Movimientos sociales rechazan proyectos de ley sobre privatizaciones y minería

Camila Queiroz

Periodista de ADITAL

Adital

Amenazas al pueblo panameño. Es así como los miembros de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), en huelga desde el último día 20, y otros profesionales de la salud, profesores y estudiantes se refieren a los proyectos de ley 349 y 394.

Ejerciendo presión, consiguieron que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunciara que el proyecto de ley 349 será enviado a la Concertación Nacional, para intentar un consenso sobre el asunto. La fecha y metodología de la Concertación no fueron definidas todavía.

El proyecto 349, con 105 artículos, establece que se permitirá privatizar la Caja del Seguro Social (CS), el Canal de Panamá, las carreteras, la salud, las minas y varios otros sectores estratégicos mediante la Asociación Público-Privada (APP).

El proyecto de ley 394 se mete directamente con el Código Minero, aprobando buena parte de los puntos incluidos en la Ley 8 de 2011, revocada después de jornada de protestas del pueblo Ngäbe Buglé, de la provincia de Chiriquí, en marzo de este año.

Ante esta situación, los movimientos sociales difundieron un comunicado en el que exigen el retiro del proyecto de ley 394 y piden, en su lugar, la aprobación del Anteproyecto de Ley 45, que restablece retroactivamente la vigencia de las normas revocadas del Código Minero, dejándolo como estaba antes de la Ley 8 de 2011.

"La negativa del gobierno nacional a restaurar la prohibición de que empresas propiedad de Estados extranjeros inviertan directa o indirectamente en minería, demuestra que el mismo está alineado con los intereses particulares antagónicos al bien común y no con los de las comunidades indígenas y campesinas que sufrirían directamente las consecuencias de la explotación minera”, denuncian.

En relación con el proyecto 349, destacan que "abriría las puertas” a la destrucción ambiental, pues el Plan Estratégico del Gobierno prevé la construcción de infraestructura, como caminos "no necesarios”, según el comunicado, que pasarán por playas, manglares y áreas protegidas.

Además, se señala, habría un mayor endeudamiento público, superior a los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Para los movimientos, esto es motivo de preocupación, pues garantiza altas tasas de retorno para los inversores privados, mientras que el riesgo sería asumido por el Estado, o sea, por todos los panameños, en su condición de contribuyentes.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=7&cod=62180

De nuevo conflicto con indígenas panameños por ley minera

Por Luis Manuel Arce Isaac

Panamá, 25 oct (PL) La reactivación de una ley minera avivó de nuevo el conflicto entre el gobierno panameño y las comunidades indígenas porque deja intacto, al parecer, un acápite que permite la explotación de yacimientos a Estados extranjeros.



Ese fue un punto neurálgico de la ley 8, la cual reformaba el código minero que el presidente Ricardo Martinelli se vio obligado a derogar por las protestas indígenas de febrero y comprometerse a que en una nueva legislación se excluirían de la explotación minera tierras comunales.

En largas y accidentadas negociaciones entre la coordinadora de los derechos del pueblo ngöbe buglé y una comisión ad hoc de la asamblea, se acordó finalmente un proyecto de ley que poco o nada tiene que ver con el que se discute ahora en la Asamblea, el cual es protestado por los indígenas que se sienten burlados.

Fabio Pinzón, de la coordinadora, dijo que si el Gobierno no les cumple con la ley especial, el 31 de octubre bloquearán las vías en San Félix, Viguí, San Lorenzo, y además en Pacora, provincia de Panamá.

La coordinadora la integran 16 grupos y en muchas regiones es apoyada por campesinos, aunque no en otras, y todos rechazan el proyecto de ley aprobado en primer debate en la Asamblea que restablece varios artículos del Código de Recursos Minerales, porque permitiría la explotación minera en la comarca.

