jueves, 27 de enero de 2011

Navarro se sumó al rechazó del Código Minero

noticia20120152012HORA CERO.- El exalcalde y exdirigentes del opositorPartido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, rechazó este miércoles, el proyecto de ley que busca reformar el Código Minero, al que calificó como nefasto y propuso una moratoria de un año para su debido análisis, discusión y consulta.
"El modelo económico de Panamá se basa en el desarrollo sustentable en armonía con la naturaleza. En ese camino no cabe la minería a cielo abierto, ni mucho menos entregar a otro Estado la soberanía nacional, so pretexto de impulsar un desarrollo incierto", dijo Navarro, en una declaración enviada aHORA CERO.
"La minería, que es tóxica para el país, no puede ser tomada como un chantaje a cambio de construir las escuelas, las líneas de agua potable, hospitales o viviendas en las áreas más humildes del país, que igual sin minería tendría que construir el Gobierno. En vez de la comprar descabellada de los corredores por más de $1,200 millones o la construcción de una torre financiera por $300 millones, le exigimos al Gobierno que desista de la minería y use esos dineros para estas obras básicas en las comunidades indígenas y campesinas del país", añadió Navarro.
Navarro, también ambientalista, lamentó que "estas reformas se presenten de la misma manera que la Ley Chorizo que nos llevó el año pasado a la explosión social en Bocas del Toro: con la ausencia del Presidente de la República, sin el tiempo necesario para el debido debate y sin la debida consulta a la iglesia, las comunidades indígenas, los grupos ambientales y la sociedad civil".
,Navarro cuestionó que una vez aprobado el proyecto por el Consejo de Gabinete éste fue engavetado por meses, "tiempo valioso que pudo haber sido utilizado para divulgarlo, pero que se perdió por los métodos antidemocráticos y de imposición que caracterizan al actual gobierno".
Navarro se sumó a las posiciones y denuncias de los grupos ambientalistas e indígenas e contra de la minería, al tiempo que propuso que "si la idea del Gobierno es fortalecer la legislación o aumentar las multas, se debería legislar únicamente en ese sentido".

Indígenas panameños en pie de guerra contra mineras extranjeras

Indígenas panameños dicen estar en pie de guerra y listos a morir defendiendo sus recursos de las compañías mineras extranjeras, que se preparan para redoblar su actividad al amparo de un plan gubernamental para atraer inversiones, mientras ecologistas exigen al Congreso una moratoria.

"Hace 518 años nos explotaron (con la llegada de conquistadores españoles en 1.492) y nos saquearon y hoy volvemos a estar nuevamente amenazados", dijo a la AFP Pedro Rodríguez, presidente de la Comarca indígena Ngöbe-Buglé, donde se ubica Cerro Colorado que tendría 17 millones de toneladas de cobre, equivalentes al 85% de la demanda mundial prevista para 2011.
"No podemos permitir que vengan compañías extranjeras a quitarnos las tierras y los recursos que nos pertenecen", aseguró a la AFP Rogelio Moreno, presidente de la Coordinadora Nacional de Indígenas.
"Nosotros sabemos que vienen momentos difíciles, pero a la muerte no le tenemos miedo. Sabemos que vamos a tener conflictos, pero vamos a defender nuestras tierras, recursos y derechos venga quien venga", añadió Moreno.
El gobierno presentó en el Congreso, de mayoría oficialista, una propuesta de reforma a un código minero de 1963 para atraer inversión de multinacionales, principalmente de Corea del Sur, Singapur y Canadá, que ya mostraron interés por el negocio en Panamá.
Sus defensores alegan que el Estado ingresará más dinero por las concesiones mineras, aumentarán las multas por contaminación y las compañías beneficiarias invertirán en obras sociales en comunidades de extrema pobreza donde la mano del Estado a veces no llega.
La iniciativa plantea que las compañías mineras paguen al Estado un canon de entre uno y tres dólares por cada hectárea para exploración y entre 1,5 y 8 dólares por hectárea para extracción, mientras que las regalías al Estado por su producción van desde el 4 al 8%.
"Estamos aumentando regalías, cánones, tasas y multas para que las comunidades reciban mucho más de lo que están recibiendo", afirmó en una entrevista al canal Telemetro Reporta, Roberto Henríquez, ministro de Comercio e Industrias de Panamá.
"No se puede detener la minería", enfatizó Henríquez, una actividad que de una u otra forma abarca al 40% del territorio panameño según ambientalistas.
Las multas por contaminación van de 5.000 a 250.000 dólares.
"Para nosotros el proyecto (de reforma) era una necesidad urgente", dijo Zorel Morales, de Minera Panamá, perteneciente a la canadiense Inmet y que invirtió 5.000 millones de dólares para extraer oro, plata y cobre.
Grupos ambientalistas presentaron el martes un anteproyecto de ley en el Congreso para pedir una moratoria para la minería metálica a cielo abierto.
"Se está hablando del aumento de tasas sin tener en cuenta los costos ambientales que nos deja la actividad y donde las mineras han incumplido innumerables veces con la normativa ambiental", dijo Raisa Banfield, de Fundación Sostenible, a la AFP.
"Cada ciudadano cuando compra una bolsa de papas, paga un 7% de impuestos y muchas mineras van a dejar un 4%", dijo por su parte Paco Gómez Nadal, de Human Rights Everywhere, para quien Panamá "está en venta hace tiempo".
http://noticias.terra.com.pe/calentamiento-global/indigenas-panamenos-en-pie-de-guerra-contra-mineras-extranjeras,8f012d20ed3cd210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html

