sábado, 12 de febrero de 2011

Presidente de Panamá sanciona nueva ley minera pese al rechazo indígena


El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli,sancionó este viernes la reforma al Código Minero, pese al rechazo de los ambientalistas y los indígenas, en cuyos territorios se encuentran los principales yacimientos.
Un comunicado de la Presidencia panameña destaca que con la nueva ley se aumentarán los aportes de las empresas mineras a las comunidades, a los municipios y al Estado,además de abrirse la posibilidad a la creación de nuevos puestos de trabajo.
La nueva normativa, vigente a partir de la fecha, establece un aumento en la regalía, cánones, tasas y multas para que las comunidades y comarcas aledañas a las concesiones mineras reciban mucho más de lo que permitía el Código de 1964, según la fuente.
"Ahora Panamá contará con normas de respeto y responsabilidad del medio ambiente, ya que se establece como condición obligatoria que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros deberá incluir el impacto social, tomando en consideración las características culturales de la población afectada", apunta.
La regalía por extracción de cobre, oro y plata subió de 2% al 5%, que será repartido el 40% a las comunidades y comarcas colindantes con las concesiones, para invertir en obras de infraestructura y programas de desarrollo social.
El otro 40% lo recibirá el Estado y el 20% restante irá al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.
El nuevo Código pone un alto a la minería ilegal con multas de hasta 250.000 dólares para los que se dediquen a la exploración y extracción sin contar con la autorización y el decomiso de los minerales extraídos, transportados o beneficiados, acota.
Las fianzas en las concesiones de exploración también son mayores con el nuevo Código:aumentaron de 10 centavos de dólar por hectárea a 50 dólares.
"Otro de los puntos sobresalientes de este nuevo Código es que las corporaciones privadas en concesión no podrán nunca dar garantías sobre los terrenos concesionados", aseguró la Presidencia.
Los líderes de la etnia Ngabe Bugle, que vive en la comarca del mismo nombre en el occidente del país, se oponen a la explotación de los ricos yacimientos de cobre de Cerro Colorado, el segundo más grande del mundo, por el riesgo de contaminación de los acuíferos, la deforestación y el temor al desplazamiento de sus tierras.
Unas 70 organizaciones ambientalistas panameñas y extranjeras han rechazado la reforma al Código Minero aduciendo los graves daños al medioambiente que ocasionará la explotación de minerales a cielo abierto en un país de clima tropical lluvioso como Panamá.
La reforma minera se aprobó ayer por amplia mayoría en el tercer y último debate de ley por la Asamblea Nacional.

PANAMÁ:Protestas contra reformas al ‘Código Minero’ dejan 19 detenidos

Flor Bocharel Q./Teófilo González
Especial para prensa.com/F. Bocharel

Los detenidos se encuentran en las cárceles de San Lorenzo y San Félix.

 6:36 p.m. - SAN FÉLIX, Chiriquí. –19 personas retenidas, entre ellas una mujer, y 11 atendidos en el hospital de San Félix fue el resultado de los enfrentamientos de esta tarde entre los agentes antidisturbios y los grupos indígenas y ambientalistas que se oponen a las reformas al Código de los Recursos Minerales.

Los opositores recordaron que esas modificaciones permitirán la explotación de yacimientos minerales en la comarca Ngäbe-Buglé y que acabará con la vida animal y vegetal de esas zonas.

Los manifestantes que sumaban más de 2 mil, se enfrentaron por más de una hora con los agentes antidisturbios y exigieron además al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que no apruebe dicha ley que se discute en segundo debate en la Asamblea Nacional de Diputados.

Los indígenas negociaban la entrega de los 19 retenidos, quienes permanecen en las cárceles de San Lorenzo y San Félix.


domingo, 6 de febrero de 2011

PANAMA: Aprobada controvertida reforma minera

02/02/2011

Ambientalistas aseguran que legislación causará daños irreversibles.

En la primera de dos votaciones, los legisladores panameños aprobaron el 1 de febrero una controvertida reforma al Código Minero dirigida a expandir exponencialmente el sector en el país y que fue duramente criticada por grupos ambientalistas y de defensa de los derechos indígenas.

El Ministerio de Comercio e Industrias tiene actualmente más de 180 solicitudes de licencias mineras que, de otorgarse, abarcarán el 40% del territorio panameño.