El gobierno tiene razón en darle un orden legal al sector minero que desde que fue derogada la ley 8 carece de respaldo institucional y eso impide que las mineras cumplan compromisos como aumentar a cuatro por ciento las regalías y mejorar los ingresos por esa vía de los distritos donde están las concesiones.

Pero, al margen de esa realidad, los indígenas lo que piden es que se cumplan las promesas de Martinelli de no promover ni explotar yacimientos en las comunidades durante su gobierno y excluir a estados extranjeros.

El ministro de Comercio, Ricardo Quijano, dijo que con el proyecto se busca poner fin a la anarquía existente, porque se carece de un instrumento legal, y argumentó que no es una legislación nueva, sino una restitución de artículos no reactivados con la derogación de la Ley 8 de 2011.

Y he ahí el problema, pues la propuesta del gobierno no discrimina aquellos vetados por los indígenas, sino que los deja vigente como el referido a los estados extranjeros, ni hace referencia a los compromisos de no promoción ni explotación de yacimientos en tierras indígenas, según la coordinadora.

Lo cierto es que las protestas comenzarán este mes en medio de una lamentable división en el campo indígena estimulada por el gobierno, según denuncias de la coordinadora, al aupar a grupos contrarios a las posiciones de quienes rechazan la minería.

De esa manera se han formado dos bandos, uno que apoya la minería si les dan a las comunidades el 50 por ciento de los beneficios de ésta, y es encabezado por Generoso Montezuma, y otro que la rechaza de forma absoluta y la lidera la coordinadora.

Ambos harán piquetes en las cercanías de la Asamblea con intereses y metas contrapuestas. Ya sea desde una posición en contra de la ley o a favor de esta, los dos grupos exigen al gobierno que se les tome en cuenta a la hora de aprobar la polémica legislación.

El presidente de la coordinadora, Rogelio Montezuma, dio la pauta de lo que se avecina al indicar que la nueva jornada de protesta tiene el fin de demostrar el rechazo a la presentación en la Asamblea Nacional de la Ley porque es una burla inaceptable y exigirán su retiro inmediato.

Este miércoles 26 de octubre puede desatarse la tormenta indígena.

lac/lma

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=423925&Itemid=1

Minería desata nuevas protestas

INDÍGENAS VOLVERÁN A LAS CALLES

JULIÁN URBINA LANUZA
periodistas@laestrella.com.pa
Si los diputados no frenan el proyecto de ley sobre minería, los ngöbes bloquearán desde mañana en Chiriquí y la comarca



PIQUETEO. El Suntracs y los indígenas se concentraron ayer ante la Asamblea Nacional en contra del proyecto minero. Foto: Edwin González | La Estrella





Hace 14 h 25 min PANAMÁ. Los indígenas ngöbes anunciaron ayer una escalada de protestas en contra del nuevo proyecto de ley de reformas al Código Minero, presentado por diputados de Cambio Democrático.

Celio Guerra, presidente del Congreso Ngöbe Buglé, manifestó que mañana, miércoles, en Pueblo Nuevo y San Félix (en Chiriquí) se realizará un ‘precalentamiento’ donde se acordarán las movilizaciones y protestas en oposición a la propuesta minera.

Guerra indicó que luego las concentraciones se prolongarían a varios puntos de la comarca y seguirán hasta que se logre detener el proyecto.

La advertencia fue lanzada poco antes de que en el pleno, los diputados empezaran el debate del proyecto de ley minera. Pero la discusión solo llegó hasta la lectura, pues se declaró un receso hasta hoy.

El punto más polémico de esta propuesta de ley es que en Panamá no se prohibiría las concesiones mineras a gobiernos extranjeros.

‘La principal amenaza es que con esta reforma al Código Minero, las concesiones podrán ser vendidas a empresas extranjeras, convirtiéndose en dueños de sus preservas naturales y restos arqueológicos’, dijo el dirigente indígena.

Sostuvo que entre el 2004 y 2006 se otorgaron tres concesiones mineras de 36 mil hectáreas en la comarca.

