PANAMA: Carta de advertencia del pueblo Ngobe-Buglé al presidente Martinelli

COORDINADORA POR LA DEFENSA DE LOS RECIURSOS NATURALES Y EL DERECHO DEL PUEBLO NGABE, BUGLE Y CAMPESINO
II SESION EXTRAORDINARIA

Comarca Ngabe – Bugle, 26 de Junio de 2011.

Lic.
RICARDO MARTINELLI
Presidente constitucional
Panamá, Rep. De Panamá

E. S. D.

Su Excelencia señor Presidente

La presente tiene la finalidad de saludarlo y desearle salud y éxitos en sus funciones presidenciales en beneficio del pueblo panameños.

En virtud del acuerdo firmado en San Félix y dando seguimiento a la Propuesta de Ley Especial consensuada entre la Comisión de la Asamblea de Diputados y la Coordinadora en el marco de la Comisión Ad-Hoc, (se eliminó una frase) que prohíba explícitamente la actividad minera y la protección de los hídricos y ambientales en la comarca Ngabe, bugle y campesino, queremos expresar en primer término nuestra posición a cerca del proceso y el tratamiento que se ha dado a este tema y situación.

Primero: Uno de los aspectos que generó mucho debate en el proceso de dialogo es la poca atención a los afectados de la manifestación, la presencia de los extranjeros afines a la minería y las constantes actividades sobre la minería e hidroeléctricas en la comarca. Este hecho ha demostrado la poca seriedad que tiene el gobierno en atender una situación tan sensible y delicada que puede generar nuevamente serios problemas en la población Ngabe – Bugle y Campesino.

Segundo: En el proceso de dialogo entre la representación de la Asamblea de Diputado y la Coordinadora se acordó crear una comisión para dar el abordaje al tema de la ley de moratoria y la revisión de la ley 41 de 1975 que crea el CODEMIN. Sobre este tema no vemos avances y el gobierno nacional no ha hecho nada para que se cristalice esta jornada de trabajo, que es parte de un conjunto de peticiones y acciones que dieron origen al acuerdo suscrito entre las parte el día 27 de febrero de 2011.

Tercero: En el acto de entrega del informe de la Comisión el día 20 de mayo, las partes involucrados acordaron dar el tratamiento especial a la propuesta de ley consensuada y declarar su discusión con urgencia notoria en la Asamblea nacional con la finalidad de cumplir con la petición que el pueblo Ngabe, Bugle y Campesino exigió en el acuerdo suscrito por el gobierno nacional.

Cuarto: Actualmente se observa a un conjunto de empresas con el auspicio del gobierno nacional promocionando actividades de capacitación sobre la minería e hidroeléctricas en la zona periférica de la Comarca. Sumado a ello, han dejado archivada la propuesta de Ley Especial que regularía la minería y la protección de los recursos hídricos y ambientales en la comarca Ngabe – Bugle.

Señor presidente, los elementos antes citados y con los resultados de la II sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Tole, nos conducen a declarar lo siguiente:

El gobierno nacional ha dilatado la presentación de la propuesta de Ley Especial consensuada para su respectivo debate al pleno de la Asamblea Nacional
El Gobierno Nacional está imponiendo, promocionando y maniobrando la aprobación de los proyectos mediante compra y coimas a los delegados de los Congresos
El Gobierno Nacional no le ha dado la importancia a este tema que es de relevancia nacional
El Gobierno ha incumplido con el acuerdo pactado (No se ha brindado apoyo a la familias del señor Abraham Montezuma y las demás victimas producto de la manifestación).
No se ha creado la Comisión para el abordaje al tema de CODEMIN.
No se ha retirado los chilenos y canadiense pro- mina en la comarca.
La empresa GENISA sigue interviniendo en Tabasará

Vistos de manera responsable estos temas y después de un amplio análisis, los Miembros de Bases de la Coordinadora adoptaron las siguientes decisiones:

Retomar el acuerdo firmado en San Félix el día 27 de febrero de 2011.
Establecer fecha limite para que el Gobierno cumpla con los temas señalados y la presentación de la Ley Especial consensuada a la Asamblea Nacional para el día lunes 11 de julio del 2011.
Reiniciar la manifestación y retornar a nuestra trinchera de lucha en cada una de las bases establecidas.
Exigir la suspensión de todas las concesiones en la comarca (minería, hidroeléctricas, turismo y otros).