miércoles, 26 de enero de 2011

Ambientalistas lanzan contraofensiva a la minería

El ministro de Comercio, Roberto Henríquez, dijo que “el rechazo o aprobación de este proyecto no va a detener la minería”.
M.Zambrano, X. De León
PA-DIGITAL-En medio de consignas y aplausos, los representantes de las organizaciones defensoras del ambiente lanzaron ayer su contraofensiva para impedir que los diputados reformen el Código Minero.
Con la iniciativa, que presentó el ambientalista Félix Wing, se pidió una moratoria en las actividades de explotación de la minería a cielo abierto en todo el territorio nacional.
Mientras eso sucedía a lo interno del Salón Azul del Palacio Justo Arosemena, en las afueras grupos indígenas de la comarca Ngöbe-Buglé aprovecharon los primeros rayos del sol para mostrar su rechazo al proyecto.
La presencia de los indígenas y ambientalistas en los predios de la Asamblea no impidió que el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, manifestara que “el rechazo o aprobación de este proyecto no va a detener la minería”.
La consulta se inició una hora después de lo programado con la intervención del ministro Henríquez, quien defendió la iniciativa destacando que, si no se reforma ahora la actividad minera, se “dejaría espacio abierto a la minería ilegal”.
Explicó que con las reformas se aumentarán las multas para la minería ilegal de B/10 mil -como señala la ley actual- a B/250 mil, por lo que las personas pensarían dos veces antes de realizar esta actividad ilegalmente.
Cada uno de los participantes, 14 en total, solo tenía quince minutos para intervenir según lo dispuso el diputado Aris De Icaza, presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.
En respuesta a la propuesta de los ambientalistas, el titular de Comercio, Henríquez, advirtió que de aceptar esa moratoria “lo que estamos produciendo es la ilegalidad de la extracción con los daños al ambiente y cero beneficios a las comunidades.
Por su parte, Bolívar Pérez, de la Autoridad Nacional del Ambiente, dijo que todos los proyectos tienen que estar regulados por las leyes ambientales, pero no por esto lo deben prohibir.
“La fiscalización y el cuidado del ambiente no es solo responsabilidad de la ANAM, sino de toda la ciudadanía”, apuntó Pérez.
El primer debate está programado para el próximo lunes.

