y Bocas del Toro, a raíz de las cuales en varias ocasiones quedó suspendido el movimiento de carga y transporte de pasajeros hacia y desde Centroamérica con pérdidas millonarias, según gremios empresariales.
Antes, el gobierno ya había aceptado cancelar la explotación de cobre en la zona indígena, donde expertos consideran se encuentra uno de los yacimientos del mineral más grandes del mundo.
El presidente de la Comisión legislativa de Comercio, Raúl Hernández aseguró que “el proyecto de ley aprobado fue totalmente consensuado en la mesa del diálogo durante 45 días y que llena las aspiraciones de todos los que participaron en su discusión”.
Con la ley además se crea un fondo de desarrollo de proyectos a favor de los indígenas, afectados por altos niveles de pobreza y falta de los servicios básicos, según sindicales.

jueves, 22 de marzo de 2012

Aprueba parlamento panameño en primer debate proyecto de ley minero


21 de marzo de 2012, 00:13Panamá, 21 mar (PL) La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en primer debate el proyecto de ley 415 sobre recursos minerales e hídricos en la comarca indígena Ngöbe Buglé tras largas y difíciles negociaciones.

Lo importante es que el nuevo dispositivo legal nace con los ocho parágrafos consensuados del polémico artículo cinco, por el cual se cancelan todas las concesiones mineras e hídricas en la comarca y áreas anexas, y se establecen normas, procedimientos y beneficios sobre obras futuras.

Tras este paso, la discusión pasará ahora al pleno de la Asamblea para su segundo debate, aún cuando un grupo de indígenas liderados por la cacica suplente Mijita Andrade pone reparos sobre lo acordado, al igual que Celio Guerra, del Congreso tradicional.

El acuerdo fue firmado por la cacica general Silvia Carrera, quien encabeza las negociaciones por la parte indígena junto a la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé y Campesinos.

Con la aceptación del artículo cinco por parte de los ministros Jorge Ricardo Fábregas, de Gobierno, y Ricardo Quijano, de Comercio e Industrias, ambos en representación del Ejecutivo, podría ponerse fin a ese acápite de las negociaciones, pero queda pendiente el de la hidroeléctrica de Barro Blanco.

El artículo fue eliminado del proyecto en la sesión del pasado 25 de enero, fecha en que se aprobó el documento en primer debate y se convirtió en el detonante de protestas indígenas en San Félix y otras localidades que terminaron con dos muertos y numerosos heridos el pasado 5 de febrero.

Voceros de la Comisión dijeron que el segundo debate del proyecto 415 está previsto que se inicie hoy en el pleno legislativo. ocs/lma
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=489703&Itemid=1






martes, 6 de marzo de 2012

Panamá- Minería o muerte.

 Panamá- Minería o muerte. (6feb12-prensadefrente-ayi) El gobierno panameño lanzó un violento operativo policial para desalojar a los indígenas que rechazan la minería y una hidroeléctrica en su comunidad. Hay un muerto confirmado y crece la resistencia en las calles para repudiar el proyecto de ley.
La comunidad indígena Ngäbe Buglé, apoyada por más de 50 organizaciones panameñas, comenzó el 31 de enero un bloqueo en la Vía Interamericana para exigir que se prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en su comarca. La respuesta del gobierno del derechista Ricardo Martinelli fue pegar el faltazo a la reunión de negociación acordada entre el Ejecutivo y la comunidad y luego ordenar el operativo policial que desalojó salvajemente a los manifestantes, con el resultado de la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugri y decena de heridos de bala.
Perdigones, balas y gases lacrimógenos. La policía comenzó a reprimir el último sábado ingresando dentro de las comunidades y amedrentando a la población, avanzando en los cortes que se llevaban adelante en el oeste de Panamá, el bloqueo de la Vía Interamericana y la localidad de Sixaola, que une Panamá con Costa Rica.

Con el corte de luz y de agua en las zonas donde se desarrollaron las protestas más fuertes y con la orden de dejar incomunicadas las zonas donde se producían los bloqueos, los efectivos policiales avanzaron sobre los cortes para desalojar a los indígenas.
En estos momentos, cientos de manifestantes se reorganizan en distintos puntos y en algunos lugares continúan los bloqueos. El próximo miércoles las organizaciones confluirán en una movilización convocada por el sindicato de la construcción SUNTRACS, que denunció en las últimas horas el arresto de 33 trabajadores y convocó a rechazar el avance sobre la comunidad indígena. "Es claro que este gobierno no ha entendido que el país no le pertenece", dijo Saúl Méndez, líder de SUNTRACS.
Dirigentes de la comunidad Ngäbe Buglé denunciaron que el gobierno ordenó cortar las comunicaciones y la luz, por lo que en la mayoría de las zonas donde se mantienen las protestas los manifestantes se encuentran incomunicados y a oscuras. En las últimas horas se conoció una grabación de una ejecutiva de la empresa “Más Móvil”, afirmando que cumplía órdenes de las autoridades para suspender las comunicaciones. El Gobierno aseguró que mantendrán la medida.