Si no se cumple con esta petición, le advertimos al Gobierno Nacional que reiniciaremos manifestación pacifica desde el día 11 de julio del 2011 en adelante, en cada uno de los puntos de bases; al tiempo que, responsabilizamos de manera directa al gobierno nacional por las consecuencias que se derive de la misma.

Del señor presidente, nuestro respeto y consideración

Atentamente

ROGELIO MONTEZUMA AUSENCIO PALACIO
Presidente de la Coordinadora Secretario

Cc. Lic. Demetrio Yimy Papadimitri Ministro de la Presidencia
Lic. José Muñoz Presidente de la Asamblea Nacional
Lic. Roberto Henrique Ministro de Comercio e Industria
Lic. Roxana Méndez Ministra de gobierno
Obispo José Luís Lacunza Obispo de la Diócesis de David
Medio de comunicación social
Archivo

Comando Sur y nuevo régimen de seguridad

MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO*

gandasegui@hotmail.com

2011-06-09 El Comando Sur de EE.UU. anunció que en agosto de 2011 realizará sus maniobras militares Panamax en torno al Canal de Panamá. Invitó a un total de 17 países de la región, incluyendo a Panamá, para que participen en el operativo de 15 días. Las maniobras, un triste remanente de la guerra fría, son parte de la novena versión de los ejercicios multinacionales Fuerzas Aliadas Panamax.

El año pasado, los norteamericanos realizaron una operación similar para enfrentar una supuesta insurrección popular panameña. Según un despacho de prensa fechado en aquella época, ‘el Comando Sur defendería el Canal de Panamá contra un levantamiento de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que pretenden desestabilizar al Estado panameño’. Para este año, el Comando Sur aún no ha anunciado quiénes son los enemigos de los 2000 efectivos participantes.

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli tiene que demostrarle a su mentor norteamericano que el uniforme militar, los gorros y las medallas que presentan sus subalternos en las reuniones del ‘alto mando conjunto’ son merecidos. Durante el último año, el Ministerio de Seguridad ha realizado operaciones tácticas a lo largo de la geografía panameña sacando a relucir su nuevo armamento y las flamantes bases aéreo navales.

Las llamadas bases aeronavales que construye EE.UU. en ambos litorales de Panamá ya están causando conflictos entre las tropas panameñas y los moradores —en su mayoría campesinos— de esos lugares. Además, está creando un elemento de soberbia entre los militares panameños que colaboran con EE.UU. desde las distintas instancias de la Policía Nacional. Estos elementos, comenzando por el propio ministro de Seguridad, parecieran creerse por encima de la ley y de los intereses del pueblo panameño.

En Jaqué, Darién, cerca de la frontera de Colombia, la base militar financiada por EE.UU. y operada por efectivos panameños, ha construido retenes y controla los movimientos de la población. En la comarca Cuna—Yala ha generado reacciones de los pobladores que acusan a la fuerza fronteriza de ‘terrorismo’. En el Norte de la provincia de Veraguas ha provocado un enfrentamiento entre la comunidad y las tropas navales.

En abril del presente año la Organización Revolucionaria de Resistencia Kuna (ORKUN) condenó ‘la violenta agresión cometida contra la comunidad kuna de Miria Ubigandup, por parte del Servicio Nacional de Frontera (SENAFRONT), causando heridas en los ojos de un argar (vocero y guía espiritual), producto del lanzamiento de bombas lacrimógenas’. Según ORKUN, esta ‘actitud terrorista del SENAFROT demuestra la intolerancia, la incapacidad y la brutalidad en el manejo de una situación de conflicto interno en una comunidad regida bajo sus propias normas jurídicas y culturales’.

Poco antes, el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, arremetió contra la comunidad de Guázaro, sobre el litoral caribeño en el Norte de la provincia de Veraguas. Los campesinos se quejan de los abusos de los militares panameños. Mulino le pidió incluso al Ministerio Público que investigara al representante de la comunidad por estar ‘brindando colaboración’ a las fuerzas enemigas. Al mismo tiempo, el ministro ordenó que se reforzara la custodia y patrullaje de varias comunidades (entre ellas Belén y Calovébora).

Mulino parece tomar muy en serio las líneas de acción que emanan del Comando Sur y aseguró que sus fuerzas armadas ‘no se van’ de la comunidad. Un diario de la capital panameña, dándole seguimiento a este lamentable espectáculo —en el peor estilo ‘macartista’— sentenció que ‘la denuncia de Mulino obedece a que el representante de la comunidad ha sostenido reuniones con la población para exigir la salida del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)’. El diario —por ignorancia o por complicidad— concluyó que ‘resulta inaudito que un representante abogue porque los uniformados que laboran en el área se retiren. Razón tiene el ministro en pedir que se haga una investigación al respecto’.