Los ngöbes aseguran que tienen malas experiencias con las empresas mineras, ‘que les cierran sus vías de acceso y hacen un gobierno interno en sus poblaciones’.

‘GOBIERNO INCUMPLE ACUERDOS’

Los indígenas reclamaron por el incumplimiento del acuerdo firmado entre ellos y el gobierno, el 22 de febrero pasado, cuando el presidente Ricardo Martinelli aseguró que ‘le importaba un comino la minería’.

Incluso, esto se lo recordaron al mandatario en una carta que le enviaron recientemente.

DIVISIÓN EN LA COMARCA

Dentro de la comarca la minería genera profundas divisiones. Mientras unos se oponen a la entrega de concesiones, otros —representados por grupos ambientalistas— aprueban el proyecto con tal de recibir el 50% de lo que generen las concesiones.
http://laestrella.com.pa/online/impreso/2011/10/25/mineria_desata_nuevas_protestas.asp

Comisión de Comercio aprueba Código Minero; ambientalistas están decepcionados

Deivis Eliecer Cerrud
dcerrud@laestrella.com.pa
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@DeivisCerrud




Los miembros del Suntracs protestaron hoy en la Asamblea.




2011-10-19 La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, un poco silenciosa, aprobó en primer debate este miércoles en horas de la noche el proyecto que reforma el nuevo Código Minero y deja intacto un artículo, que fue polémico en meses pasados.

Se trata del artículo 4 integro prohibiendo concesiones mineras a Estados extranjeros, pero no es retroactivo.

Los diputados no rescataron en ese artículo la frase ... gobiernos extranjeros..."ni las personas jurídicas", por lo cual deja abierta la posibilidad que un gobierno extranjero abra una personería jurídica en Panamá para impulsar la explotación minera.

Para los ambientalistas significa que sociedades anónimas de gobiernos extranjeros igual podrán explotar minerales y obtener concesiones en Panamá.

Fueron 5 votos a favor y 2 abstenciones. El proyecto fue avalado por Raúl Hernández, presidente de la Comisión; José María Herrera; Aris De Icaza y Gabriel Méndez, del partido gobernante Cambio Democrático (CD).

Además, contaron con el voto favorable del panameñista Francisco "Pancho" Alemán.

Las abstenciones fueron del molirena Jorge Alberto Rosas, de Chiriquí y el perredista Crispiano Adames. La perredista Crecencia Prado y Dalia Bernal, del CD, no asistieron.

Para el diputado y presidente de la Comisión de Comercio, Raúl Hernández, existe una carencia en materia de reglamentación.

En tanto, Alida Spadafora, activista y ambientalista, dijo a La Estrella que "se permite que gobiernos extranjeros, a través de sociedades anónimas, hagan inversiones en Panamá en la minería".

"Esas empresas que son de los Estados de Singapur o de Corea y de todas que tienen inversiones en Panamá, serán permitidos que ellas inviertan a través de sociedas anónimas".

La directora ejecutiva de Fundación ANCÓN detalló que los acuerdos de San Félix, donde los indígenas solicitaban la prohibición completa de las inversiones mineras en sus comarcas, con otro artículo se permite la minería debido a que se les pone a compartir el 20% de las ganancias.

"Es decepcionante, porque el objetivo de esta ley, aparentemente, solo era restituir los artículos derogadas por la Ley 12 de 2011, que deroga La Ley 8 de 11 de febrero de 2011 del Código Minero".

Se pone en riesgo que en la Comarca Ngöbe Buglé, Cerro Colorado, Cerro Pelado y donde hay intereses mineros haya permiso o diga legalmente que puedan invertir.

Inicialmente se les quería impedir la entrada a la Asamblea a los ambientalistas Raisa Banfield y Félix Wing por las protestas del Suntracs.

"Hay apuro que el Código Minero se apruebe con modificaciones que lo desmejoran más que las anteriores", dijo Banfield.