Campaña pide el fin de la minería de metales en Panamá

 Tatiana Félix *

Adital -
Una iniciativa de organizaciones populares y ambientales de Panamá está impulsando la campaña ‘Levántese y Muévase por la ecología y no a la minería’. La acción se opone a las reformas de la legislación minera y al marco de la distribución mercantil de los recursos naturales como la extracción de metales.
Los activistas alegan que la minería de metales en América Central ya generó serios problemas de salud a causa de la contaminación con sustancias tóxicas. Como ejemplo, citaron el caso de Valle de Siria, en Honduras, donde relatos afirman que la contaminación de la mina San Martín provocó enfermedades dermatológicas, oculares y gastrointestinales en la población.
Otro cuestionamiento es por el destino del oro explotado por transnacionales. "Nuestros gobiernos concesionan para que nos contaminen y para sostener a los países poderosos generadores de guerra y empobrecedores de nuestros países. Con esto crece la deuda externa y ecológica", resaltan.
Con los desastres naturales que han ocurrido con más frecuencia en los últimos años, ellos también alertan que Panamá no está libre de este riesgo, y que la industria de la minería constituye una de las acciones que provocan el cambio climático, a causa del efecto invernadero, provocado por la combustión de sustancias tóxicas. "Creer en el manejo responsable del ambiente de parte de las empresas extractoras no garantiza a largo plazo un ambiente sano", alertan.
La solución, según ellos, es juntar recursos, conocimientos y voluntad de cambio. Defienden una política de fomento de la producción agrícola, en forma participativa, que impulse el desarrollo local de las comunidades afectadas o en riesgo por la minería. "Que es decir, otra forma de desarrollo social y ecológico manteniendo la semillas tradicionales por una soberanía alimentaria", explican.
Otra opción de participación para situaciones de cambios climáticos y conflictos defendida por ellos, es la creación de redes comunitarias para el desarrollo local y para la prevención de desastres naturales.
El objetivo de la campaña es producir una intensa movilización popular para presionar a las autoridades panameñas de varios sectores, para exigir el fin de la minería en el país y una mayor inversión en el desarrollo rural, turístico y ecológico.
Para lograr esto, la orientación es que los simpatizantes manden e-mails al Ministerio de la Presidencia (ofasin@presidencia.gob.pa); Ministerio del Desarrollo Agropecuario (infomida@mida.gob.pa); Autoridad Nacional del Ambiente (admin.general@anam.gob.pa); Ministerio del Desarrollo Social (mides@sinfo.net); Ministerio de la Salud (contactenos@minsa.gob.pa); Asamblea de los Diputados de Panamá (pciudadana@asamblea.gob.pa, transparencia@asamblea.gob.pa,presidencia@asamblea.gob.pa), y otros.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

* Periodista de Adital

miércoles, 19 de enero de 2011

PANAMA: La minería, tema de preocupación



Roberto Motta Alvarado
opinion@prensa.com

El Gobierno nacional, al anunciar que licitará la explotación del yacimiento de cobre de Cerro Colorado confirma su política de considerar la industria minera como actividad que proporcionará grandes beneficios económicos al país, tanto o más que la expansión del Canal de Panamá.

Hace más de 30 años, el gobierno de Torrijos promovió con empeño y energía la explotación de la mina de Cerro Colorado. La iniciativa fue rechazada por todas las fuerzas vivas de la provincia de Chiriquí, por los daños ecológicos que se ocasionarían en la región. Afortunadamente, el proyecto fracasó y la provincia más productiva del país se salvó de un colapso ecológico que hubiese provocado la gradual extinción de su ganadería y agricultura.

Debemos tener presente que Chiriquí, aparte de ser la más fértil y productiva del país es una zona geográfica de intensas lluvias. Al examinar las estadísticas de las precipitaciones fluviales durante los últimos años es fácil constatar lo peligroso y dañino de un proyecto a cielo abierto, como seguramente se piensa utilizar allí. El cambio climático provoca lluvias diluviales en todas las latitudes y en el pasado diciembre lo sufrimos en nuestro país con la crisis del agua. En Costa Rica con una vegetación similar a la de Chiriquí se ha prohibido recientemente la explotación minera, ya que la misma puede dar al traste con su proyecto de desarrollo sostenible.

En países como Chile y Perú, donde el desarrollo minero es muy importante, las explotaciones se hacen en regiones desérticas alejadas de las áreas productivas; en esas zonas apenas llueve unas pocas pulgadas al año. Con todo que las condiciones son adecuadas para esta explotación, la experiencia nos indica que tienen todo tipo de problemas y peligros para los obreros que trabajan en las mismas, tal como ocurrió hace poco.

Ante el sombrío del panorama mundial, urge que el Gobierno propicie un amplio debate nacional en el cual participe la ciudadanía organizada, los sectores potencialmente afectados y los grupos ambientalistas. Dialogar y escuchar es la actitud responsable de un gobierno democrático que respeta la opinión pública.

Se escucha a diario por parte de las compañías multinacionales que la nueva tecnología de punta que se utilizará asegura que las explotaciones mineras no causan daño alguno al ambiente ni a las poblaciones aledañas; esto hay que analizarlo con sumo cuidado, pues lo que está en juego es el devenir de la república y su gente. Los daños que estas explotaciones pudiesen causar serían irreversibles al bienestar general de la nación tanto para las presentes como para las futuras generaciones de panameños.