En la actualidad, la militarización de Panamá avanza rápidamente en algunas comunidades relativamente aisladas como las mencionadas más arriba. Pero cuando el país entero se encuentre nuevamente sometido a un régimen militar, sirviendo a los ineptos gobernantes, los abusos y los retenes serán generalizados. Tendremos en ese futuro, que no se ve tan lejano, un ministro de Seguridad que acuse a todos los panameños de ‘brindar colaboración’ a los enemigos. Tampoco faltarán diarios —como en el pasado— que defenderán a los uniformados que abusan de su poder para defender los intereses de quienes se consideran dueños del país.

El ejercicio de Panamax que se inaugura el próximo mes, para la supuesta defensa contra una insurrección popular panameña, es un buen ejemplo de los planes militares que tiene nuestro Ministerio de Seguridad y los actuales gobernantes.

*PROFESOR DE LA UP E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA. 

http://laestrella.com.pa/online/impreso/2011/06/09/comando_sur_y_nuevo_regimen_de_seguridad.asp

Cierra sin consenso diálogo minero indígenas y gobierno panameño

Panamá, 14 may (PL) El diálogo minero entre una comisión ad hoc de la Asamblea Nacional y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo NgÃñbe Buglé y Campesinos, terminó sin consenso sobre el tema discutido.

Las partes trataron durante dos meses casi como único asunto el contenido de una nueva ley minera cuyo centro es la propuesta indígena de cancelar las concesiones mineras e hidroeléctricas en la comarca NgÃñbe Buglé.

La Coordinadora anunció que insistirá en que se apruebe esa propuesta y advirtió que se mantendrá vigilante para que en la Asamblea Nacional no se modifique ningún artículo de los que fueron consensuados en la comisión ad hoc.

En un comunicado de prensa recordó en el artículo 5 que no fue consensuado los indígenas piden que se cancelen todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras para la explotación de los recursos minerales y proyectos hidroeléctricos en la comarca.

También se solicita suspender de inmediato todos los trabajos que estén llevando a cabo estas empresas.

Ese fue el artículo más complicado en la discusión, y lo volveremos a plantear; ya el diálogo en la comisión ad hoc terminó y ahora tocará discutir el anteproyecto de ley en primer debate", afirmó Ángel Prado, miembro de la coordinadora.

Entre los artículos consensuados está el número 2, que establece la prohibición para el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica y no metálica en la comarca.

En la minería no metálica se permitirá la extracción de piedra, tosca, gravilla y arena para proyectos sociales para beneficio comunitario. El diputado Fernando Carrillo, presidente de la comisión, dijo que el proceso de discusión con los indígenas fue complicado, pero lo calificó como positivo, aunque aclaró que el documento tiene que ser analizado por el resto de los diputados.

arc/lma

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=288356&Itemid=1

La lucha del Frente Santeño contra la Minería

No sabíamos siquiera a dónde íbamos. Mi compañero Rodney Saavedra tenía alguna idea, en esa chiva hacia Tonosí podíamos llegar a Cerro Quema, sólo teníamos los nombres apuntados en la memoria: Arturo Moreno y Secundino Jaén, pero nada más. Quizá un montón de dudas: ¿Cómo nos recibirán? ¿Estarán dispuestos a hablar con nosotros? ¿Dónde viven? Sí, tampoco sabíamos dónde vivían y eso me incomodaba mucho, porque la chiva desde Sabana Grande ya había recorrido muchos kilómetros, poco más de dos horas de carretera rodeada de potreros, imponentes montañas, cientos de cabezas de ganado brahman, hombres y mujeres caminando bajo el sol de Azuero, que parece otro sol más caliente.

Casi tres horas y todo se iba cubriendo de Corotús y Espaves viejos, gigantes, hermosos; ríos caudalosos van segmentando la tierra, llenándola de vida y es imposible mantener la tensión, porque con todo eso alrededor uno se va relajando. Mi amigo Rodney, que es conversador profesional y conocedor de la idiosincrasia de la gente de su provincia, le pregunta a una señora del puesto de adelante, dónde vive el profesor Arturo Moreno, –’tamo lejito mihijo —le dice la señora—, yo le digo cuando vamos llegando’, y la conversa se volvió un coloquio familiar. Así es en Los Santos, todo Los Santos es una familia.