Fue en el mes de febrero que se dieron fuertes enfrentamientos entre los miembros de los grupos indígenas y la Policía Nacional, que terminó con la derogación de la Ley 8.

"Ya aprobaron la ley y no se mejoró nada de la Ley 8, so pretexto de restablecimiento del marco legal. Se volvieron a burlar de nosotros", agregó Banfield.

En horas de la noche, la página web del Legislativo, que actualiza noticias, no había informado de la aprobación.

http://laestrella.com.pa/online/noticias/2011/10/19/comision_de_comercio_aprueba_codigo_minero;_ambientalistas_estan_decepcionados.asp

Tras los pasos de Colón

La empresa minera ha construido una escuela, pero almacena cianuro en embalses que se desbordan

Vida | 10/10/2011

ANDY ROBINSON | COCLESITO
Enviado Especial

La excavación de la mina de oro Petaquilla ha acabado con 5.000 hectáreas de selva en una región exuberante, pero de frágil biodiversidad Andy Robinson

Es obvio hablando con Carmelo Yangüez en la terraza de su humilde vivienda de madera, color verde pastel, con huerta de café y banana. Seis años de lucha contra la mina de oro de la multinacional canadiense Petaquilla Gold empiezan ya a mermar la moral. "La gente se va aflojando, buscan trabajo en la mina; los políticos locales se han vendido", dice Yangüez, residente en Coclesito, un pueblo de unas 300 familias campesinas en medio de la selva del noroeste panameño, a unos 15 kilómetros de la mina.

Hace dos años, cientos de vecinos de Coclesito y las comunidades indígenas río abajo cerraron la carretera de tierra a la mina durante 17 días en protesta contra el proyecto de extraer oro y procesarlo con cianuro en una región de exuberante pero frágil biodiversidad.

Luego, llegaron los antidisturbios. "No estamos acostumbrados a esa clase de violencia; nos metieron miedo", dice Yangüez. Sin elaborar el obligatorio informe de impacto medioambiental, Petaquilla inició la producción a primeros del año pasado. Dice que ya extrae 7.000 onzas de oro cada mes, más de ocho millones de euros a precios actuales. Ante el hecho consumado, muchos indígenas han aceptado las ofertas de reubicación de Petaquilla, sin consultar con un abogado, dice Yangüez. "Hay mucha propaganda de la empresa sobre el desarrollo, y mucha gente se lo cree". indica.

Y, desde luego, Petaquilla –con sede en la ciudad canadiense de Vancouver– echa mucha imaginación a sus campañas de relaciones públicas. Subiendo en un 4x4 por la carretera a Coclesito –un hervidero de actividad constructora con decenas de nuevas excavadoras Caterpillar y camiones Mack–, carteles con el sonriente niño petaquillín advierten: "¡No boten basura!". Hay huertas de productos orgánicos patrocinadas por Petaquilla que "no producen nada", dice Yangüez.

Tras arrasar 5.000 hectáreas de selva para la mina, la empresa está reforestando una zona junto al río que, según los habitantes del pueblo, ya tiene abundancia de árboles y plantas. Petaquilla ha financiado un nuevo colegio donde "los maestros no pueden hablar en contra de la mina", dijo otro residente de Coclesito, Rufo Lorenzo.

Pero lo más imaginativo de la campaña de imagen de Petaquilla es el programa de desarrollo turístico ideado por la Fundación Castilla de Oro, creada por Richard Fifer, ex gobernador del estado de Coclé, ahora consejero delegado de Petaquilla Gold. La fundación pretende fomentar la construcción de "hoteles, centros de convenciones y parques temáticos (...)", para "recuperar esta región dentro del mapa turístico internacional (...), un paraíso terrenal donde los visitantes podrán recorrer los pasos de los aventureros del siglo XVI", según su propaganda.

