Contrapunteo entre dos leyes mineras panameñas opuestas.

Por Luis Manuel Arce *

Panamá (PL) Corren paralelas hoy dos leyes mineras en Panamá; una especial para la comarca ngöbe buglé, que la protege de presuntos efectos perniciosos al ambiente de la actividad extractiva e hídrica, y otra para su explotación con fines de desarrollo económico y social.

La primera es el proyecto 415, nacido de una rebelión indígena originada en febrero de 2011 contra una ley (la número 8), que permitía la intervención de estados extranjeros en la actividad, y continuada en igual mes de 2012 por la exclusión de un artículo (el número 5), redactado por los ngöbes para dicho proyecto.

La segunda, el proyecto 394, crea el mecanismo para reformar el código minero al ser derogada la ley 8 en marzo de 2011 y dejar en un limbo legal la actividad minera nacional.

Negociada vehementemente por la cacica general Silvia Carrera y el presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé y Campesinos, Rogelio Montezuma, la 415 fue sancionada el 26 de marzo por el presidente, Ricardo Martinelli, como ley 11 y ya está en vigor.

Su columna vertebral es el artículo 5, integrado por ocho parágrafos, que cancela todas las concesiones otorgadas a personas naturales o jurídicas nacionales o foráneas para explorar y explotar los recursos minerales de la comarca y áreas anexas pero deja la puerta abierta para negociarlas.

En cambio, la 394 plantea todo lo contrario, al permitir concesiones a personas naturales y jurídicas en todo el territorio nacional fuera de la comarca, y a través de esas empresas privadas, a estados extranjeros.

En la 415, el artículo 5 expresa claramente que potenciales concesiones deberán contar con la aprobación del pleno del congreso general, regional o local, y ser sometidos a referendo en la respectiva circunscripción comarcal, lo cual ha provocado rechazo y descontento en algunas bases.

El Congreso tradicional, liderado por Celio Guerra, desconoce esos acuerdos, al igual que la cacica suplente Mijita Andrade.

La 415 fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y se limita al ámbito comarcal, mientras que la 394 resultó avalada solamente por los 37 diputados del oficialista Cambio Democrático, que goza de mayoría absoluta, abarca todo el país y es el instrumento para modificar y normar el código minero.

Quienes votaron en contra argumentan que la 394 es una reviviscencia de la ley 8 pues permite la participación de estados extranjeros en la actividad minera, una de las causas de las protestas indígenas.

El jefe de la bancada del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, dijo que esta votó en contra porque la 394 vende territorio nacional a Estados foráneos.

Ricardo Quijano, ministro de Comercio e Industria y uno de los negociadores con

los indígenas, expresó en defensa de la ley que no se le dará la propiedad a las empresas que inviertan, por lo cual al terminar la concesión esas tierras regresarán a Panamá.

Algunos constitucionalistas tienen otras teorías. Plantean que en Panamá existe una ley que impide al capital extranjero posesionarse para explotar el recurso, y citan el Decreto Ley 23 de 1963, el cual regula la materia minera e imposibilita que gobiernos extranjeros reciban tales concesiones.

Además, la Ley General del Ambiente exige Estudios de Impacto Ambiental para estas explotaciones, y la de Delitos Ecológicos hace posible sancionar severamente a las mineras que afectan el entorno.

El diputado del Molirena, Jorge Alberto Rosas, cuestionó el voto favorable oficialista y criticó a sus promotores por aceptar permitir la inversión foránea a través de sociedades anónimas, transgrediendo el principio constitucional de restricción a la inversión extranjera estatal en la minería.

Otros señalan que el gobierno negoció con las empresas mineras un cambio en el articulado de la 394 para permitir a Estados extranjeros invertir en empresas que desarrollen proyectos en yacimientos en concesión.

Lo cierto es que el ministro Quijano explicó cómo en Donoso, Colón, donde ya se desarrolla la actividad minera, en un año las regalías alcanzan el orden de los 400 mil dólares. Con la nueva ley, dichas regalías actuales deben pasar del dos al cuatro por ciento anual, con lo cual se duplica ese monto.

El titular defendió la modificación de ese artículo y recordó que en el caso de la canadiense Minera Panamá, la cual tiene proyectada una participación del 20 por ciento de Corea del Sur en la mina de cobre de Donoso, aún sin abrir, invertirá cinco mil millones de dólares en cinco años.

Explicó que no hay empresas particulares dispuestas a arriesgar esa fortuna en inversiones antes de sacar una libra de material. Es por eso que gobiernos con algún porcentaje accionario invierten en esas empresas privadas, lo cual les permite acumular fondos y poder seguir ejecutando proyectos.

Aunque corren paralelas, no parece que haya contradicciones o choques entre la 394 y la 415, pero las chispas pueden saltar si la empresa privada insiste en explotar yacimientos en la comarca donde está enclavado Cerro Colorado, un descomunal depósito de cobre.

Grupos ambientalistas cuestionan también la aprobación del proyecto, entre ellos Félix Wing, del Centro de Incidencia Ambiental, quien advirtió que por segunda vez el gobierno aprueba una reforma al Código de Recursos Naturales que viola la Constitución.