Pedimos parada a orillas del Río Quema y caminamos algunos metros, llegamos a la casa del profesor Moreno, vicepresidente del Frente, que no preguntó quiénes éramos, pero nos ofreció unos pedazos de sandía dulce y fría. Hablamos largo, nos contó sobre la explotación minera en Cerro Quema y cómo el Frente Santeño Contra La Minería se ha organizado para luchar con una empresa, Minera Cerro Quema, S. A., con muchos recursos económicos, parte de ellos destinados a tratar de comprar conciencias.

‘Aquí nos han ofrecido plata para que dejemos de pelear con ellos, nos han ofrecido carros, casas, todo lo que usted pueda imaginar, pero nosotros no vamos a aceptar ni muertos, porque esta es nuestra tierra, aquí producimos comida y el oro no se come’. Nos contó que eso no es reciente y es que catorce años de lucha no se fuman en pipa, catorce años en los que cuatro gobiernos han estado en el poder, pero como de costumbre no hay mucha diferencia entre un gobierno y otro, los lobbies entre Minera Cerro Quema, S. A., y politiquetes corruptos parecen ser norma inmutable.

El profesor Moreno nos llevó hasta donde estaba el presidente del Frente Santeño, Secundino Jaén. Para nuestra sorpresa, el señor Secundino estaba trabajando en una junta de embarra para ponerle piso a una casa de la comunidad, la cortesía es tan rápida que no nos da tiempo de rechazar las sillas, nos sentamos y el señor Secundino, hombre curtido por la difícil vida campesina, empieza a hablarnos con cifras claras: ‘Más de 45000 litros de leche diarios se producen en el distrito de Tonosí en 6000 mil hectáreas, y el gobierno no ayuda en nada, pero para dar nuestras tierras en concesión minera allí si están al día. Esta vida es la única que conocemos, somos campesinos pero no somos ningunos ignorantes, sabemos que la minería va a destruir la tierra y que va a contaminar los ríos. Yo no sé qué va a hacer la gente de Chitré y La Villa, porque todos estos ríos y quebradas de por aquí van a parar al Río La Villa y de allí es que sacan el agua para consumo’.

Moreno y Jaén nos hablaron con toda sinceridad, coincidiendo en la frase ‘luchar hasta las últimas consecuencias’ contra los proyectos mineros de la región, que cabe destacar que no es solo Minera Cerro Quema, S. A. Según estadísticas del profesor Milciades Pinzón, para el año 2009 en el Ministerio de Comercio e Industrias se habían presentado solicitudes de concesión de minería metálica sobre 200 mil hectáreas de Azuero o sea el 32.5% del territorio.

Llegó el momento de partir para Rodney y para mí, es todo un pesar dejar a aquella gente tan hospitalaria y en el camino de regreso le va doliendo a uno que toda esa hermosura de la campiña nuestra pueda ser desbaratada para obtener algunos quilates de oro.

*ESTUDIANTE DE DERECHO.

quirozjoao@gmail.com 

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Escasez de agua: un problema que se agudiza

La escasez de agua es consecuencia de la mala distribución y accesibilidad


PANAMÁ. Los cada vez más frecuentes conflictos por los recursos hídricos son el reflejo del problema de escasez de estos bienes. Esta visión de crisis, parte desde los recientes años noventa, del creciente agotamiento del recurso versus el incremento de la demanda proyectada a futuro frente al crecimiento poblacional. 

Pero también, hay quienes proponen una visión diferente basada en la complejidad del equilibrio ambiental puesto en peligro debido a la intervención humana en el ciclo hídrico y plantean que el problema de escasez es causado por su distribución y accesibilidad y no la cantidad de agua existente. En este sentido, los conflictos observados comúnmente por falta de agua para diversos usos, dan cuenta de que, al ser comprometida para actividades que benefician a unos, alejan de su acceso a otros. 

INCOHERENCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

El papel complaciente con iniciativas que resultan en insostenibilidad, asumido por los grupos que han administrado al Estado panameño en los últimos veinte años, no son la excepción en el concierto de países latinoamericanos, ya que las reformas legales e institucionales que supuestamente buscan la eficiente gestión de los recursos hídricos se orientan hacia un cada vez más reducido papel del Estado, empleando mecanismos de mercado a fin de proteger y promover la inversión privada, para reducir la presión sobre los presupuestos estatales de forma tal que estos reorienten el gasto público hacia otras demandas ‘políticamente más urgentes’. 