La reforma, promovida por el Ejecutivo, permitiría a empresas o personas extranjeras realizar actividades mineras en el país, así como incrementar al doble la tasa por regalías a US$0.40 por cada dólar de ingreso generado por la minería.

Diversos grupos ambientalistas y organizaciones indígenas sostienen que no han sido suficientes el debate y el análisis técnico sobre el impacto ecológico y social que podría tener la industria.

La empresa canadiense INMET se encuentra desarrollando un proyecto cuprífero de $5 millardos que implicaría la reubicación de más de 5,000 personas, principalmente indígenas y campesinas cerca de la costa norte del país. El proyecto sería el más grande de América Central.

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli también está buscando socios para desarrollar el proyecto cuprífero de Cerro Colorado, en la occidental provincia de Chiriquí, que pondría a Panamá como uno de los principales productores de cobre del hemisferio occidental. Según el mandatario, la mina tiene reservas probadas más grandes que las de El Teniente, en Chile, principal productor de cobre del mundo.

Otro proyecto que también ha provocado críticas y protestas es la mina de oro de Molejón, de propiedad de la empresa canadiense Petaquilla Minerals, que hace un año empezó a producir.

Grupos ambientalistas e indígenas manifestaron en un comunicado conjunto “nuestra más profunda preocupación sobre el proceso y el contenido de este polémico y nefasto proyecto de ley que atenta contra la seguridad ambiental y la soberanía de Panamá”, en referencia a la reforma al Código Minero.

“En particular preocupa la posición recalcitrante de los representantes del gobierno de no integrar de manera efectiva los aportes de la sociedad civil en su conjunto”, señalaron.

Agregaron que el proyecto de ley no toma en cuenta el tema de la consulta previa a las comunidades indígenas afectadas por la minería y otros proyectos de inversión, tal como lo establece el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Antes de la votación, organizaciones como Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) presentaron una contrapropuesta: la moratoria a la minería a cielo abierto.

En la vecina Costa Rica, la presidenta Laura Chinchilla emitió el año pasado una moratoria a la minería a cielo abierto que prohíbe nuevos proyectos. 
—Noticias Aliadas.

http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6299

miércoles, 2 de febrero de 2011

Minería, ambiente y soberanía

 - PA Digital 01-02-2011



Juan Jované
ECONOMIA

La propuesta que actualmente se debate en torno a la modificación del Código Minero merece, dado su posible efecto sobre el estilo de desarrollo nacional, ser analizada en base a su impacto ambiental y económico, así como desde la perspectiva de la soberanía sobre los recursos naturales de la nación. En relación a los posibles impactos ambientales, la minería, principalmente la de cielo abierto, provoca un conjunto de huellas negativas entre las que se destacan las siguientes: infiltración de agua ácida; erosión y sedimentación; emisiones de partículas al aire; modificación del hábitat y pérdida de biodiversidad; contaminación de las aguas superficiales y subterráneas; y la emisión al ambiente de elementos químicos. En esto están involucrados procesos masivos de contaminación, tal como se desprende del hecho de que la producción de un solo anillo de oro de 18 quilates produce desechos mineros equivalentes a 20 toneladas, mientras que, por su parte, cada tonelada de cobre extraída genera 99 toneladas de residuos. Se trata, se debe agregar, de formas de contaminación que por su manera de actuar tienen generalmente efectos persistentes. Es así que, de acuerdo a los economistas ecológicos Joshua Farley y Herman Daly, las minas explotadas por los romanos hace más de 1,500 años siguen generando infiltración de aguas residuales ácidas hacia el suelo y el manto freático.