Wing sustentó que la Constitución establece que no se pueden ceder derechos territoriales a otros Estados, y en este documento se le abre la ventana a gobiernos extranjeros para entrar en el negocio de la minería, explicó contradiciendo así al ministro Quijano.

Recordó que la ley 8 de 2011, la cual reformó el Código, fue derogada tras la presión de la sociedad y los grupos ngöbe buglé que la rechazaron porque planteaba, entre otras cosas, la posibilidad de participación de otra nación en este negocio.

Los indígenas no se han pronunciado aún sobre la ley 394.

*Corresponsal de Prensa Latina en Panamá.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=492880&Itemid=1

Panamá: El país está en guerra

Marco A. Gandásegui, h.

ALAI AMLATINA, 29/03/2012.- “El país está en guerra”, fue lo que le gritó el agente de la Fuerza del Orden a un ex policía jubilado que, por casualidad, también era ngobe y protestaba contra la desposesión de las tierras ancestrales de su pueblo en San Félix, a principios de febrero pasado. A mediados de marzo, otro miembro de la Policía amenazaba a dos mujeres en La Chorrera diciéndoles que no le habían “enseñado a escuchar, sino a matar”.

Estas dos experiencias - y otros incidentes similares - están dando claros indicios de una creciente militarización de la llamada Policía Nacional panameña. La insubordinación reciente de un grupo de oficiales de la Policía frente al ministro de Seguridad Pública es otra señal. Más aún, es más preocupante cuando el presidente de la República avala lo actuado por la Policía y el ministro se retracta de sus declaraciones originales.

Los oficiales de la Policía panameña, así como los agentes, están siendo entrenados para tratar a la población como enemigos potenciales del Estado. Muchos de los oficiales, incluso, no tienen entrenamiento como policías y salen directamente de academias militares. Los policías, a su vez, son reciclados en academias norteamericanas, israelíes y colombianas para aprender tácticas represivas y de control militar.

En el libro que publicamos en 1990, La democracia en Panamá, planteábamos que el país no tendría un régimen político democrático si no se cumplían con, por lo menos, dos condiciones fundamentales: En primer lugar, las instituciones armadas del país – como eran la Guardia Nacional (1953-1983) y después las Fuerzas de Defensa (1983-1989) – no podían estar al servicio de una potencia extranjera (es decir, EEUU). Segundo, que era necesario distinguir claramente entre una policía al servicio de la comunidad y un ejército entrenado para rechazar y reprimir al enemigo.

Después de la invasión, EEUU se apoderó de la Policía Nacional y la convirtió en una herramienta en su política exterior hacia Panamá. Muchas de las funciones de adiestramiento se las delegó a las Fuerzas de Defensa de Israel. Con motivo de su campaña contra el “terrorismo” a escala mundial, EEUU comenzó a entrenar a la Policía panameña para cumplir con funciones militares combinadas con actividades de seguridad interna. En 2008, durante los ejercicios militares Panamax, en torno al Canal de Panamá, el Comando Sur de EEUU creó la consigna de que la policía panameña estaba en una guerra contra una supuesta “insurrección campesina e indígena” que ponía en peligro la estabilidad del país.

La presidencia de Martín Torrijos (2004-2009) introdujo elementos de confusión en las funciones de la Policía Nacional. ¿Evolucionaba para convertirse en Ejército o continuaría siendo un híbrido (“ni chicha ni limonada”)? Desde que el presidente Ricardo Martinelli asumió la primera magistratura, la militarización de la policía ha avanzado de manera más acelerada. Pero en vez de crear un Ejército para resguardar las fronteras o controlar nuestro espacio aéreo o aguas territoriales, se ha creado un aparato militarizado para controlar todos los aspectos relacionados con la vida política del país.

Las comunidades, las ciudades, las carreteras y las zonas rurales son objeto de un permanente resguardo militar. El policía confunde al ciudadano con un peligroso enemigo del Estado. A su vez, el soldado sigue órdenes en el campo de batalla frente a un enemigo formado por amas de casa, estudiantes, campesinos y trabajadores. La confusión está conduciendo al país a una situación de caos.

Actualmente, no es un secreto que EEUU controla los aparatos de seguridad del Estado panameño. El 31 de diciembre de 1999 evacuó sus tropas del país y cerró todas sus bases militares. Sin embargo, no abandonó sus puestos en los aparatos de seguridad del gobierno panameño. Además, hay cierta confusión en el Consejo de Seguridad Nacional en la medida en que los policías y soldados panameños no saben si las directrices de los aparatos de seguridad del Pentágono son más potentes que los provenientes del Departamento de Estado. Tampoco saben muy bien si las líneas de acción política que emanan de la CIA y de la DEA neutralizan los objetivos de los anteriores.