El conflicto tiene como eje central la minería y la instalación de una hidroeléctrica en territorio de la comunidad indígena. El gobierno presentó un proyecto de ley que se encuentra en estos momentos en debate en el Congreso y establece un régimen especial para la protección de recursos naturales en la Comarca. La iniciativa de ley había sido discutida con representantes de la comunidad, pero al ser presentada en el Parlamento se eliminó un artículo que prohibía la explotación minera y la posibilidad de construir una hidroeléctrica, por lo cual los indígenas exigen que se garantice en la ley las garantías la prohibición de estas actividades. De hecho, dentro del territorio indígena se encuentra el Cerro Colorado, considerado uno de los yacimientos de cobre más grandes de América Latina, que la comunidad busca preservar.
Al iniciarse el conflicto, los principales partidos de Panamá exigieron que se retire el proyecto para avanzar en el diálogo con la comunidad indígena pero la respuesta fue la represión. El sábado, quinto día de bloqueos y protestas, el gobierno panameño aceptó sentarse a negociar, con el intermedio de la Iglesia. Sin embargo los funcionarios no aparecieron y se desató la represión. El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, justificó el operativo policial por una presunta toma de rehenes y descartó que la Policía Nacional estuviera armada. Sin embargo la comunidad desmintió haber tomado rehenes y en las últimas horas del sábado se conoció la muerte del joven de 26 años.
Mulino fue calificado como mentiroso por dirigentes sociales, sindicales y miembros de la Iglesia que rechazaron su afirmación de que la Policía no tenía armas. "Para que no salgamos a defender a los trabajadores y los grupos indígenas, la Policía tendrá que matarnos a todos", aseguró el dirigente del SUNTRACS.
Ayer por la tarde, funcionarios del Gobierno dieron una conferencia de prensa para deslindar a la Policía de la responsabilidad por la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugri y justificar la decisión de mantener incomunicados a los habitantes que están en la zona del conflicto. Mientras tanto, en los puntos de bloqueo la Policía continúa reprimiendo y hay más de cuarenta detenidos. Al cierre de esta edición, un hombre era trasladado al hospital de David en grave estado y se multiplicaban las protestas en distintos puntos del país para rechazar el accionar del gobierno frente al reclamo indígena.
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 Panamá- Crece conflicto por protesta de indígenas contra minería en Panamá. (4feb12-Radio Nederland-ayi) La tensión entre el gobierno panameño y los indígenas que están bloqueando carreteras en contra de la minería en sus territorios subió el viernes con otros sectores que se sumaron a la protesta y unas posiciones polarizadas que hasta ahora no permitieron abrir una vía al diálogo.
“Las cosas se han salido de la mano (…) No se puede tener secuestrada a una cantidad enorme de turistas y de personas que no pueden movilizarse” y estar desabasteciendo a la ciudad de Panamá y a otros lugares”, afirmó el presidente panameño, Ricardo Martinelli.
El viernes una comitiva encabezada por los ministros de Comercio, Ricardo Quijano, y de Gobierno, Jorge Fábrega, viajó a la provincia de Chiriquí (oeste) para iniciar un diálogo, con mediación de la Iglesia Católica, pero los líderes indígenas no acudieron.
Martinelli les dio un plazo hasta el sábado para acudir al Palacio de Las Garzas, sede presidencial, a dialogar o -advirtió- “tomaremos las decisiones que haya que tomar”.
“No queremos un escenario de confrontación pero, sin embargo, las opciones cada vez son menos”, lamentó en el canal Telemetro Fábrega, quien aseguró que la dirigencia indígena ha mostrado “un rosario de excusas para no sentarse a la mesa a discutir con seriedad”.
Cientos de indígenas de la etnia Ngöbe Buglé, la mayor en Panamá, mantienen bloqueadas, con barricadas de árboles y piedras, varias vías en el país para exigir que un proyecto que se discute en el Congreso prohíba la explotación de yacimientos mineros y la construcción de hidroeléctricas en sus comarcas.
Otras organizaciones populares se sumaron a la protesta. “Es claro que este gobierno no ha entendido que el país no le pertenece”, dijo a AFP Saúl Méndez, líder del poderoso sindicato de la construcción SUNTRACS, que recientemente paró las obras de ampliación del Canal de Panamá.
“El gobierno también ha aumentado su pie de fuerza posiblemente con la idea de reprimir y eso tendrá consecuencias nefastas”, aseguró a la AFP Celio Guerra, presidente del Congreso Nacional Tradicional de la Comarca (indígena) Ngöbe Buglé, quien agregó que cuatro de nueve provincias están afectadas.