En tal sentido, el problema no es el otorgamiento per se de concesiones para usos del agua; el problema está en que se ofrezcan sin sentido de sostenibilidad ni de equidad social. Como en el caso de ríos importantísimos que nacen en tierras altas chiricanas, hay sobresaturación en sus concesiones. 

Resulta irónico que en sitios de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, donde se desarrollan proyectos hidroeléctricos, se encuentren comunidades enteras sin el acceso a luz eléctrica y en no pocas ocasiones sin la dotación de agua potable y el saneamiento básico. Tan irónico, como que las comunidades vecinas del lago Gatún, donde existen las plantas potabilizadoras de la Autoridad del Canal de Panamá y la distribución del IDAAN, experimenten escasez del agua por no contar con ese servicio. 

Pareciera que los diseñadores del proyecto se olvidaron de que vivía gente en estos lugares y no se contemplaron líneas de distribución hacia ellas, sino solamente hacia los centros urbanos y la periferia de ese distrito. Cabe esperar que, en situaciones como esta, la protesta pública de las comunidades sea una invitada obligada a la que después las mismas autoridades pretendan sancionar por ‘alterar el orden’. 

La Gráfica No. 1 presenta la dispersión que existe entre el número de concesiones de agua otorgadas y el número de hectáreas reforestadas. La curva de regresión revela una muy raquítica correlación entre ambos índices (esto es, una R2 de apenas 0.0151) en el período dereferencia. 

Obsérvese que hay una provincia (Chiriquí) con un exagerado número de concesiones, pero que muestra una relativamente baja superficie reforestada (punto final de la línea en la Gráfica No.1) y por lo común, el resto de las provincias muestran bajos niveles de reforestación, con independencia que se otorguen muchas o pocas concesiones (el apiñamiento de puntos hacia la izquierda de la Gráfica No.1 así lo indica) con lo cual pareciera sugerirse la inexistencia de coherencia en la política hídrica-ambiental panameña. 

EL PUEBLO NGÄBE-BUGLÉ: AMIGO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Estudios especializados del Consejo Latinoamericano de Sociología (CLACSO) sostienen que la etapa actual de aplicación de las políticas neoliberales en Latinoamérica está marcada por la intensificación de un modelo extractivo exportador (léase explotación de la minería metálica) que afecta los recursos naturales. 

Cabe advertir que, aún en el escenario que las empresas mineras metálicas apliquen prácticas de ‘responsabilidad social’, el volumen gigantesco de agua que este tipo de actividad requiere, inevitablemente introduce un conflicto con quienes hacen uso actual y a futuro de este recurso vital, en el contexto de un país pequeño como el nuestro. Téngase en cuenta que una mina metálica de tamaño un poco menor que la pretendida en Cerro Colorado, utiliza en una hora el volumen de agua que una familia campesina demora en consumir durante 20 años. Por ello, la oposición de la población ngäbe-buglé, de los campesinos de Chiriquí Oriente y el occidente de Veraguas ejerce contra la minería metálica, no se fundamenta en ‘meros caprichos conservacionistas’. 

Sin duda, frente a este tema hay mayor solvencia moral y política entre los grupos que han hecho aportes sustanciales a la preservación de los recursos naturales. 

Pero, ¿quiénes se han apropiado de los recursos boscosos poniendo en riesgo a las fuentes de agua de nuestro país? ¿Quiénes han sido amigables con el ambiente? 

Al menos geográficamente, la respuesta la ofrece la información de la Gráfica No. 2, donde es evidente que en las provincias de Coclé, Los Santos y Herrera operan los agentes sociales y económicos con las peores prácticas de manejo de la cobertura boscosa, ya que, en el período de referencia, redujeron su superficie de bosques en -18%, -22% y -17%, respectivamente. (Gráfica No.2) 

Solamente los pobladores de la comarca Ngäbe–Buglé sobresalen en la protección de sus recursos boscosos y, por ende, en la protección de sus fuentes de agua, esto es, con un porcentaje (2.6%) que muestra un aumento de su superficie cubierta por bosques. 

Un último argumento, existe información que habla de bajos niveles de deforestación dentro de las comunidades que pertenecen a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Esto es, aproximadamente -0.4% (CICH, 2007), ciertamente más baja que el resto de las regiones después de la comarca ngäbe-buglé. 

Este logro en la cuenca canalera ha sido posible gracias a la presencia de muchos recursos invertidos que han estimulado ciertas prácticas socioambientales. 