En materia de inversión, algunas no son convenientes al país. No importa los millones que puedan dejar al país, debemos considerar con mucho cuidado las consecuencias que puedan provocar.

¿De qué nos sirven los millones si las poblaciones aledañas se enferman y las actividades agrícolas y ganaderas se vuelven improductivas?

Sin el manejo adecuado de un tema tan sensitivo y delicado como este me temo que el gobierno del presidente Martinelli abrirá una caja de Pandora de impredecibles consecuencias. Un estadista actúa con sensatez y previsión al valorar todas las posibilidades de sus acciones.

Panamá: Concesiones mineras a otros Estados es inconstitucional

Concesiones mineras a otros Estados es inconstitucional

Burica Press. 18 de enero de 2011.
Los ambientalistas están en alerta. Desde Chiriquí y la Comarca Ngobe Bugle, pasando por Azuero y Panamá se escuchan la voces ambientalistas preparándose para confrontar la aplanadora del Gobierno de Ricardo Martinelli en la Asamblea Nacional. Los diputados están llamados a aprobar una reforma al Código Minero de Panamá con tal de permitir principalmente dos cosas: 1- Permitir exploraciones y explotaciones mineras a empresas de otros Estados y 2- subir el monto de las impuestos por las actividades de explotación minera.

Desembocadura del Río San Félix en el Golfo de Chiriquí. Se estima que un derrame grave de lixiviados de la operación minera puede contaminar gravemente todo el ecosistema marino costero del Golfo de Chiriquí, más las aguas del propio Río San Félix, que sería el cuerpo de agua receptor de las descargas que se salgan de control por errores humanos en la operación o desastres naturales o la combinación de ambos.
El cambio propuesto, a pesar de ser inconstitucional, fue presentado por el Órgano Ejecutivo de Panamá y se espera que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo apruebe sin mediar análisis jurídico constitucional profundo, ni análisis ambiental, tal y como lo exigen las normas ambientales. Ellos como gobierno sólo están interesados en el dinero que les puede generar esta nueva norma, independientemente de los costos sociales, ambientales y todas las demás externalidades negativas que generan este tipo de industrias en países como el nuestro. También sabemos que intentarán usurpar y manipular la autonomía de toma de decisiones de las comunidades indígenas para lograr el éxito en las concesiones que pretenden, indica un mensaje enviado por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).
Los políticas, planes, programas y estrategias de desarrollo requieren una evaluación ambiental estratégica que valide de manera democrática, social, técnica, todas los normas, leyes y proyectos que generen dichas políticas, con tal no poner en riesgo el ambiente en todas sus dimensiones. Esta propuesta inconstitucional será impuesta. Esta es la opinión de Ariel Rodríguez, científico permanente de ACD.
Por su parte el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) ha difundido un mensaje donde destacan que el proyecto de ley propuesto por el gobierno panameño viola los preceptos de la Carta Magna que impiden la concesión a gobiernos extranjeros y empresas ligadas a Estados. Destacan que el artículo 4 de actual Código Minero vigente está adecuado al texto constitucional vigente en Panamá.
ART. 3. “…El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados.”
Constitución Política de la República de Panamá
ART. 4. Numeral. 1 “No podrán obtener concesiones mineras por sí, ni por interpuesta persona, ni podrán ejercerlas o disfrutarlas, ninguno de los que a continuación se mencionan: 1. Los Gobiernos o Estados extranjeros, ni ninguna entidad o institución oficial o semioficial extranjera, ni las personas jurídicas en las cuales tenga participación directa o indirecta algún gobierno o Estado extranjero;…”
Código Minero de la República de Panamá
Por su parte, la Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB) basada en la Provincia de Chiriquí se ha referido a este proyecto de ley en duros términos. “La descabellada propuesta de cambiar el código minero para permitir al gobierno nacional ofrecer a empresas transnacionales concesiones mineras a cielo abierto no son más que ideas claras que estamos ante un gobierno que no valora la integridad física, cultural y ambiental de nuestras culturas indígenas que viven en áreas donde se pretenden dar esas concesiones como Cerro Colorado por la destrucción ambiental amplia que causarían.
El vocero de ACB, Don Ezequiel Miranda indica que le corresponde a todos los panameños sin distinción alguna, organizar un frente de acción y repudio a quienes impulsan la muerte de presentes y futuras generaciones de este pueblo istmeño por el riesgo a la destrucción de los ecosistemas por contaminación con proyectos mineros que no benefician a la colectividad.
Los estudiantes Ngobes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la activista ambiental Carmen Tedman MacIntyre y el profesor Demetrio Miranda entre otros han estado liderando la oposición al cambio al código minero que incluiría entre otras cosas, concesiones mineras de alto riesgo, como es el caso del yacimiento de cobre de Cerro Colorado en la Comarca Ngobe Bugle, en la cuenca del Río San Félix que drena sus aguas a los manglares del Golfo de Chiriquí.
Se estima que un derrame grave de lixiviados de la operación minera puede contaminar gravemente todo el ecosistema marino costero del Golfo de Chiriquí, más las aguas del propio Río San Félix, que sería el cuerpo de agua receptor de las descargas que se salgan de control por errores humanos en la operación o desastres naturales o la combinación de ambos.
Burica Press
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Concesiones mineras, a debate