Así mismo, se trata de procesos costosos de controlar y revertir. De acuerdo a los autores citados la limpieza en Estados Unidos de cerca de 500,000 minas abandonadas se puede calcular entre 32 y 72 miles de millones de dólares. Por su parte Jared Diamond en su libro Collapse, en el que analiza un conjunto de casos en los que la sociedad colapsa por abusar del medio ambiente, llama la atención sobre el hecho de que una sola explotación minera en Montana puede llevar a generar un pasivo ecológico de cerca de mil millones de dólares. Conociendo esto los países desarrollados han venido poniendo en práctica leyes por medio de las cuales obligan a las empresas a hacerse responsables y a asegurar financieramente el pago de todos los daños generados no solo durante la construcción y la explotación de las minas, sino los que puedan generarse cuando esta se cierre. Se trata de un costo tan alto que ha motivado un relocalización de la minería hacia países que tienen leyes permisivas para la explotación. El hecho de que en la reforma al Código de Minería no se incluyan este tipo de provisiones coloca a Panamá entre los permisivos en relación al uso de su medio ambiente. Esto resulta especialmente preocupante en condiciones en las que, además, se permite que de manera explícita los Estados extranjeros logren, vía empresas que son dominadas por los mismos, hacerse dueños de los recursos mineros del país. La idea que la mismas no generarán presiones diplomáticas es ingenua. En la realidad la lógica de la explotación no será la del desarrollo panameño, sino la acumulación de quien instale en nuestro país un enclave minero.

PANAMA: Minería: Indígenas se ‘pintan de guerra’

CARLOS ANEL CORDERO

Más de setenta organizaciones civiles insistieron ayer en la suspensión inmediata de la discusión y una moratoria
 
Para la explotación minera, se require del traslado de equipo a áreas apartadas. Foto: Archivo | La Estrella

2011-01-02 PANAMÁ. Mientras que la Asamblea Nacional pisa el acelerador en la discusión del proyecto de ley 277 que pretende modificar el Código de Recursos Minerales, los indígenas de la comarca Ngöbe-Buglé y los grupos ambientalistas programan iniciar el próximo lunes una serie de protestas callejeras para evitar la explotación minera en esta región del país.

Bernardo Jiménez, de la Comisión de Derecho del Congreso Ngöbe-Buglé, informó que indistintamente de la decisión política del gobierno, han convocado para una gran marcha ‘pacífica’ para el próximo lunes en el cruce de San Félix, en la carretera Panamericana, provincia de Chiriquí.

Aunque los indígenas insisten en que la protesta será pacífica, Jiménez advirtió que están dispuestos a ‘derramar su sangre para defender la comarca’.

A la marcha en Chiriquí asistirán representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), docentes, ambientalistas y sindicatos —tanto de Chiriquí como de diversas provincias— que adversan la propuesta del Ejecutivo que se discute en la Asamblea Nacional en primer debate.

El sector indígena insiste en que el gobierno va por el mismo camino de la ‘ley chorizo’, por lo que es probable que se repita la ‘explosión social’ que se vivió en julio del año pasado en la provincia de Bocas del Toro.

Las organizaciones cuestionaron, además, a la que califican como una ‘debilitada’ Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) que, a pesar de la discusión del proyecto de ley en la Asamblea Nacional, no se ha pronunciado al respecto, como si no se tratara del ambiente.

La minería en Panamá se remonta a la época previa a la llegada de los españoles al istmo.

De hecho, a su llegada a tierras panameñas los españoles sintieron especial admiración por el uso ornamental que le daban los nativos al oro.

De aquí surge aquella narración de que los españoles, al pisar tierra istmeña, le cambiaban a los indígenas el oro por trozos de espejos.

Durante la época de la colonia, los españoles practicaron la minería en Panamá, pero Félix Wing, del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, sostiene que en ese entonces la práctica era ‘muy artesanal’, se extraía de grutas subterráneas o de los ríos, lo que no requería del uso de químicos y, por tanto, no se constituía en una práctica nociva para el ambiente ni para los seres vivos.

Una de las explotaciones más conocidas durante la época de la colonia española fue la mina de Cana, en la provincia de Darién, que hoy día es una reserva ecológica bajo la administración de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON).

En la época contemporánea, se han registrado varios intentos de minería, en algunos casos, como Cerro Colorado, con una empresa mixta en la cual el Estado tenía participación accionaria.

En otros casos, por medio de concesiones de exploración y explotación que el Estado otorga a empresas privadas, la mayoría con participación accionaria de compañías extranjeras.

Alida Spadora, directora Ejecutiva de ANCON, insistió en que no se puede permitir que las autoridades entreguen el país a empresas extranjeras para que exploten la minería a cielo abierto, pues hasta el momento todos los intentos que se han registrado han resultado nocivos para el país.

Para el catedrático universitario y ex director de Desarrollo y Tecnología de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Azael Barrera, el daño ecológico que produce la minería a cielo abierto no es comparable con los beneficios económicos que la actividad podría generar para el país.