Los ngäbes-buglés, empero, sin esos recursos financieros y técnicos han logrado mucho más por ser de la Cultura Abia; por tanto, amigos incondicionales de los recursos naturales. 

El Parlamento panameño deroga la polémica reforma del código minero

Panamá, 18 mar (EFE).- La Asamblea de Diputados de Panamá derogó hoy la ley de reforma del código minero, que a principios de marzo el presidente Ricardo Martinelli se comprometió a revocar tras varias semanas de protestas protagonizadas sobre todo por grupos indígenas.

La norma fue derogada mediante "un proyecto de ley de sólo dos artículos", informó a Efe una fuente del parlamento, que señaló que la iniciativa legal contó con el voto unánime de los diputados presentes en la sesión, tanto del sector gubernamental como de la oposición.

En la Asamblea también estuvieron presentes representantes de la Coordinadora Indígena y Campesina, ante quienes Martinelli se comprometió a derogar la reforma del código minero el 3 de marzo pasado en la población de San Félix, en la occidental provincia de Chiriquí y foco de las principales protestas contra la minería.

En esa ocasión, el mandatario panameño también dijo que se archivarían los procesos judiciales abiertos contra los manifestantes que fueron detenidos en los disturbios, y apoyar económicamente a quienes resultaron heridos en los enfrentamientos con la policía.

La ley que reformó el código minero fue sancionada por Martinelli el 11 de febrero y desde entonces y durante tres semanas se registraron protestas de ecologistas, sindicalistas y sectores opositores, pero sobre todo de los indígenas de la etnia Ngäbe Buglé, en cuyos territorios están los principales yacimientos.

La reforma establecía un aumento en la regalía, cánones, tasas y multas para que las comunidades y comarcas aledañas a las concesiones mineras recibieran mucho más de lo que permitía el Código de 1964, que vuelve a estar el vigente.

Los indígenas Ngobe Buglé rechazan la minería en su comarca, como la explotación de Cerro Colorado, una de las reservas de cobre mayores del mundo, por el riesgo de contaminación de los acuíferos, la deforestación y el temor a ser desplazados de sus tierras que, según ellos, conlleva la actividad minera. EFE

http://www.ideal.es/agencias/20110318/mas-actualidad/internacional/parlamento-panameno-deroga-polemica-reforma_201103182124.html

El dilema de "Avatar" y la lucha contra la minería en Panamá

x Olmedo Beluche


Rechazamos tajantemente la idea imperialista de la burguesía (heredada de los españoles) de ‘civilizar’ mediante el despojo y asimilación a los valores capitalistas

El movimiento popular e indígena panameño acaba de asestar la primera derrota al gobierno empresarial de Ricardo Martinelli obligándole a anunciar la derogación del Código Minero recientemente aprobado, tras un mes de movilizaciones y varios días de tranques en la carretera Interamericana, con un costo alto de lesionados y muertos. Lucha que se combinó con la defensa de las libertades democráticas pisoteadas, no sólo del derecho a la libre manifestación, sino contra las detenciones arbitrarias y la expulsión del país de dos destacados periodistas, Paco Gómez Nadal y Pilar Chato.

Derrota del Código Minero una victoria de la movilización popular

Este éxito no hubiera sido posible sin la movilización masiva del pueblo Ngabe-Buglé, víctima reiterada de las políticas públicas de todos los gobiernos en su intento por desconocer los derechos y sus autoridades legítimas, reforzada con el apoyo unánime de otros pueblos indígenas, sectores sindicales, ambientalistas, estudiantes y organizaciones populares.

La unidad se forjó en torno al repudio de un código que hipoteca la soberanía a favor de empresas extractivas aliadas a gobiernos foráneos (como Corea y Canadá) que, además, convierte una gran proporción del territorio nacional en presa fácil de un negocio que desprecia la vida y los derechos de las comunidades, y que implica la depredación de la naturaleza en función del lucro capitalista.

La embriaguez de la victoria no puede hacernos olvidar que aún no todo está dicho, que seguramente el gobierno de Martinelli intentará quitar con una mano lo que ha concedido con la otra, como hizo con la Ley Chorizo; que las concesiones mineras continúan fuera de los territorios comarcales, y que las minas de Petaquilla y Minera Panamá (Donoso, Colón) siguen funcionado con contratos leoninos y casi sin controles ambiéntales y sociales.

