Concesiones mineras a otros Estados es inconstitucional
Burica Press. 18 de enero de 2011.
Los ambientalistas están en alerta. Desde Chiriquí y la Comarca Ngobe Bugle, pasando por Azuero y Panamá se escuchan la voces ambientalistas preparándose para confrontar la aplanadora del Gobierno de Ricardo Martinelli en la Asamblea Nacional. Los diputados están llamados a aprobar una reforma al Código Minero de Panamá con tal de permitir principalmente dos cosas: 1- Permitir exploraciones y explotaciones mineras a empresas de otros Estados y 2- subir el monto de las impuestos por las actividades de explotación minera.
Desembocadura del Río San Félix en el Golfo de Chiriquí. Se estima que un derrame grave de lixiviados de la operación minera puede contaminar gravemente todo el ecosistema marino costero del Golfo de Chiriquí, más las aguas del propio Río San Félix, que sería el cuerpo de agua receptor de las descargas que se salgan de control por errores humanos en la operación o desastres naturales o la combinación de ambos.
El cambio propuesto, a pesar de ser inconstitucional, fue presentado por el Órgano Ejecutivo de Panamá y se espera que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo apruebe sin mediar análisis jurídico constitucional profundo, ni análisis ambiental, tal y como lo exigen las normas ambientales. Ellos como gobierno sólo están interesados en el dinero que les puede generar esta nueva norma, independientemente de los costos sociales, ambientales y todas las demás externalidades negativas que generan este tipo de industrias en países como el nuestro. También sabemos que intentarán usurpar y manipular la autonomía de toma de decisiones de las comunidades indígenas para lograr el éxito en las concesiones que pretenden, indica un mensaje enviado por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).
Los políticas, planes, programas y estrategias de desarrollo requieren una evaluación ambiental estratégica que valide de manera democrática, social, técnica, todas los normas, leyes y proyectos que generen dichas políticas, con tal no poner en riesgo el ambiente en todas sus dimensiones. Esta propuesta inconstitucional será impuesta. Esta es la opinión de Ariel Rodríguez, científico permanente de ACD.
Por su parte el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) ha difundido un mensaje donde destacan que el proyecto de ley propuesto por el gobierno panameño viola los preceptos de la Carta Magna que impiden la concesión a gobiernos extranjeros y empresas ligadas a Estados. Destacan que el artículo 4 de actual Código Minero vigente está adecuado al texto constitucional vigente en Panamá.
ART. 3. “…El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados.”
Constitución Política de la República de Panamá
ART. 4. Numeral. 1 “No podrán obtener concesiones mineras por sí, ni por interpuesta persona, ni podrán ejercerlas o disfrutarlas, ninguno de los que a continuación se mencionan: 1. Los Gobiernos o Estados extranjeros, ni ninguna entidad o institución oficial o semioficial extranjera, ni las personas jurídicas en las cuales tenga participación directa o indirecta algún gobierno o Estado extranjero;…”
Código Minero de la República de Panamá
Por su parte, la Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB) basada en la Provincia de Chiriquí se ha referido a este proyecto de ley en duros términos. “La descabellada propuesta de cambiar el código minero para permitir al gobierno nacional ofrecer a empresas transnacionales concesiones mineras a cielo abierto no son más que ideas claras que estamos ante un gobierno que no valora la integridad física, cultural y ambiental de nuestras culturas indígenas que viven en áreas donde se pretenden dar esas concesiones como Cerro Colorado por la destrucción ambiental amplia que causarían.
El vocero de ACB, Don Ezequiel Miranda indica que le corresponde a todos los panameños sin distinción alguna, organizar un frente de acción y repudio a quienes impulsan la muerte de presentes y futuras generaciones de este pueblo istmeño por el riesgo a la destrucción de los ecosistemas por contaminación con proyectos mineros que no benefician a la colectividad.
Los estudiantes Ngobes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la activista ambiental Carmen Tedman MacIntyre y el profesor Demetrio Miranda entre otros han estado liderando la oposición al cambio al código minero que incluiría entre otras cosas, concesiones mineras de alto riesgo, como es el caso del yacimiento de cobre de Cerro Colorado en la Comarca Ngobe Bugle, en la cuenca del Río San Félix que drena sus aguas a los manglares del Golfo de Chiriquí.