Desde luego, Coclesito tiene un pasado hecho a la medida de un superparque temático. Colón construyó su primer asentamiento muy cerca de aquí en enero de 1503 y anunció eufórico que había visto más oro que en sus tres viajes anteriores. Luego, Quibian, el líder de los indígenas ngobe, movilizó a las diversas comunidades indígenas en la región para expulsar a los españoles. "Es donde se produjo el primer descubrimiento de oro y la primera revuelta indígena", dice el catedrático Julio Yao. "Y es lo que hace falta ahora".

El problema para cualquier proyecto turístico en Coclesito no es el pasado sino el presente. La mina Petaquilla se ha excavado en la cabecera de tres ríos en una zona de lluvias abundantes. La empresa separa el oro de la roca molida utilizando enormes cantidades de agua y cianuro y almacena los residuos en grandes embalses que se desbordan con frecuencia. "Cada vez que se desbordan aparecen peces muertos", dice María Muñoz, líder campesina, mientras enseña fotos de cientos de peces flotando en el río.

Petaquilla y Fifer niegan que haya derrames tóxicos. Su portavoz, Carlos Salazar, hasta bebió un vaso de agua del río ante las cámaras de televisión. Insisten en que la mina traerá desarrollo, infraestructura, inversión, y empleo. Pero en Coclesito la gente parece mas resignada que convencida. "Quisiera una carretera sin mina", indica Darío Saavedra, un joven ganadero que trae vacas esqueléticas recorriendo cien kilómetros desde su pueblo en Taobre, accesible sólo por río o a pie. La familia Pérez, una de cientos que viven en condiciones de pobreza absoluta al borde de la carrera en construcción, aseguraron que estaban en contra de la mina.

Petaquilla Gold es sólo el principio. Otra empresa, Minera Panamá, con muchos de los mismos accionistas que Petaquilla, ha recibido la concesión para excavar una enorme mina de cobre en un área tres veces más grande que la mina de oro. Otro megaproyecto minero se negocia en Cerro Colorao, en medio de la comarca de los ngobe actuales, donde se cree que puede estar el yacimiento de cobre más grande de América. En Cerro Colorao, sin embargo, los ngobe reivindican el espíritu guerrero de Quibian. "Si abren una mina, habrá incidentes", señaló Lorenzo Montero, uno de los líderes de los ngobe, durante una cena en Ciudad Panamá. "En Petaquilla han diezmado las fuerzas de la gente, pero esto no nos va pasar a nosotros".

Para España estas son mucho más que historias exóticas sobre el nuevo Eldorado. Petaquilla Minerals negocia en estos momentos la reapertura de dos minas de oro en Huelva donde pretende explotar hasta 10 millones de onzas, según explicó Fifer en una entrevista con su propia fundación el mes pasado. "España está reconectando con sus recursos naturales", dice en un inglés impecable con acento americano. "Tenemos una buena reputación que se manifiesta en la disposición de los alcaldes de la región a viajar a España y dar el mensaje de que el concepto corporativo de Petaquilla es la participación en la comunidad y en la enseñanza".

http://www.lavanguardia.com/vida/20111010/54228382866/tras-los-pasos-de-colon.html

Síntesis socioambiental de la lucha comunitaria

Nuestra riqueza ecológica e hídrica es una de las más cotizada por el mercado de la energía, la cual por las características física del país acondicionan las formas de explotar los ríos y fuentes naturales.

En Panamá se ha determinado que existen 24 hidroeléctricas ya adjudicadas o en trámite de subasta. Por ende, en nombre de los Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL aun continúan con las iniciativas obsoletas, de alto costo e impacto ambiental y social con hacer hidroeléctricas.

En materia minera los últimos datos sobre la economía panameña la explotación de minas y canteras a sido de 19.4% del Producto Interno Bruto en 4.515 millones de dólares de enero a abril del presente.