Más allá de la lucha contra la minería, los derechos de los pueblos originarios

Derrotada por ahora la minería en las Comarcas, hay que ir más allá para exigir el respeto a los pueblos originarios: el derecho a su tierra, a su organización política autónoma, a su autodeterminación democrática, sus tradiciones, su lengua y su cultura. Rechazamos tajantemente la idea imperialista de la burguesía panameña (heredada de la colonia española) de ‘civilizar’ mediante el despojo y asimilación a los valores capitalistas (‘aculturización’ dicen los antropólogos).

Por ello desde el Partido Alternativa Popular hemos defendido junto a nuestros pueblos originarios la exigencia de que el gobierno panameño (del PRD antes, y del CD ahora) ratifique el Convenio 169 de la OIT y hemos apoyado incondicionalmente las demandas de la Coordinadora Ngabe-Buglé .

Un debate inconcluso: ¿Qué hacer con la minería?

El ‘interregno’ de los Carnavales debe permitirnos no sólo celebrar la victoria popular, sino también para reflexionar un poco respecto a los objetivos en el largo plazo, puesto que las urgencias de la lucha y la unidad tan variopinta que se alcanzó, también dejó entrever un debate no realizado entre diversas posiciones respecto al tema minero.

¿Estamos de plano contra la minería en general? ¿Sólo contra la minería ‘a cielo abierto’, como se ha aprobado en Costa Rica? ¿Contra la minería metálica? ¿Por una consulta pública? ¿Cuál es el enemigo que combatimos, un grupo de ‘hombres perversos’ (‘los políticos’) o una clase social? ¿El problema es un modelo de explotación minero? ¿Existe un tipo de minería racional que podría ser aceptable?

El falso dilema de la película ‘Avatar’

Algunas corrientes ecologistas dejan entrever una visión del problema que, no por casualidad, es el de la película ‘Avatar’, que estuvo de moda hace un año. El dilema de Avatar es entre un modelo depredador e irrespetuoso con la naturaleza y una supuesta sociedad no tecnológica que vive en absoluta armonía con la naturaleza.

A nuestro juicio, el dilema de Avatar es falso por varios motivos:

1. Todas las sociedades humanas, al margen de su grado de desarrollo tecnológico, impactan sobre el ambiente natural, por ende no existe, ni nunca ha existido una sociedad ideal que no transforme su entorno. Las diferencias son de grado en todo caso, puesto que una sociedad agrícola impacta al ambiente de una forma diferente y en mayor plazo de tiempo, que una industria extractiva ultramoderna, pero ambas modifican el entorno;

2. Esto se debe a que la característica básica de la especie humana, respecto al resto de los animales, es la combinación del razonamiento lógico con el trabajo social que ha ido humanizando al planeta, es decir, organizándolo para su beneficio, y esto no es bueno, ni malo, es un hecho objetivo. A lo que podríamos agregar que los animales también modelan el entorno, aunque lo hagan irracionalmente;

3. El dilema de Avatar evade el problema principal actual: el tipo de organización social y económica que tiene la sociedad, es decir, el sistema capitalista imperialista y la explotación irracional de la gente y la naturaleza para garantizar la esencia del sistema, la ganancia empresarial.

¿El problema es la minería o el capitalismo?

En el marco de la lucha escuchamos algunas conferencias y conversamos con ambientalistas para quienes el mal de la minería y la destrucción del ambiente se reduce a los ‘malos políticos’. La solución que proponen es una oposición a cualquier tipo de extracción minera y darle la espalda a los políticos y a la política. Salida que debe ser muy satisfactoria para los políticos burgueses (llamémoslos por su nombre completo) pues sigue dejando en sus manos los destinos del país.

A nuestro juicio en esa opinión hay un doble error: 1. La oposición absoluta contra la minería es utópica y reaccionaria, porque la sociedad tecnológica del siglo XXI no puede subsistir sin los metales, y no creo que nadie (incluidos ambientalistas) esté dispuesto a volver a ‘la edad de piedra’; 2. No ayuda a que las víctimas del actual sistema minero se organicen, políticamente, para enfrentar el sistema de explotación de clases, capitalista, que es la causa real del problema.

La minería está estructurada en función de intereses privados y exógenos

En el marco de este debate nacional Juan Jované ha escrito unas ‘Tesis sobre la Minería’ que lamentablemente han sido poco difundidas, cuyo análisis compartimos, pero cuya conclusión general requiere una acotación de nuestra parte.