Entre los puntos bloqueados está la frontera entre Panamá y Costa Rica por la localidad Sixaola (Caribe), además de la estratégica carretera que conecta a los dos países, fundamental para el comercio.
Durante meses, una comisión parlamentaria negoció con los indígenas el proyecto de ley, después de que Martinelli derogara el año pasado, tras violentas protestas, unas reformas al código minero que dijo impulsar en busca de inversiones.
Los indígenas sostienen que, tras consensuar un proyecto, los congresistas retiraron un artículo que prohíbe actividades mineras e hidroeléctricas en sus territorios, pero el gobierno asegura que nunca firmó un texto que afecte esa forma de generación eléctrica.
“Elementos foráneos desean que no haya hidroeléctricas. Eso hará triplicar la luz (…) y seríamos más pobres”, dijo Martinelli.
El sistema de Naciones Unidas en Panamá llamó a las partes en un comunicado a evitar la violencia y a dialogar “a la mayor brevedad”, ante la creciente situación de conflictividad social”.
“Las pérdidas son millonarias, los perjudicados somos todos” y se afecta a “la imagen de estabilidad” del país, comentó el presidente de la Cámara de Comercio, Federico Humbert.
El gobierno anunció la evacuación vía aérea de decenas de turistas -varios de ellos costarricenses- varados por los bloqueos, y el transporte de alimentos desde las zonas afectadas hacia la capital, y la importación de gasolina desde Costa Rica.
— con Martin Juliano.
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 Human Rights Everywhere denuncia violación de derechos humanos en panamá. (6feb12-hrev-ayi) COMUNICADO DE PRENSA URGENTE
Madrid, 6 de febrero de 2012
Human Rights Everywhere denuncia violación de derechos humanos en panamá y pide la inmediata intervención de las autoridades judiciales
HUMAN RIGHTS EVERYWHERE (HREV), asociación no gubernamental de promoción y defensa de los Derechos Humanos, denuncia la violación de derechos humanos fundamentales por parte del Gobierno de Panamá en la gestión de la crisis por las protestas indígenas relacionadas con la minería.
Los informes disponibles y el material recopilado por nuestros voluntarios apuntan a que el Gobierno, a través de la Policía Nacional, ha violentado, entre otros, el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal a los detenidos, el debido proceso al no poner a disposición de las autoridades judiciales a los detenidos en el plazo estipulado por ley, ha violado los principios básicos de protección de los menores de edad y ha limitado la libertad de prensa, y tal y como han denunciado las organizaciones locales de Panamá. Es evidente, por los testimonios recolectados en el terreno y por las informaciones de los medios de comunicación nacionales, que ha habido uso excesivo de la fuerza y arbitrariedad por parte de los agentes de la Policía Nacional.
A HREV le preocupa especialmente la criminalización de la protesta social y el establecimiento, de facto, de un “estado de excepción” en las zonas de protesta.
Consideramos que los antecedentes en la gestión del conflicto social por el Ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, apuntan a una estrategia de criminazliación de los indígenas Ngäbe-Buglé y queremos recordar el uso excesivo de la fuerza que se ejerció en Bocas del Toro (2010), que dejó un saldo de al menos 8 civiles muertos y 600 heridos, así como en la carretera Interamericana y en Ciudad de Panamá en febrero de 2011. Esos antecedentes en el caso de las protestas Ngäbe, así como la represión sistemática de las protestas civiles en otras partes del país, sumados a la inexistencia de cauces de participación democrática en Panamá, cierran las vías para la libre expresión de la ciudadanía.
Ante los graves hechos registrados en las últimas horas, exhortamos al Gobierno de Panamá a:
1. Permitir el libre acceso de familiares y de representantes de las organizaciones de la sociedad civil acompañantes a los centros hospitalarios donde hay manifestantes y, en general, heridos internados.
2. Hacer público de forma inmediata el listado de detenidos, los centros en los que se encuentran, permitir la asistencia legal a los mismos y que cualquier proceso sea derivado de forma urgente a las autoridades judiciales competentes.
3. Evitar las declaraciones de responsables del Gobierno que criminalicen o que estigmaticen por razones políticas o étnicas a los manifestantes Ngäbe y Buglé.
4. Hacer todos los esfuerzos para iniciar de forma urgente una negociación transparente y sin condiciones con la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales y los derechos del Pueblo Ngábe-Buglé y con la autoridades tradicionales de estos pueblos originarios. Las condiciones planteadas por la Coordinadora el día 6 de febrero en la noche responde, a nuestro entender, a la necesidad de restablecer el estado de derecho.
5. Que respete de forma estricta los derechos de los pueblos originarios consignados en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (2007), de la que Panamá es signataria.

HREV le solicita de forma urgente al Órgano Judicial de Panamá:
1. Que abra investigaciones de oficio sobre el uso de munición reglamentaria por parte de los agentes de policía de control de multitudes. Así mismo, la investigación debe determinar si se ha cumplido el principio de proporcionalidad en las acciones policiales, así como si se ha producido arbitrariedad en las detenciones y en la restricción de la movilidad de los panameños y panameñas que habitan en las zonas de conflicto.
2. Que abra investigaciones urgentes de oficio sobre el procedimiento por lo cual se suspendió la comunicación telefónica celular en el área de conflicto desde el viernes 3 de febrero. La ley panameña es clara al indicar que la interrupción de dichas comunicaciones sólo se podrá producir mediante orden judicial que, por la información disponible, nunca se extendió.
HREV le solicita a organismos como el Sistema de Naciones Unidas de Panamá y la Cruz Roja Internacional presencia en la zona de conflicto y vigilancia del cumplimiento de los convenios de derechos humanos de los que Panamá es signataria.
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