La práctica ha demostrado que las compañías extranjeras llegan, explotan y se retiran del país.

Los ecologistas insisten en que no tienen una posición de rechazo a la minería, pero consideran que lo más adecuado es que se declare una moratoria, se abra un período de discusión, se ilustre a la población y luego se convoque a un referéndum nacional para que la población opine al respecto.

Durante el gobierno del presidente Guillermo Endara, una vez aprobado el Título Constitucional del Canal de Panamá, se abrió un periodo de consultas para determinar cuál sería la mejor alternativa para la ampliación de la vía.

Barrera recordó que los estudios y consultas multinacionales tomaron más de cuatro años y una vez tomada la decisión, se hizo la convocatoria al referéndum nacional.

Según el científico, la inversión que haría Petaquilla Gold para la explotación minera sería de $5,000 millones, similar al costo de la ampliación del Canal, entonces valdría la pena que se hicieran las consultas para determinar qué es lo que piensa la población.

Mientras, el ministro de Comercio, Roberto Henríquez, insiste en que el actual gobierno no ha otorgado una sola concesión para explotación, todas fueron dadas por administraciones anteriores y que suspenderlas ahora sería ‘irresponsable’, pues la mayoría de las empresas han hecho sus estudios y están próximas a la explotación y, por lo tanto, el Estado panameño no puede suspenderlas.

Hizo un llamado a los grupos que adversan la iniciativa a meditar sus acciones y estudiar el proyecto de ley, pues la mayoría de los artículos lo que persiguen es aumentar los cánones de arrendamiento y pagos de las empresas al Estado.
http://laestrella.com.pa/online/impreso/2011/02/01/mineria_indigenas_se_pintan_de_guerra.asp

Navarro: Minería a cielo abierto es un crímen ecológico que destruiría Comarca Ngobe

El dirigente del Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro, sostuvo que “la aprobación de las nefastas reformas propuestas al Código Minero sería un crìmen ecológico que causaría la destrucción de la Comarca Ngobe Bugle, la contaminación masiva de la provincia de Chiriquí y la muerte de los recursos naturales de Panamá”.
Navarro, quien es un defensor del ambiente reconocido internacionalmente, señaló que “la minería a cielo abierto acabaría con los ríos,  aumentaría de manera grave la deforestación y contaminaría el aire y todo a su alrededor, por ser totalmente incompatible con el modelo económico de desarrollo sustentable de Panamá”.
“Se ha dado minería a cielo abierto en las regiones desérticas del Atacama en países secos como Chile, con consecuencias sociales y ambientales muy negativas, pero por ser Panamá un país tropical con una altísima y frágil biodiversidad, con mucha actividad lluviosa en su cordillera central, la minería a cielo abierto en nuestro istmo sería catastrófica”, enfatizó Navarro. “Es por ello que en Costa Rica se le acaba de declarar ilegal, tal como debe hacerse en nuestro país,” añadió.
El dirigente opositor dijo que “es un gran error del actual Gobierno meternos en los enredos de las minas a cielo abierto, cuando todos sabemos que aquí no hay capacidad institucional en la ANAM para fiscalizar un solo proyecto. Esto es la crónica de una muerte anunciada, por lo que hacemos responsable al Gobierno y sus mas altos funcionarios de las consecuencias catastróficas que estas imposiciones traeran para el país”.
“Los cambios propuestos al Código Minero son innecesarios y nefastos, entregarían la riqueza mineral de Panamá a otros Estados y tenemos que oponernos de manera vertical a que se den, además que fueron propuestos de la peor forma por el actual Gobierno. Aquí no se ha dado un debate nacional serio de cómo afectaría la minería el turismo y la cuenca hidrográfica del Canal, entre otros elementos fundamentales de la economía nacional”, acotó Navarro, quien solicitó al Gobierno “un año de moratoria para debatir de forma libre y democrática un tema tan grave, al final de cuyo período debe haber un Referendo para que seamos los panameños, los ciudadanos, el pueblo mismo, el que decida si quiere o no la minería a cielo abierto”.
En su comparecencia ante la Asamblea Nacional el pasado jueves, Navarro apeló a la conciencia de los Diputados oficialistas para que rechasen los cambios propuestos. “De lo contrario y de así decidirlo el pueblo panameño, nuestro primer acto de gobierno el 1ero de julio del 2014 será enviar de vuelta a la Asamblea estos cambios para su derogatoria inmediata,” advirtió.
El dirigente del PRD participó el jueves y viernes en una gira a Chiriquí y un ámplio conversatorio con los grupos y redes ambientalistas más importantes de esa provincia, a fin de actualizar sus conocimientos sobre los retos de la minería, considerada la principal amenaza actual al ecosistema y recursos de la zona, así como los retos que enfrentan en Chiriquí en materia de hidroeléctricas, la pesca con palangre y el uso de agroquímicos, entre otros. Navarro además visitó la Comarca Ngobe el viernes como parte de su recorrido permanente por la geografía nacional.
http://www.tupolitica.com/prd-panama/navarro-mineria-a-cielo-abierto-es-un-crimen-ecologico-que-destruiria-comarca-ngobe.html/