Es fundamental que los gobernantes desenreden los papeles que le corresponden jugar a policías y soldados en la estructura política del país. Esa misma confusión – creada por la política exterior de EEUU hacia Panamá - llevó al coronel Remón Cantera a la Presidencia en 1952, siguió con el golpe militar de 1968 y la invasión militar norteamericana en 1989. Todo indica que las debilidades de la clase política, de la incapacidad de los sectores medios y populares para poner orden y la voracidad conocida de EEUU, nos están llevando por el mismo camino ya recorrido en la segunda mitad del siglo XX. EEUU podría beneficiarse, los especuladores siempre pescan mejor en río revuelto y los soldados quizás se reparten algunas prebendas. Cuando los policías declaran que “el país está en guerra”, o que “policía juzga policía” o que luchan contra una “insurrección campesina e indígena” es igual a un río que suena, porque piedras trae. De un enfrentamiento de este tipo sólo el país y el pueblo panameño serán los perdedores.

- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.http://marcoagandasegui11.blogspot.com


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Panamá: Martinelli sanciona ley que prohíbe explotación minera en comarca indígena

La zona en cuestión es la de Ngäbe Buglé, ubicada en las cercanías de Costa Rica y que da hacia el Océano Atlántico.

Antes, el gobierno ya había aceptado cancelar la explotación de cobre en la zona, donde se encuentra uno de los yacimientos del mineral más grandes del mundo.

• Tue, 27/03/2012 - 18:38
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El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli sancionó este lunes la ley que prohíbe la explotación minera, y crea un régimen especial para la protección de los recursos hídricos y ambientales en la comarca indígena Ngäbe Buglé.

La “Ley 11 de 26 de marzo de 2012” reúne lo consensuado por la Coordinadora Indígena y el gobierno dentro de un diálogo que se mantuvo por varias semanas antes de que fuera aprobada por diputados de la Asamblea Legislativa la semana pasada.

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El nuevo estatuto “modifica artículos del Código de los Recursos minerales y contempla indemnizaciones previas en casos de daños, afectaciones o traslados como consecuencias de proyectos hidroeléctricos en la comarca indígena”, aplicable también a las comunidades Ngäbe-Buglé adyacentes, definidas o delimitadas, según diputados.

El ministro de gobierno, Ricardo Fábrega quien lideró las negociaciones anticipó que la aprobación de ley es “un gesto de buena voluntad” del gobierno en beneficio de las poblaciones indígenas panameñas que exigen mejores condiciones de vida.

La ley reconoce el derecho de la comarca al uso, manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos renovables, y “prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación, y extracción de minería metálica, no metálica y sus derivados en la comarca”, áreas anexas y comunidades Ngäbe-Buglé adyacentes por cualquier personal natural o jurídico, nacional o extranjera.

Asimismo establece que cualquier desarrollo hidroeléctrico en las áreas indígenas o cercanas deberá ser sometido antes al consenso y aprobación de las autoridades comarcales, asimismo contempla sanciones entre US$10.000 y US$100.000 para quienes violen la disposición.

Para futuros proyectos que se realicen en la zona, la ley también contempla beneficios como que un 5% de la facturación anual del mismo será destinado a la comarca, mientras que el 25% de los trabajadores técnicos y no especializados, sean lugareños.

La oposición de los indígenas primero a la exploración minera y luego, a la construcción de hidroeléctricas generó protestas y cierres de calles por varias semanas en la capital, Chiriquí y Bocas del Toro, a raíz de las cuales en varias ocasiones quedó suspendido el movimiento de carga y transporte de pasajeros hacia y desde Centroamérica con pérdidas millonarias, según gremios empresariales.

Antes, el gobierno ya había aceptado cancelar la explotación de cobre en la zona indígena, donde expertos consideran se encuentra uno de los yacimientos del mineral más grandes del mundo.

El presidente de la Comisión legislativa de Comercio, Raúl Hernández aseguró que “el proyecto de ley aprobado fue totalmente consensuado en la mesa del diálogo durante 45 días y que llena las aspiraciones de todos los que participaron en su discusión”.

Con la ley además se crea un fondo de desarrollo de proyectos a favor de los indígenas, afectados por altos niveles de pobreza y falta de los servicios básicos, según sindicales.

Aprueba parlamento panameño en primer debate proyecto de ley minero

21 de marzo de 2012, 00:13Panamá, 21 mar (PL) La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en primer debate el proyecto de ley 415 sobre recursos minerales e hídricos en la comarca indígena Ngöbe Buglé tras largas y difíciles negociaciones. Lo importante es que el nuevo dispositivo legal nace con los ocho parágrafos consensuados del polémico artículo cinco, por el cual se cancelan todas las concesiones mineras e hídricas en la comarca y áreas anexas, y se establecen normas, procedimientos y beneficios sobre obras futuras. Tras este paso, la discusión pasará ahora al pleno de la Asamblea para su segundo debate, aún cuando un grupo de indígenas liderados por la cacica suplente Mijita Andrade pone reparos sobre lo acordado, al igual que Celio Guerra, del Congreso tradicional. El acuerdo fue firmado por la cacica general Silvia Carrera, quien encabeza las negociaciones por la parte indígena junto a la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé y Campesinos. Con la aceptación del artículo cinco por parte de los ministros Jorge Ricardo Fábregas, de Gobierno, y Ricardo Quijano, de Comercio e Industrias, ambos en representación del Ejecutivo, podría ponerse fin a ese acápite de las negociaciones, pero queda pendiente el de la hidroeléctrica de Barro Blanco. El artículo fue eliminado del proyecto en la sesión del pasado 25 de enero, fecha en que se aprobó el documento en primer debate y se convirtió en el detonante de protestas indígenas en San Félix y otras localidades que terminaron con dos muertos y numerosos heridos el pasado 5 de febrero. Voceros de la Comisión dijeron que el segundo debate del proyecto 415 está previsto que se inicie hoy en el pleno legislativo. ocs/lma http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=489703&Itemid=1

Panamá- Minería o muerte.