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com
Las concesiones de nuevas extracciones mineras deben ser suspendidas. Así opina el vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, y así se lo comentó al mandatario, Ricardo Martinelli.
La moratoria, agregó el también canciller, debe durar hasta que se pueda mostrar a la población las bondades de las actividades mineras ya en marcha.
Las declaraciones de Varela se dan cuatro días después de que el Ejecutivo presentara a la Asamblea nacional un proyecto de ley que reformaría el Código Minero para potenciar la actividad minera en el país.
A pesar de su petición, Varela considera que las reformas aprobadas por el Consejo de Gabinete son beneficiosas para el país porque generarán empleos.
El documento ya fue remitido a la Comisión de Comercio de la Asamblea, que debe establecer el calendario de consultas previas a la discusión formal.
El documento establece un aumento a los cánones, regalías y multas que deben pagar las mineras, y elimina la actual prohibición de que otros países exploten los recursos mineros de Panamá.
Sobre este último tema, Varela citó el interés de agencias financieras de Corea y Singapur en la riqueza mineral del istmo.

Varela solicita suspensión de concesiones mineras

Vicepresidente Juan Carlos Varela. LA PRENSA/Archivo1497404
ISIDRO RODRÍGUEZ
irodriguez@prensa.com
El vicepresidente, Juan Carlos Varela, recomendó al presidente, Ricardo Martinelli, suspender el otorgamiento de concesiones mineras hasta cuando la población vea un resultado positivo de los proyectos que hay en este sector.
El también canciller dijo que los concesionarios existentes podrán seguir desarrollando sus proyectos, y que es necesario que el país vea una obra exitosa desde los planos ambiental, social y económico para luego empezar el debate sobre otras áreas donde hay grandes reservas de minería. Para que eso suceda, estimó, podrán pasar dos años.
El proyecto
La propuesta de reformas al Código Minero, presentada por el Ejecutivo, busca elevar los cánones, regalías y multas que deben pagar las mineras. Además, introduce normas ambientales para el manejo de los proyectos mineros y elimina la actual prohibición de que otros países exploten los recursos mineros del país.
La iniciativa fue presentada a la Asamblea Nacional el pasado 13 de enero. Sin embargo, ya había sido aprobada por el Consejo de Gabinete el 26 de octubre de 2010. No firmaron el documento Varela ni el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino. Mientras, el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, se abstuvo de votar.
Sobre este tema, Varela manifestó que no firmó la propuesta porque no estuvo presente en la sesión. Indicó que el proyecto presentado es bueno porque generará empleos en la provincia de Coclé. En cuanto al interés internacional en la minería, dijo que agencias financieras de Corea y Singapur han mostrado interés en invertir.
Se intentó conocer la versión de Papadimitriu sobre el porqué de su abstención, pero no contestó las llamadas que hizo este diario a su celular ni a través de la Secretaría de Comunicación del Estado.
No habrá diálogo con las FARC
Con respecto a la carta enviada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la que se solicita un diálogo con el Gobierno panameño, Varela dijo que al Servicio Nacional de Fronteras y a los organismos de inteligencia les tocará verificar la veracidad del documento. Manifestó que el Gobierno no dialogará con grupos irregulares dedicados al narcotráfico y menos con grupos que están tratando de reclutar jóvenes de la etnia emberá en esa área.
El vicepresidente añadió que hay pruebas contundentes de que el grupo del Frente 57 de las FARC, ubicado cerca de la comunidad del Guayabo en Darién, estaba involucrado en el secuestro del empresario cubano americano Cecilio Padrón.
Varela dijo que el único mensaje del Gobierno a este grupo es que se retire del territorio panameño.
(Con información de José González Pinilla)

PANAMA: ENTREGAR ALGO PARA SEGUIR CON EL SAQUEO.....