Se estima que un derrame grave de lixiviados de la operación minera puede contaminar gravemente todo el ecosistema marino costero del Golfo de Chiriquí, más las aguas del propio Río San Félix, que sería el cuerpo de agua receptor de las descargas que se salgan de control por errores humanos en la operación o desastres naturales o la combinación de ambos.
Burica Press
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Concesiones mineras, a debate
Las concesiones de nuevas extracciones mineras deben ser suspendidas. Así opina el vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, y así se lo comentó al mandatario, Ricardo Martinelli.
La moratoria, agregó el también canciller, debe durar hasta que se pueda mostrar a la población las bondades de las actividades mineras ya en marcha.
Las declaraciones de Varela se dan cuatro días después de que el Ejecutivo presentara a la Asamblea nacional un proyecto de ley que reformaría el Código Minero para potenciar la actividad minera en el país.
A pesar de su petición, Varela considera que las reformas aprobadas por el Consejo de Gabinete son beneficiosas para el país porque generarán empleos.
El documento ya fue remitido a la Comisión de Comercio de la Asamblea, que debe establecer el calendario de consultas previas a la discusión formal.
El documento establece un aumento a los cánones, regalías y multas que deben pagar las mineras, y elimina la actual prohibición de que otros países exploten los recursos mineros de Panamá.
Sobre este último tema, Varela citó el interés de agencias financieras de Corea y Singapur en la riqueza mineral del istmo.
Varela solicita suspensión de concesiones mineras
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| Vicepresidente Juan Carlos Varela. LA PRENSA/Archivo1497404 |
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El vicepresidente, Juan Carlos Varela, recomendó al presidente, Ricardo Martinelli, suspender el otorgamiento de concesiones mineras hasta cuando la población vea un resultado positivo de los proyectos que hay en este sector.
El también canciller dijo que los concesionarios existentes podrán seguir desarrollando sus proyectos, y que es necesario que el país vea una obra exitosa desde los planos ambiental, social y económico para luego empezar el debate sobre otras áreas donde hay grandes reservas de minería. Para que eso suceda, estimó, podrán pasar dos años.
El proyecto
La propuesta de reformas al Código Minero, presentada por el Ejecutivo, busca elevar los cánones, regalías y multas que deben pagar las mineras. Además, introduce normas ambientales para el manejo de los proyectos mineros y elimina la actual prohibición de que otros países exploten los recursos mineros del país.
La iniciativa fue presentada a la Asamblea Nacional el pasado 13 de enero. Sin embargo, ya había sido aprobada por el Consejo de Gabinete el 26 de octubre de 2010. No firmaron el documento Varela ni el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino. Mientras, el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, se abstuvo de votar.
Sobre este tema, Varela manifestó que no firmó la propuesta porque no estuvo presente en la sesión. Indicó que el proyecto presentado es bueno porque generará empleos en la provincia de Coclé. En cuanto al interés internacional en la minería, dijo que agencias financieras de Corea y Singapur han mostrado interés en invertir.
Se intentó conocer la versión de Papadimitriu sobre el porqué de su abstención, pero no contestó las llamadas que hizo este diario a su celular ni a través de la Secretaría de Comunicación del Estado.
No habrá diálogo con las FARC
Con respecto a la carta enviada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la que se solicita un diálogo con el Gobierno panameño, Varela dijo que al Servicio Nacional de Fronteras y a los organismos de inteligencia les tocará verificar la veracidad del documento. Manifestó que el Gobierno no dialogará con grupos irregulares dedicados al narcotráfico y menos con grupos que están tratando de reclutar jóvenes de la etnia emberá en esa área.
El vicepresidente añadió que hay pruebas contundentes de que el grupo del Frente 57 de las FARC, ubicado cerca de la comunidad del Guayabo en Darién, estaba involucrado en el secuestro del empresario cubano americano Cecilio Padrón.
Varela dijo que el único mensaje del Gobierno a este grupo es que se retire del territorio panameño.
(Con información de José González Pinilla)