Sin embargo, aun se desconoce el desarrollo o la producción para Panamá, en donde el código minero aun apunta a las exportaciones con gran marginalidad hacia las iniciativas sociales. Sobre sus consecuencias ya se manifestó que las concesiones solicitadas y adjudicadas para la explotación minera representan 2. 333. 829 hectáreas del territorio panameño. Es decir, tres veces Panamá, cuya extensión es de 750. 000 hectáreas. Sin embargo, la violaciones a los derechos de las comunidades son latentes sin ser divulgados por los medios de comunicación.

Por otro lado existen proyectos turísticos en desarrollo a través de la ejecución del Plan Maestro de Turismo 2020, la cual contempla alrededor de 96 proyectos turísticos, por un valor de 3 millones 534 mil 985 dólares aprobados por la Autoridad de Turismo de Panamá y al menos el 80 por ciento está en construcción. Sin embargo no contemplan las cualidades y riquezas de las comunidades y ecosistema.

Entre las afectaciones comunitarias de estos proyectos están:

* Incertidumbre de las comunidades a ser desplazados.
* Hostigamiento y persecución a las comunidades y dirigentes.
* La ausencia de mecanismos de resolución de conflictos por parte del estado.
* La carencia de servicios públicos por el Estado, la cual pasa a ser ejecutado por la empresa de forma condicional y engañosa.
* La degradante falta de salud ambiental a la población.
* División de la comunidad generando un clima de zozobra y pleitos por los intereses ofrecido por la empresa.
* La falta de vías de acceso a las comunidades, y que por lo general sus pavimentos y carreteras son destruidos por la movilización de equipo pesado.
* Proliferación de vicios sociales debido a las ofrendas y regalías de la empresa a trabajadores y comunidad.
* Los Estudios de Impactos Ambientales que no cumplen con la consulta a las comunidades.
* Las medidas cautelares emitidas por la CIDH que el ex presidente Martín Torrijos, y actual presidente de Panamá Ricardo Martinelli no hay querido reconocer a favor de las comunidades indígenas Ngöbé afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 y el pueblo indígena Naso afectados por la Empresa Ganadera Bocas.

Ante este escenario, Comités y organizaciones solidarias a través de distintas redes, y temáticas apuntan a reafirmar sus estrategias de lucha ante la carencia de políticas de conservación y de manejo ambiental del actual gobierno y sus empresarios. Desde manifestaciones hasta bloqueo de calles son algunas de las opciones a tomar debido a que los canales de diálogo no se cumplen de parte de las autoridades nacionales. Y de cumplir solo lo hacen para manifestar su disposición de escuchar, pero de fondo continúan con sus iniciativas depredadoras y hostigadoras a las comunidades.

http://www.gritomesoamerica.org/index.php/boletines/38-boletines/70-sintesis-socioambiental-de-la-lucha-comunitaria.html

PANAMA: Carta de advertencia del pueblo Ngobe-Buglé al presidente Martinelli

COORDINADORA POR LA DEFENSA DE LOS RECIURSOS NATURALES Y EL DERECHO DEL PUEBLO NGABE, BUGLE Y CAMPESINO
II SESION EXTRAORDINARIA

Comarca Ngabe – Bugle, 26 de Junio de 2011.

Lic.
RICARDO MARTINELLI
Presidente constitucional
Panamá, Rep. De Panamá

E. S. D.

Su Excelencia señor Presidente

La presente tiene la finalidad de saludarlo y desearle salud y éxitos en sus funciones presidenciales en beneficio del pueblo panameños.

En virtud del acuerdo firmado en San Félix y dando seguimiento a la Propuesta de Ley Especial consensuada entre la Comisión de la Asamblea de Diputados y la Coordinadora en el marco de la Comisión Ad-Hoc, (se eliminó una frase) que prohíba explícitamente la actividad minera y la protección de los hídricos y ambientales en la comarca Ngabe, bugle y campesino, queremos expresar en primer término nuestra posición a cerca del proceso y el tratamiento que se ha dado a este tema y situación.

