Panamá, 25 oct (PL) La reactivación de una ley minera avivó de nuevo el conflicto entre el gobierno panameño y las comunidades indígenas porque deja intacto, al parecer, un acápite que permite la explotación de yacimientos a Estados extranjeros.
Ese fue un punto neurálgico de la ley 8, la cual reformaba el código minero que el presidente Ricardo Martinelli se vio obligado a derogar por las protestas indígenas de febrero y comprometerse a que en una nueva legislación se excluirían de la explotación minera tierras comunales.
En largas y accidentadas negociaciones entre la coordinadora de los derechos del pueblo ngöbe buglé y una comisión ad hoc de la asamblea, se acordó finalmente un proyecto de ley que poco o nada tiene que ver con el que se discute ahora en la Asamblea, el cual es protestado por los indígenas que se sienten burlados.
Fabio Pinzón, de la coordinadora, dijo que si el Gobierno no les cumple con la ley especial, el 31 de octubre bloquearán las vías en San Félix, Viguí, San Lorenzo, y además en Pacora, provincia de Panamá.
La coordinadora la integran 16 grupos y en muchas regiones es apoyada por campesinos, aunque no en otras, y todos rechazan el proyecto de ley aprobado en primer debate en la Asamblea que restablece varios artículos del Código de Recursos Minerales, porque permitiría la explotación minera en la comarca.
El gobierno tiene razón en darle un orden legal al sector minero que desde que fue derogada la ley 8 carece de respaldo institucional y eso impide que las mineras cumplan compromisos como aumentar a cuatro por ciento las regalías y mejorar los ingresos por esa vía de los distritos donde están las concesiones.
Pero, al margen de esa realidad, los indígenas lo que piden es que se cumplan las promesas de Martinelli de no promover ni explotar yacimientos en las comunidades durante su gobierno y excluir a estados extranjeros.
El ministro de Comercio, Ricardo Quijano, dijo que con el proyecto se busca poner fin a la anarquía existente, porque se carece de un instrumento legal, y argumentó que no es una legislación nueva, sino una restitución de artículos no reactivados con la derogación de la Ley 8 de 2011.
Y he ahí el problema, pues la propuesta del gobierno no discrimina aquellos vetados por los indígenas, sino que los deja vigente como el referido a los estados extranjeros, ni hace referencia a los compromisos de no promoción ni explotación de yacimientos en tierras indígenas, según la coordinadora.
Lo cierto es que las protestas comenzarán este mes en medio de una lamentable división en el campo indígena estimulada por el gobierno, según denuncias de la coordinadora, al aupar a grupos contrarios a las posiciones de quienes rechazan la minería.
De esa manera se han formado dos bandos, uno que apoya la minería si les dan a las comunidades el 50 por ciento de los beneficios de ésta, y es encabezado por Generoso Montezuma, y otro que la rechaza de forma absoluta y la lidera la coordinadora.
Ambos harán piquetes en las cercanías de la Asamblea con intereses y metas contrapuestas. Ya sea desde una posición en contra de la ley o a favor de esta, los dos grupos exigen al gobierno que se les tome en cuenta a la hora de aprobar la polémica legislación.
El presidente de la coordinadora, Rogelio Montezuma, dio la pauta de lo que se avecina al indicar que la nueva jornada de protesta tiene el fin de demostrar el rechazo a la presentación en la Asamblea Nacional de la Ley porque es una burla inaceptable y exigirán su retiro inmediato.
Este miércoles 26 de octubre puede desatarse la tormenta indígena.
lac/lma
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=423925&Itemid=1
Ese fue un punto neurálgico de la ley 8, la cual reformaba el código minero que el presidente Ricardo Martinelli se vio obligado a derogar por las protestas indígenas de febrero y comprometerse a que en una nueva legislación se excluirían de la explotación minera tierras comunales.
En largas y accidentadas negociaciones entre la coordinadora de los derechos del pueblo ngöbe buglé y una comisión ad hoc de la asamblea, se acordó finalmente un proyecto de ley que poco o nada tiene que ver con el que se discute ahora en la Asamblea, el cual es protestado por los indígenas que se sienten burlados.
Fabio Pinzón, de la coordinadora, dijo que si el Gobierno no les cumple con la ley especial, el 31 de octubre bloquearán las vías en San Félix, Viguí, San Lorenzo, y además en Pacora, provincia de Panamá.
La coordinadora la integran 16 grupos y en muchas regiones es apoyada por campesinos, aunque no en otras, y todos rechazan el proyecto de ley aprobado en primer debate en la Asamblea que restablece varios artículos del Código de Recursos Minerales, porque permitiría la explotación minera en la comarca.
El gobierno tiene razón en darle un orden legal al sector minero que desde que fue derogada la ley 8 carece de respaldo institucional y eso impide que las mineras cumplan compromisos como aumentar a cuatro por ciento las regalías y mejorar los ingresos por esa vía de los distritos donde están las concesiones.
Pero, al margen de esa realidad, los indígenas lo que piden es que se cumplan las promesas de Martinelli de no promover ni explotar yacimientos en las comunidades durante su gobierno y excluir a estados extranjeros.
El ministro de Comercio, Ricardo Quijano, dijo que con el proyecto se busca poner fin a la anarquía existente, porque se carece de un instrumento legal, y argumentó que no es una legislación nueva, sino una restitución de artículos no reactivados con la derogación de la Ley 8 de 2011.
Y he ahí el problema, pues la propuesta del gobierno no discrimina aquellos vetados por los indígenas, sino que los deja vigente como el referido a los estados extranjeros, ni hace referencia a los compromisos de no promoción ni explotación de yacimientos en tierras indígenas, según la coordinadora.
Lo cierto es que las protestas comenzarán este mes en medio de una lamentable división en el campo indígena estimulada por el gobierno, según denuncias de la coordinadora, al aupar a grupos contrarios a las posiciones de quienes rechazan la minería.
De esa manera se han formado dos bandos, uno que apoya la minería si les dan a las comunidades el 50 por ciento de los beneficios de ésta, y es encabezado por Generoso Montezuma, y otro que la rechaza de forma absoluta y la lidera la coordinadora.
Ambos harán piquetes en las cercanías de la Asamblea con intereses y metas contrapuestas. Ya sea desde una posición en contra de la ley o a favor de esta, los dos grupos exigen al gobierno que se les tome en cuenta a la hora de aprobar la polémica legislación.
El presidente de la coordinadora, Rogelio Montezuma, dio la pauta de lo que se avecina al indicar que la nueva jornada de protesta tiene el fin de demostrar el rechazo a la presentación en la Asamblea Nacional de la Ley porque es una burla inaceptable y exigirán su retiro inmediato.
Este miércoles 26 de octubre puede desatarse la tormenta indígena.
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