“Quien oprime al débil, ultraja a su Creador” (Prov 14:31)


Jorge Sarsaneda
CONAPI / 250111


Hace años…

En 1979 -¡hace casi 32 años!- Don Daniel Núñez, obispo de David dijo:

“Con caras sonrientes a pesar de las lombrices y de la desnutrición, los niños juegan fuera de la casa. La señora teje una chácara multicolor, mientras un niño desnudo, de meses, gatea junto a ella. La abuela trae agua y leña junto con dos niños; el señor y dos hijos han llegado de socolar y son recibidos con alegría. Corre el viento y la tranquilidad se siente. En medio de su pobreza, hay gran cariño entre ellos, hay amor. Unos son bautizados, otros no; pero el mensaje de liberación de Jesús empieza a despertar en sus corazones. Es una escena de una casa guaimí en cualquier lugar de la Comarca del Tabasará. No lo saben, pero están amenazados”.

Ha llovido mucho desde que se escribieron estas palabras . Muchas cosas han cambiado, pero otras muchas, no.

Actualmente…

Ahora existe legalmente la Comarca llamada Ngäbe-Buglé, producto de una lucha larga y sangrienta. En ella habitan unos 110 mil indígenas de los pueblos ngäbe y buglé (como el 55% de una población 200 mil). Hay una Carta Orgánica, que recientemente cambiada por el gobierno sin el consenso de los afectados. Hay más escuelas, puestos de salud, algunas carreteras mal hechas, la presencia indígena se “siente” más en los medios, hay más indígenas en la universidad…

Sin embargo, el 95% de dicha población sigue en pobreza (un 75% en “pobreza extrema”), el 60% de ellos son llamados “analfabetas” del castellano y son tratados como parias por sus idiomas y el color de su piel. Anualmente tienen que migrar muchos de ellos para conseguir trabajos que les reditúen algo de dinero. Sin contar con los que migran a las ciudades de Panamá, David y Santiago a pasar más pobrezas y marginaciones .

Proyectos y más proyectos…

Por si fueran pocos problemas a los que se tienen que enfrentar estos pueblos, ahora se plantean proyectos y más proyectos “para el desarrollo del país”. Pero todo esto tiene una historia “detrás”, como siempre. Y, como el que olvida, se condena a repetir errores, mejor recordar:

En 1977…

Hace 33 años, el proyecto de explotación de Cerro Colorado se cernía sobre la Comarca como un águila dispuesta a agarrar su presa. Hay estudios profundos y muy claros que analizan objetivamente y denuncian el peligro de muerte en el que se encontraban y se encuentran los indígenas de toda la Comarca y las consecuencias, incluso para el país.

En ese momento se vio claro que una mina “a cielo abierto” en Cerro Colorado significaba la muerte real, ecológica y étnica de muchas comunidades. Hubo mucha solidaridad internacional y se logró que muchos se unieran para enfrentar al “monstruo”. Esto fue denunciado por múltiples grupos, especialmente el obispo Núñez (David) y luego por todos los obispos católicos del país.

¿Se logró detener esta muerte anunciada? No. Las compañías involucradas, Codemin (vuelve a la carga) y Río Tinto Zinc (de nefasta memoria) decidieron –luego de llevarse equis cantidad de oro- que no iban a explotar la mina… ¡porque el precio del cobre no era suficientemente alto! No importaron los efectos sociales, ecológicos, culturales, ni siquiera los políticos, lo que decidió fue el valor económico. Nos dieron un “respiro”, pero ahora vuelven a la carga.