 Panamá- Minería o muerte. (6feb12-prensadefrente-ayi) El gobierno panameño lanzó un violento operativo policial para desalojar a los indígenas que rechazan la minería y una hidroeléctrica en su comunidad. Hay un muerto confirmado y crece la resistencia en las calles para repudiar el proyecto de ley.
La comunidad indígena Ngäbe Buglé, apoyada por más de 50 organizaciones panameñas, comenzó el 31 de enero un bloqueo en la Vía Interamericana para exigir que se prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en su comarca. La respuesta del gobierno del derechista Ricardo Martinelli fue pegar el faltazo a la reunión de negociación acordada entre el Ejecutivo y la comunidad y luego ordenar el operativo policial que desalojó salvajemente a los manifestantes, con el resultado de la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugri y decena de heridos de bala.
Perdigones, balas y gases lacrimógenos. La policía comenzó a reprimir el último sábado ingresando dentro de las comunidades y amedrentando a la población, avanzando en los cortes que se llevaban adelante en el oeste de Panamá, el bloqueo de la Vía Interamericana y la localidad de Sixaola, que une Panamá con Costa Rica.

Con el corte de luz y de agua en las zonas donde se desarrollaron las protestas más fuertes y con la orden de dejar incomunicadas las zonas donde se producían los bloqueos, los efectivos policiales avanzaron sobre los cortes para desalojar a los indígenas.
En estos momentos, cientos de manifestantes se reorganizan en distintos puntos y en algunos lugares continúan los bloqueos. El próximo miércoles las organizaciones confluirán en una movilización convocada por el sindicato de la construcción SUNTRACS, que denunció en las últimas horas el arresto de 33 trabajadores y convocó a rechazar el avance sobre la comunidad indígena. "Es claro que este gobierno no ha entendido que el país no le pertenece", dijo Saúl Méndez, líder de SUNTRACS.
Dirigentes de la comunidad Ngäbe Buglé denunciaron que el gobierno ordenó cortar las comunicaciones y la luz, por lo que en la mayoría de las zonas donde se mantienen las protestas los manifestantes se encuentran incomunicados y a oscuras. En las últimas horas se conoció una grabación de una ejecutiva de la empresa “Más Móvil”, afirmando que cumplía órdenes de las autoridades para suspender las comunicaciones. El Gobierno aseguró que mantendrán la medida.