Reforma Mineria: "proyecto regadera"

Carlos Estrada Aguilar (carlos.estrada@epasa.com)|Crítica en Línea



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La minería es una actividad de grandes inversiones, sustentó Henríquez. 


Las reformas al Código de Recursos Minerales, de 1973, han sido bautizadas por el ministro de Comercio, Roberto Henríquez, como un "proyecto regadera".
Henríquez basa su afirmación en el hecho de que el proyecto presentado a la Asamblea Nacional inclina la balanza para preservar y aumentar los intereses económicos del Estado y de los municipios donde actualmente existe explotación de recursos metálicos y no metálicos, además de adecuar el escenario legal para proyectos mineros de grandes proporciones, cuya inversión ya se empieza a comparar con la que actualmente se hace en la ampliación del Canal.
La propuesta plantea un aumento en los pagos por regalía que cobra el Estado por la exportación de minerales metálicos.
Este incremento permitiría al fisco facturar 4 centésimos por cada dólar de ganancia, producto de la exportación de cualquier mineral metálico, en lugar de los 2 centésimos que factura en la actualidad.
A manera de ejemplo, manifestó que la empresa Petaquilla Gold exportó en el año 2010 cerca de B/66 millones en oro. Con el proyecto, que incluye aumento en las regalías al Estado, según Henríquez, al Estado le hubiesen correspondido hasta B/2.6 millones, en lugar de B/1.3 millones que recibió.
"No se trata de que los ambientalistas vengan con una consigna de trancar la ley, porque si no se aprueba, igual va a seguir la actividad, pero con menos controles ambientales y con menos ingresos para el Estado y los municipios", advirtió Henríquez.
CONCESIONES MINERAS
El proyecto prohíbe que Gobiernos o Estados extranjeros sean los poseedores de concesiones mineras, con excepción de aquellas personas jurídicas en las que tengan participación económica o financiera uno o más Estados o Gobiernos extranjeros, siempre y cuando dichas personas estén constituidas como personas jurídicas, renunciando expresamente en el contrato de concesión a la reclamación por la vía diplomática.
La prohibición es extensiva a los funcionarios, sea directamente o por interpósita persona que tengan el deber de intervenir, por razón de sus funciones, en la adjudicación, operación o explotación de las concesiones mineras.
Cuando el concesionario sea una sociedad anónima, sus acciones deberán ser nominativas, por lo que no se permitirán la emisión de acciones al portador.
MULTAS
Destacó que el aumento de las multas es otra de las novedades del proyecto. A manera de ejemplo, el ministro dijo que una empresa que extraiga ilegalmente arena de una playa solo es sancionada con mil dólares, lo que resulta irrisorio si se toma en cuenta que es una actividad que deja ganancias hasta por B/30 mil mensuales.
El titular del MICI precisó que las modificaciones al Código Minero, que data de 1963, se proyectan realizar con base en el respeto al medio ambiente, atención a las comunidades aledañas donde se efectúa la extracción de materiales y el uso de tecnología de punta para minimizar el impacto en la naturaleza.
DATOS DEL PROYECTO
  • Llevar a cabo operaciones de explotación, extracción, transporte o beneficio sin contar con la concesión correspondiente será sancionado con multa de B/10 mil a B/250 mil, además del decomiso de los minerales extraídos.


  • Los contratos de concesión tendrán una vigencia de hasta 2 años para la exploración y hasta 10 años para la explotación, mientras que cualquier prórroga se tendrá que solicitar un año antes del vencimiento.


  • Se aumenta de 40 centésimos a B/1.00 los pagos de derecho al municipio en los caos de extracción de arena submarina, arena continental, grava continental, de río y piedra cantera.


  • Los pagos de regalías se harán mensualmente antes del día 30 del mes siguiente a aquel en que se llevó a cabo la extracción.


  • Será obligatorio para todos los concesionarios de exploración y explotación de arena submarina, instalar en sus naves o barcos un sistema de localización automática de vehículos que permita al MICI fiscalizar, rastrear y localizar automáticamente, en tiempo real, las naves que utilizan para operaciones marinas, sean de su propiedad o de terceros contratados para ello.

  • http://www.critica.com.pa/archivo/01172011/cie02.html#axzz1BX3vcvbf




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