Primero: Uno de los aspectos que generó mucho debate en el proceso de dialogo es la poca atención a los afectados de la manifestación, la presencia de los extranjeros afines a la minería y las constantes actividades sobre la minería e hidroeléctricas en la comarca. Este hecho ha demostrado la poca seriedad que tiene el gobierno en atender una situación tan sensible y delicada que puede generar nuevamente serios problemas en la población Ngabe – Bugle y Campesino.

Segundo: En el proceso de dialogo entre la representación de la Asamblea de Diputado y la Coordinadora se acordó crear una comisión para dar el abordaje al tema de la ley de moratoria y la revisión de la ley 41 de 1975 que crea el CODEMIN. Sobre este tema no vemos avances y el gobierno nacional no ha hecho nada para que se cristalice esta jornada de trabajo, que es parte de un conjunto de peticiones y acciones que dieron origen al acuerdo suscrito entre las parte el día 27 de febrero de 2011.

Tercero: En el acto de entrega del informe de la Comisión el día 20 de mayo, las partes involucrados acordaron dar el tratamiento especial a la propuesta de ley consensuada y declarar su discusión con urgencia notoria en la Asamblea nacional con la finalidad de cumplir con la petición que el pueblo Ngabe, Bugle y Campesino exigió en el acuerdo suscrito por el gobierno nacional.

Cuarto: Actualmente se observa a un conjunto de empresas con el auspicio del gobierno nacional promocionando actividades de capacitación sobre la minería e hidroeléctricas en la zona periférica de la Comarca. Sumado a ello, han dejado archivada la propuesta de Ley Especial que regularía la minería y la protección de los recursos hídricos y ambientales en la comarca Ngabe – Bugle.

Señor presidente, los elementos antes citados y con los resultados de la II sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Tole, nos conducen a declarar lo siguiente:

El gobierno nacional ha dilatado la presentación de la propuesta de Ley Especial consensuada para su respectivo debate al pleno de la Asamblea Nacional
El Gobierno Nacional está imponiendo, promocionando y maniobrando la aprobación de los proyectos mediante compra y coimas a los delegados de los Congresos
El Gobierno Nacional no le ha dado la importancia a este tema que es de relevancia nacional
El Gobierno ha incumplido con el acuerdo pactado (No se ha brindado apoyo a la familias del señor Abraham Montezuma y las demás victimas producto de la manifestación).
No se ha creado la Comisión para el abordaje al tema de CODEMIN.
No se ha retirado los chilenos y canadiense pro- mina en la comarca.
La empresa GENISA sigue interviniendo en Tabasará

Vistos de manera responsable estos temas y después de un amplio análisis, los Miembros de Bases de la Coordinadora adoptaron las siguientes decisiones:

Retomar el acuerdo firmado en San Félix el día 27 de febrero de 2011.
Establecer fecha limite para que el Gobierno cumpla con los temas señalados y la presentación de la Ley Especial consensuada a la Asamblea Nacional para el día lunes 11 de julio del 2011.
Reiniciar la manifestación y retornar a nuestra trinchera de lucha en cada una de las bases establecidas.
Exigir la suspensión de todas las concesiones en la comarca (minería, hidroeléctricas, turismo y otros).

Si no se cumple con esta petición, le advertimos al Gobierno Nacional que reiniciaremos manifestación pacifica desde el día 11 de julio del 2011 en adelante, en cada uno de los puntos de bases; al tiempo que, responsabilizamos de manera directa al gobierno nacional por las consecuencias que se derive de la misma.

Del señor presidente, nuestro respeto y consideración

Atentamente

ROGELIO MONTEZUMA AUSENCIO PALACIO
Presidente de la Coordinadora Secretario

Cc. Lic. Demetrio Yimy Papadimitri Ministro de la Presidencia
Lic. José Muñoz Presidente de la Asamblea Nacional
Lic. Roberto Henrique Ministro de Comercio e Industria
Lic. Roxana Méndez Ministra de gobierno
Obispo José Luís Lacunza Obispo de la Diócesis de David
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