El conflicto tiene como eje central la minería y la instalación de una hidroeléctrica en territorio de la comunidad indígena. El gobierno presentó un proyecto de ley que se encuentra en estos momentos en debate en el Congreso y establece un régimen especial para la protección de recursos naturales en la Comarca. La iniciativa de ley había sido discutida con representantes de la comunidad, pero al ser presentada en el Parlamento se eliminó un artículo que prohibía la explotación minera y la posibilidad de construir una hidroeléctrica, por lo cual los indígenas exigen que se garantice en la ley las garantías la prohibición de estas actividades. De hecho, dentro del territorio indígena se encuentra el Cerro Colorado, considerado uno de los yacimientos de cobre más grandes de América Latina, que la comunidad busca preservar.
Al iniciarse el conflicto, los principales partidos de Panamá exigieron que se retire el proyecto para avanzar en el diálogo con la comunidad indígena pero la respuesta fue la represión. El sábado, quinto día de bloqueos y protestas, el gobierno panameño aceptó sentarse a negociar, con el intermedio de la Iglesia. Sin embargo los funcionarios no aparecieron y se desató la represión. El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, justificó el operativo policial por una presunta toma de rehenes y descartó que la Policía Nacional estuviera armada. Sin embargo la comunidad desmintió haber tomado rehenes y en las últimas horas del sábado se conoció la muerte del joven de 26 años.
Mulino fue calificado como mentiroso por dirigentes sociales, sindicales y miembros de la Iglesia que rechazaron su afirmación de que la Policía no tenía armas. "Para que no salgamos a defender a los trabajadores y los grupos indígenas, la Policía tendrá que matarnos a todos", aseguró el dirigente del SUNTRACS.
Ayer por la tarde, funcionarios del Gobierno dieron una conferencia de prensa para deslindar a la Policía de la responsabilidad por la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugri y justificar la decisión de mantener incomunicados a los habitantes que están en la zona del conflicto. Mientras tanto, en los puntos de bloqueo la Policía continúa reprimiendo y hay más de cuarenta detenidos. Al cierre de esta edición, un hombre era trasladado al hospital de David en grave estado y se multiplicaban las protestas en distintos puntos del país para rechazar el accionar del gobierno frente al reclamo indígena.
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 Panamá- Crece conflicto por protesta de indígenas contra minería en Panamá. (4feb12-Radio Nederland-ayi) La tensión entre el gobierno panameño y los indígenas que están bloqueando carreteras en contra de la minería en sus territorios subió el viernes con otros sectores que se sumaron a la protesta y unas posiciones polarizadas que hasta ahora no permitieron abrir una vía al diálogo.
“Las cosas se han salido de la mano (…) No se puede tener secuestrada a una cantidad enorme de turistas y de personas que no pueden movilizarse” y estar desabasteciendo a la ciudad de Panamá y a otros lugares”, afirmó el presidente panameño, Ricardo Martinelli.
El viernes una comitiva encabezada por los ministros de Comercio, Ricardo Quijano, y de Gobierno, Jorge Fábrega, viajó a la provincia de Chiriquí (oeste) para iniciar un diálogo, con mediación de la Iglesia Católica, pero los líderes indígenas no acudieron.
Martinelli les dio un plazo hasta el sábado para acudir al Palacio de Las Garzas, sede presidencial, a dialogar o -advirtió- “tomaremos las decisiones que haya que tomar”.
“No queremos un escenario de confrontación pero, sin embargo, las opciones cada vez son menos”, lamentó en el canal Telemetro Fábrega, quien aseguró que la dirigencia indígena ha mostrado “un rosario de excusas para no sentarse a la mesa a discutir con seriedad”.
Cientos de indígenas de la etnia Ngöbe Buglé, la mayor en Panamá, mantienen bloqueadas, con barricadas de árboles y piedras, varias vías en el país para exigir que un proyecto que se discute en el Congreso prohíba la explotación de yacimientos mineros y la construcción de hidroeléctricas en sus comarcas.
Otras organizaciones populares se sumaron a la protesta. “Es claro que este gobierno no ha entendido que el país no le pertenece”, dijo a AFP Saúl Méndez, líder del poderoso sindicato de la construcción SUNTRACS, que recientemente paró las obras de ampliación del Canal de Panamá.
“El gobierno también ha aumentado su pie de fuerza posiblemente con la idea de reprimir y eso tendrá consecuencias nefastas”, aseguró a la AFP Celio Guerra, presidente del Congreso Nacional Tradicional de la Comarca (indígena) Ngöbe Buglé, quien agregó que cuatro de nueve provincias están afectadas.

Entre los puntos bloqueados está la frontera entre Panamá y Costa Rica por la localidad Sixaola (Caribe), además de la estratégica carretera que conecta a los dos países, fundamental para el comercio.
Durante meses, una comisión parlamentaria negoció con los indígenas el proyecto de ley, después de que Martinelli derogara el año pasado, tras violentas protestas, unas reformas al código minero que dijo impulsar en busca de inversiones.
Los indígenas sostienen que, tras consensuar un proyecto, los congresistas retiraron un artículo que prohíbe actividades mineras e hidroeléctricas en sus territorios, pero el gobierno asegura que nunca firmó un texto que afecte esa forma de generación eléctrica.
“Elementos foráneos desean que no haya hidroeléctricas. Eso hará triplicar la luz (…) y seríamos más pobres”, dijo Martinelli.
El sistema de Naciones Unidas en Panamá llamó a las partes en un comunicado a evitar la violencia y a dialogar “a la mayor brevedad”, ante la creciente situación de conflictividad social”.
“Las pérdidas son millonarias, los perjudicados somos todos” y se afecta a “la imagen de estabilidad” del país, comentó el presidente de la Cámara de Comercio, Federico Humbert.
El gobierno anunció la evacuación vía aérea de decenas de turistas -varios de ellos costarricenses- varados por los bloqueos, y el transporte de alimentos desde las zonas afectadas hacia la capital, y la importación de gasolina desde Costa Rica.
— con Martin Juliano.
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 Human Rights Everywhere denuncia violación de derechos humanos en panamá. (6feb12-hrev-ayi) COMUNICADO DE PRENSA URGENTE
Madrid, 6 de febrero de 2012
Human Rights Everywhere denuncia violación de derechos humanos en panamá y pide la inmediata intervención de las autoridades judiciales
HUMAN RIGHTS EVERYWHERE (HREV), asociación no gubernamental de promoción y defensa de los Derechos Humanos, denuncia la violación de derechos humanos fundamentales por parte del Gobierno de Panamá en la gestión de la crisis por las protestas indígenas relacionadas con la minería.
Los informes disponibles y el material recopilado por nuestros voluntarios apuntan a que el Gobierno, a través de la Policía Nacional, ha violentado, entre otros, el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal a los detenidos, el debido proceso al no poner a disposición de las autoridades judiciales a los detenidos en el plazo estipulado por ley, ha violado los principios básicos de protección de los menores de edad y ha limitado la libertad de prensa, y tal y como han denunciado las organizaciones locales de Panamá. Es evidente, por los testimonios recolectados en el terreno y por las informaciones de los medios de comunicación nacionales, que ha habido uso excesivo de la fuerza y arbitrariedad por parte de los agentes de la Policía Nacional.
A HREV le preocupa especialmente la criminalización de la protesta social y el establecimiento, de facto, de un “estado de excepción” en las zonas de protesta.
Consideramos que los antecedentes en la gestión del conflicto social por el Ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, apuntan a una estrategia de criminazliación de los indígenas Ngäbe-Buglé y queremos recordar el uso excesivo de la fuerza que se ejerció en Bocas del Toro (2010), que dejó un saldo de al menos 8 civiles muertos y 600 heridos, así como en la carretera Interamericana y en Ciudad de Panamá en febrero de 2011. Esos antecedentes en el caso de las protestas Ngäbe, así como la represión sistemática de las protestas civiles en otras partes del país, sumados a la inexistencia de cauces de participación democrática en Panamá, cierran las vías para la libre expresión de la ciudadanía.
Ante los graves hechos registrados en las últimas horas, exhortamos al Gobierno de Panamá a:
1. Permitir el libre acceso de familiares y de representantes de las organizaciones de la sociedad civil acompañantes a los centros hospitalarios donde hay manifestantes y, en general, heridos internados.
2. Hacer público de forma inmediata el listado de detenidos, los centros en los que se encuentran, permitir la asistencia legal a los mismos y que cualquier proceso sea derivado de forma urgente a las autoridades judiciales competentes.
3. Evitar las declaraciones de responsables del Gobierno que criminalicen o que estigmaticen por razones políticas o étnicas a los manifestantes Ngäbe y Buglé.
4. Hacer todos los esfuerzos para iniciar de forma urgente una negociación transparente y sin condiciones con la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales y los derechos del Pueblo Ngábe-Buglé y con la autoridades tradicionales de estos pueblos originarios. Las condiciones planteadas por la Coordinadora el día 6 de febrero en la noche responde, a nuestro entender, a la necesidad de restablecer el estado de derecho.
5. Que respete de forma estricta los derechos de los pueblos originarios consignados en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (2007), de la que Panamá es signataria.