Le toca a Veraguas…

“Dormido” Cerro Colorado, volvieron la vista a Veraguas, a la mina de oro en Cañazas. Ahí estuvieron diez años sacando oro y contaminando ríos, suelos y, sobre todo, personas. Se fueron y sólo nos quedó un paisaje lunar y muchos enfermos. El que quiera saber más, que se dé una vuelta por Cañazas.

¿Y los ríos?

Pero como todos estos proyectos necesitan energía posaron esta vez sus ojos “económicos” sobre los bellos, abundantes y caudalosos ríos que bañan nuestro pequeño país: el Cobre, el San Pablo, el Tabasará, el Viguí, el San Félix, el Changuinola, el Teribe y varios otros. Ya se habían aprovechado del Bayano y los hermanos kunas seguían y siguen esperando beneficios e indemnizaciones.

Los hermanos campesinos e indígenas del río Cobre llevan once años luchando para que no los desalojen. En Valle Riscó, los hermanos ngäbe han sufrido desalojos, despojos, pérdida de tierras y siembros, arrinconamiento de comunidades, destrucción de la ecología y del bosque Protector de Palo Seco. ¿Y el gobierno? Bien, gracias. Se le concedió tierra (reservada por ley) a la AES, pero a los indígenas no se les quiso reconocer sus tierras “porque era Parque Nacional” (????). Ya hay estudios sobre los caudales y posibilidades de los ríos Tabasará, Fonseca, Teribe y otros. Por esa razón no se les concede a los Naso su territorio…

Cerro Chorcha…

Con gran sigilo, como para que mucha gente no se enterara, en 2006 le fueron concedidas (¡sin estudio de impacto ambiental!) más de 24 mil hectáreas a una compañía minera para explotar un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno, que está –léase bien- en medio de la Comarca Ngäbe-Buglé, la Reserva Forestal Fortuna y el Bosque Protector Palo Seco.

¿Dónde está la Anam, de qué sirven las leyes sobre Reservas y Comarcas?, más importante aún, ¿por qué no se les pregunta a los dueños de las tierras? Sí, dueños, no como dice una “doctora”: que los indios no son los dueños porque no han comprado las tierras (!!!!!!). En abril 2009, la Corte Suprema suspendió temporalmente las acciones de Dominion Minerals. Por tanto, el “machete afilado” sigue colgando sobre las cabezas de los de Chorcha y de todos nosotros.

Minería “limpia”

Es el lema “bandera” de la explotación de entonces y de la actual en Coclé-Colón (con Petaquilla Gold y Minera Panamá). Sin embargo, hay que decirlo bien claro: NO hay –entiéndase-, NO HAY minería limpia, no existe tal cosa, es una contradicción en los términos. La Cámara minera dijo hace poco que “si no fuera buena la minería, no existirían tantas minas en Chile, Perú y Brasil”.

En los países mencionados es exactamente donde hay minería sucia y envenenadora. Lo único que se puede concluir del “argumento” de la Cámara Minera es que el daño de la minería es mayor en Chile, Perú y Brasil. Sólo tenemos que vernos en el “espejo envenenado” de la mina de Cañazas, de la mina de Cerro de Pasco (Perú), de la mina de Ixtahuacán (Guatemala), de la destrucción amazónica por causa de la minería de oro, por señalar sólo unos casos.

Las últimas “jugadas”

En vista de que los precios internacionales del cobre y del oro han aumentado, nuevamente se quiere explotar Cerro Colorado y otras minas. Para esto, el gobierno actual ha dado varios pasos: Uno ha sido plantear una reforma al Código Minero (de 1963) que ha suscitado la oposición de todos los grupos ambientalistas del país. ¡Por algo será! El otro fue reformar (sin consulta y sin consenso) la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe-Buglé, de manera que se pueda tener más adelante la “autorización” de los congresos para las explotaciones pretendidas.

¿Qué hacer?