Las tesis parten por establecer correctamente que el problema minero en Panamá tiene tres planos conectados: el de la soberanía nacional, el de intercambio desigual y el del impacto ambiental.

‘El elemento que le da unidad (al conjunto de esos planos)’ está dado por una realidad: todos ellos operan sobre la lógica de la producción centrada en beneficios privados. Esta lógica, debemos recordar, está dada por el hecho de que su contenido específico es la valorización del capital, esto es la generación y apropiación de la ganancia. Más aún se trata de un proceso sin límites, en el que el objetivo no es la ganancia aislada, sino el apetito insaciable de ganar, el cual se logra por la búsqueda de una expansión incesante del sistema, sostenida en el proceso de la creciente acumulación’.

Efectivamente, el problema de la minería y de la industria en general es que está organizada por la sociedad capitalista para asegurar la lógica inhumana de este sistema social: el lucro creciente de una minoría, una clase explotadora que se mueve a nivel internacional que, para lograrlo no se para ante nada, ni el sufrimiento humano, ni la destrucción de la naturaleza.

Respecto de la soberanía afectado por la Ley 8, dice Jované: ‘olvida, de manera interesada por cierto, la verdadera naturaleza de los actuales Estados del sistema globalizado’, es decir, potencias imperialistas y sus transnacionales, someten al resto de los países como estados semicoloniales o dependientes para saquear sus riquezas naturales.

‘Consistente con lo anterior en el plano económico el desarrollo de la actividad de la minería en Panamá no está, desde luego, pensada en términos del desarrollo nacional’.

‘En el plano de la valorización del capital aparece claro que la producción minera en los países como Panamá constituye un mecanismo para reducir los costos y elevar, por tanto, la rentabilidad del capital transnacional’.

‘El desarrollo del capital a nivel global con su tendencia interna a la continua e ilimitada expansión, genera por su misma esencia una contradicción con la naturaleza y los servicios del ecosistema que termina produciendo una fractura metabólica’ (incapacidad de auto regenerarse de la naturaleza).

En resumen: el problema de la minería es que está estructurada para beneficio de la explotación capitalista de las trasnacionales y no de un plan de desarrollo nacional que beneficie al pueblo panameño, ni mucho menos a los pueblos originarios. Expoliación imperialista que acaba destruyendo la naturaleza. A nuestro juicio ese es el punto central del problema. En una frase, el problema es el sistema capitalista imperialista, no la minería en sí misma.

Parafraseando al Foro Social Mundial cabe preguntarse ¿’Otra minería es posible’?

En este sentido debemos matizar que coincidimos en que hay que oponerse a la minería bajo el modelo depredador capitalista actual, pero no establecer una oposición de principios (casi moral) y para todos los tiempos a cualquier forma de actividad minera. Por ello estaríamos de acuerdo con ‘veda’ o congelamiento de concesiones mineras en el conjunto del territorio nacional, mientras duren ‘estas circunstancias’, es decir un modelo de saqueo capitalista de explotación minera.

Pero justamente estamos organizados y luchamos cada día para modificar ese sistema social, tanto nacional como internacionalmente. Porque el principio guía, para los socialistas, no es la oposición a la minería, sino la lucha porque desaparezca la explotación de clase, para que la economía (la producción minera incluida) responda a los intereses de las mayorías y al mejoramiento de sus vidas.

Así como somos optimistas respecto a que la humanidad, luchando, puede cambiar (como lo ha hecho en el pasado) el actual sistema de clases, también podrá haber un día una minería racionalmente puesta al servicio de la gente y con el menor impacto posible sobre la naturaleza.

Luego surgen otros problemas concretos que requieren respuestas: ¿Qué hacemos con Petaquilla que ya funciona?

En unas reflexiones recientes, el compañero Edgardo Garrido, ecólogo marxista y compañero de luchas, decía, hablando de la mina de Petaquilla que: ‘Técnicamente hablando, lo moralmente aceptable es: EXPROPIAR Petaquilla, PROHIBIR la explotación de Cerro Colorado y transferir nutrientes del suelo y la selva removida de unas zonas mineras a la comarca Ngabe Buglé’ (cuyos suelos están altamente erosionados).

Garrido culmina su reflexión lanzándonos un problema: ‘Si no hacemos la revolución socialista hoy, la explotación minera seguirá siendo hecha por empresas privadas’.

Secretario General del Partido Alternativa Popular (PAP)
Panamá, marzo de 2011.

http://www.lahaine.org/index.php?p=51962