HREV le solicita de forma urgente al Órgano Judicial de Panamá:
1. Que abra investigaciones de oficio sobre el uso de munición reglamentaria por parte de los agentes de policía de control de multitudes. Así mismo, la investigación debe determinar si se ha cumplido el principio de proporcionalidad en las acciones policiales, así como si se ha producido arbitrariedad en las detenciones y en la restricción de la movilidad de los panameños y panameñas que habitan en las zonas de conflicto.
2. Que abra investigaciones urgentes de oficio sobre el procedimiento por lo cual se suspendió la comunicación telefónica celular en el área de conflicto desde el viernes 3 de febrero. La ley panameña es clara al indicar que la interrupción de dichas comunicaciones sólo se podrá producir mediante orden judicial que, por la información disponible, nunca se extendió.
HREV le solicita a organismos como el Sistema de Naciones Unidas de Panamá y la Cruz Roja Internacional presencia en la zona de conflicto y vigilancia del cumplimiento de los convenios de derechos humanos de los que Panamá es signataria.
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http://ayi-noticias.blogspot.com/

Minería y energía hidráulica: El tesoro Ngobe y el río Tabasará

Panamá.
Por Marco A. Gandásegui, h.

El diálogo es una herramienta política que utilizan los que tienen el poder cuando no pueden imponerse por la fuerza. El diálogo también es un arma para imponerse al más débil mediante el engaño. El pueblo panameño conoce muy bien estas tácticas.

En San Lorenzo, cuando la Coordinadora por la Protección de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngobe Buglé y Campesino aceptó ir al diálogo con los representantes del presidente Ricardo Martinelli, muchos pronosticaron una encerrona que daría al traste con las justas aspiraciones de los pueblos indígenas.
Un aire de esperanza surgió cuando se escucharon las palabras de la cacique general, Silvia Carrera, quien en forma muy clara señaló que el diálogo tendría como base única la prohibición de la explotación de los recursos
hídricos y metálicos (cobre) en la comarca Ngobe-Buglé. Durante las negociaciones celebradas en la Asamblea de Diputados, la delegación se mantuvo firme e insistió en que las actividades que destruían el ambiente –especialmente los cursos de agua– no podían realizarse en la comarca. El gobierno asumió –como era de esperarse– los intereses de los empresarios rentistas panameños quienes consideran que el agua y las riquezas naturales son mercancías que deben venderse al mejor postor.

Igualmente, la Comisión de Comercio de la Asamblea de Diputados insistió en que el país se hundiría si le prohibían a los inversionistas acceso a los recursos hídricos.

Tanto gobierno como los diputados –quienes actuaron en mancuerna– no presentaron información técnica que justificara la entrega de la riqueza nacional. Los funcionarios que llegaron al Salón Azul de la Asamblea repitieron cifras ajenas al problema que se discutía. En momento alguno se refirieron a la demanda actual de energía hidráulica y/o térmica, y los pronósticos para el futuro. Evitaron introducir al debate problemas de costos a corto y mediano plazos.