Ante todo, organización. Como dice un columnista: organizar la rabia. La rabia que produce el que se quiera explotar una riqueza pasando por encima de la gente, incluso matándola si es necesario. La rabia que produce que se quiera destruir el país por darle riqueza a unos pocos. La rabia que produce el que gente inocente como los niños indígenas, tengan que ver su futuro envenenado a causa de la riqueza sobre la cual viven. Esta organización se debe reflejar en grupos comunitarios, en autoridades tradicionales, en grupos solidarios, en la sociedad civil, en apoyos internacionales, en grupos pastorales…

En segundo lugar, concientización. Falta mucho todavía que decir a todo el país. Es increíble que todavía haya profesionales supuestamente bien formados (médicos, ingenieros, etc) que piensan que cultura es igual a atraso, que la tierra solo se posee por compra, que toda inversión es progreso. Nos sorprenden a cada rato las manifestaciones y justificaciones racistas de muchos panameños, que proceden de la ignorancia. Hay que trabajar por cambiar esto.

En tercer lugar, compromiso. La iglesia católica panameña ha hablado claramente: “No toda inversión es deseable. Es el caso de la minería. Ella se ha convertido, junto con la deforestación, en la mayor amenaza para la sostenibilidad ambiental en la región. En general, los países tienen leyes débiles ante la inversión extranjera y una laxa reglamentación que no garantiza que sustancias contaminantes como el cianuro, se manejen con seguridad para la salud de la población. Tampoco se han desarrollado mecanismos de consulta legítimamente reconocidos que permitan a las comunidades afectadas informarse verazmente y hacer valer sus demandas” .

En numerosos encuentros zonales y nacionales de la Iglesia Católica, obispos y agentes de pastoral (sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos) que trabajan en las zonas comarcales del país, hemos mostrado nuestra preocupación ante lo que se plantea aquí, puesto que a la secular situación de marginación y extrema pobreza se añade ahora la amenaza creciente de despojo y expolio de sus territorios ancestrales por concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos, en nombre del “progreso nacional”.

Muchos relatos indígenas apoyan esta lucha. Como iglesia tenemos que continuar al lado de estos pueblos aunque tengamos que pagar un alto precio. No es otra cosa la que nos exige el Evangelio de Jesucristo.


1 Ver Núñez Núñez, Daniel, El Indígena Guaymí y Cerro Colorado, Carta Pastoral, 190479. Inicio de dicha carta.

2 Hay ingente cantidad de estudios que denuncian y especifican esta situación. Sólo cito algunos:
Behmel, Ch. (1996). La Migración Ngöbe. Proyecto PAN-GTZ, Panamá. Jenkins, A. y Valderrama M., G. (2002) Estudio diagnóstico de la dimensión, naturaleza y entorno socioeconómico del trabajo infantil y de la adolescencia trabajadora en el sector del café en la provincia de Chiriquí. CIPSU, Universidad Santa María La Antigua, Panamá.
Loría B., R.; Alvarez, B; Alvarado, R.; Sáenz, R.; Partanen, T. Córdoba, L. (2008) Alcances de la gestión integral de la salud y el trabajo de recolectores de café, inmigrantes en la zona de Los Santos, Costa Rica. Periodo 2003-2008, Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- (2008) Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008.
Quintero S., B. y Hughes O., W. (2005) Migración Indígena en Panamá. Investigación, CoNaPI, Panamá.
Sarsaneda, J. (2010) La ruta de la desolación, Consultoría sobre migración ngäbe-buglé a Costa Rica.

3 Gjording, sj, C. (1982) “Cerro Colorado: Conflictos y contradicciones entre Panamá, corporaciones transnacionales y el indígena guaymí”, Foro Guaymí y Ceaspa (eds), El pueblo Guaymí y su futuro, 225-300, Panamá.
Hughes, W. (1998) Minería ¿Desarrollo o destrucción? PS-Cáritas Panama.
Vakis, R. y Lindert, K. (1999) “Pobreza de la población indígena en Panamá: Estudio basado en la información de la ENV, 1997”, Anexo 6, Banco Mundial, Panamá. Estudio sobre pobreza. Prioridades y Estrategias para la reducción de la pobreza.
Young, P. (2009) “Witnessing change in a small-scale society: A personal account”, Newsletter. Society for Applied Anthropology, 20 (3): 7-12.

4 Ver Comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña, 130111.
5 Ver CONAPI (1992) Tierra, Autonomía, Cultura, IV Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, Panamá.