Los representantes indígenas no tuvieron que rechazar los planteamientos del gobierno o de sus especialistas. La posición de los Ngobe y Buglé siguió sólida: la construcción y explotación de las represas no justifica la destrucción de los pueblos Ngobe y Buglé. Los funcionarios de las entidades gubernamentales no pudieron demostrar lo contrario.

Incluso, la Universidad de Panamá perdió una oportunidad dorada en esa coyuntura en la que pudo invitar a sus propios investigadores para que hicieran sus propuestas independientes.

A esta altura del diálogo, los asesores del presidente Martinelli cambiaron de táctica. Descubrieron que no convencerían a los delegados Ngobes con más espejitos. Plantearon, por un lado, crear una subcomisión y dos sub-subcomisiones para dividir a los Ngobe. La movida no dio los resultados esperados. Por el otro, el presidente Martinelli anunció que convocaría a un “referéndum” que acabaría con el diálogo y llevaría la “guerra social” a otro nivel.

El referéndum, según los asesores del primer mandatario, puede garantizar la victoria de los inversionistas. Otros presidentes en el pasado reciente han jugado esa carta y perdido. Sin embargo, el gobierno actual cree tener dos ases en la manga: Por un lado, han aprendido de las derrotas del pasado y, por el otro, mucha más plata para gastar en una campaña desgastadora. Según los medios, la cacique Carrera calificó la propuesta del presidente como “irresponsable”

El ministro de Gobierno, Jorge R. Fábrega, dijo que el referéndum obedece a que hay otros sectores (empresarios rentistas y trasnacionales del cobre) preocupados. Pareciera que el gobierno creía que la negociación con los Ngobes consistiría en ponerle un precio a sus tierras. El ministro Fábrega también se olvidó la letra de la Constitución Política que dice, en el artículo 127, que “el Estado garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas”.

Según el abogado Miguel A. Bernal, “al defender la propiedad colectiva de la tierra, las poblaciones indígenas no solo están defendiendo un derecho adquirido, están haciendo respetar la Constitución”.

El economista Juan Jované, invitado por la Coordinadora, aseguró en el Diálogo que las proyecciones de generación y demanda presentadas por la Secretaría de Energía omitieron pruebas y se utilizó un margen de error que es inaceptable. Además, nunca dijeron con qué métodos calcularon los costos ecológicos. Nos preocupa, dijo Jované, que “están tomando decisiones y alarmando a la población con estudios sin calidad”. Agregó que “si se trata de llenar el país de minería a cielo abierto se necesita mucha energía”.

Pero ¿no es el gobierno el que insiste en que no habrá explotación minera? La relación entre minería (Cerro Colorado) y energía hídrica puede explicar la concesión de 17 proyectos en la Comarca y sus alrededores desde julio de 2009. Todos los permisos que ha dado la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) bajo el mandato de Martinelli han sido en la provincia de Chiriquí.

Sólo en el río Chiriquí Viejo, de 70 kms de longitud, funcionan ocho compañías hidroeléctricas. ¿Se pretende hacer lo mismo en el rio Tabasará, donde los empresarios Virzi y Btesh tienen la concesión para la explotación hídrica? Cerro Colorado, con un potencial minero de 250 mil millones dólares, se levanta precisamente sobre el río Tabasará que se convertiría en el motor para explotar sus entrañas de cobre. www.ecoportal.net

Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.

Vía: Ecoportal.net

http://www.movimientom4.org/2012/02/mineria-y-energia-hidraulica-el-tesoro-ngobe-y-el-rio-tabasara/

Panamá: El brillo del cobre enceguece al gobierno

Marco A. Gandásegui, h.

ALAI AMLATINA, 09/02/2012.- Por tercer año consecutivo el gobierno del presidente Ricardo Martinelli reprimió al pueblo ngobe-buglé en su propia comarca situada en el extremo occidente de Panamá. En 2010 cobró 2 vidas de obreros en las bananeras de Changuinola, Bocas del Toro. El fin de semana pasado el gobierno asesinó en San Félix al trabajador ngobe, Jerónimo Rodríguez, hirió a 50 manifestantes y detuvo a cerca de 100 manifestantes.

El país fue sacudido desde el 31 de enero por una insurrección generalizada de los ngobe que protestaban contra un proyecto de ley en la Asamblea que permitiría la explotación minera e hidráulica en la Comarca. El rechazo de los desmanes del presidente y su equipo de gobierno se extendieron a casi todas las provincias del país. Los negocios han sufrido fuertes pérdidas y la imagen del país se ha deteriorado en el exterior. Las capas medias se sienten inseguras y hay incertidumbre. El pueblo – el 80 por ciento de la población – sospecha que si hoy son los ngobe, mañana las víctimas de la represión pueden ser sus propios hijos.

El acuerdo de San Lorenzo entre el gobierno y la dirigencia de la coordinadora ngobe buglé, alcanzado el 7 de febrero con la mediación de la Iglesia católica, puso fin a las protestas que sacudieron al país durante casi 10 días. Sin embargo, no eliminaron y tampoco mitigaron las causas del conflicto. Rogelio Montezuma, fiscal de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas, denunció que hay más de 200 desaparecidos. Sus familiares dicen que la lucha ngobe no ha terminado. “Ahora es que comienza” y seguirán vigilantes de que se cumpla lo acordado.

La insurrección ngobe buglé tiene una explicación muy obvia y transparente. En cambio, la agresividad tipo criminal del gobierno es menos obvia y con motivos que no son tan fáciles de identificar.

Los gnobes han planteado desde hace varias décadas que no quieren que se desarrollen explotaciones mineras en el área que en 1997 fue declarada una comarca con sus leyes y reglamentos propios. En febrero de 2011 ante una ofensiva gubernamental, los ngobe lograron arrancarle al gobierno un compromiso de que enviaría a la Asamblea una ley prohibiendo la explotación minera. Renegando su palabra, un año después el presidente Martinelli hizo que la Asamblea de Diputados aprobara en primer debate un proyecto de ley que le abriera las puertas a la explotación minera en la comarca.

¿Por qué el presidente Martinelli está obstinado en reprimir al pueblo ngobe buglé?
Es una cuestión de negocios. El gobierno nacional no tiene proyecto nacional o interés por impulsar un programa de desarrollo para el país. En las entrañas de la comarca Ngobe Buglé está el yacimiento Cerro Colorado que contiene la reserva de mineral cuprífero más grande de América latina.

La mina que podría producir más de 25 mil millones de dólares en un período de 70 años es propiedad de la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (CODEMIN), empresa del Estado panameño. La misma está autorizada por ley para hacer concesiones a empresas privadas para explotar su riqueza mineral. Cuando la CODEMIN fue creada en la década de 1970, el general Omar Torrijos era jefe de gobierno, se pensó que serviría para contribuir al desarrollo del país. En aquella época, el gobierno militar se asoció con tres multinacionales -Texasgulf, Canadian Javelin y Rio Tinto-Zinc – antes de abandonar el proyecto cuando los precios en el mercado mundial se desplomaron.

En la actualidad, el precio del cobre fluctúa entre los 5 y 8 mil dólares la tonelada. Con ese precio, la inversión en Cerro Colorado se recuperaría rápidamente. Los planes para explotar Cerro Colorado pasan por una concesión internacional con la participación de la trasnacional canadiense, Inmet Mining Corporation, el gobierno coreano y capitalistas nacionales.

La desesperación del presidente Martinelli y su equipo de gobierno para culminar con éxito el negocio, ha creado en el país una situación que limita con el caos. Su ministro de Seguridad Pública ha acabado con todos los resguardos de la Constitución Política. Interrumpió la comunicación inalámbrica en el área sin orden judicial. Allanó viviendas y detuvo a panameños que protestaban llevándolos a la ciudad de Panamá. El ministro de Seguridad admitió que los agentes de Policía portaban armas de fuego en los operativos contra los ngobe.

Según informes de los medios de comunicación, la Policía Nacional violó el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal de los detenidos, el debido proceso al no poner a disposición de las autoridades judiciales a los detenidos en el plazo estipulado por ley y violó los principios básicos de protección de los menores de edad y limitó la libertad de prensa.

El Partido Alternativa Popular (PAP) anunció que acusaría al jefe de la Policía Nacional ante la Procuraduría General de la Nación por extralimitación de funciones. Igualmente, el PAP llevará una denuncia contra el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad.

A pesar de los engaños y los diálogos frustrados, el pueblo ngobe-buglé se ha mantenido firme en su posición de no permitir que las empresas cupríferas extranjeras en combinación con los rentistas panameños destruyan sus comunidades. El plan de las multinacionales es explotar Cerro Colorado utilizando tecnologías de cielo abierto, mucho más económicas, pero también insostenibles. La población ngobe tendría que abandonar sus tierras y migrar hacia las ciudades.

Aún no es claro quienes serían los socios panameños de los canadienses y del gobierno coreano en la empresa cuprífera de Cerro Colorado. Se supone que el presidente Martinelli estaría a la cabeza del grupo empresarial local. En la actualidad, la Inmet canadiense y el gobierno coreano están a punto de iniciar la extracción de cobre en la mina de Petaquilla, en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

Según el economista panameño, William Hughes, “aún cuando el gobierno del presidente Martinelli dice no estar interesado en explotar Cerro Colorado, la empresa canadiense Corriente Resources hace trabajos en el sitio con conocimiento del gobierno”. Todo indica que los empleados de la minera canadiense en la Comarca Ngobe Buglá realizan su labor en forma ilegal. Sin embargo, son ignorados por las autoridades. Hughes agrega que “Corriente Resources fue adquirida por empresas estatales chinas, la Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd. y la China Railway Construction Corp. Ltd.”

Otra fuente de conflicto son las empresas que tienen proyectos de generación de energía hidráulica en la Comarca Ngobe-Buglé. Familiares de altos funcionarios del gobierno tienen intereses en estas empresas. Las represas que se construyen en la actualidad y las otras que aún están en la etapa de diseño, exportarán energía por la red mesoamericana hacia el mercado de EEUU.

Panamá, 9 de febrero de 2012.

- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.
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