Ciudad de Panamá, (dpa) - Organizaciones ambientalistas de Panamá exigieron hoy al gobierno "transparencia" en los procesos mineros, y denunciaron la exclusión de la sociedad civil de un debate en el que predomina la falta de información sobre el tema.
La directora ejecutiva interina del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Tania Arosemena, dijo a dpa que la minería a cielo abierto representa una amenaza al ecosistema y que los ciudadanos tienen derecho a saber los riesgos de agredir a la naturaleza.
Arosemena adujo que los trámites para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero de Cobre de la empresa Minera Panamá, fueron iniciados sin que la población disponga de información clara, lo que induce a un amplio debate nacional.
Minera Panamá, es una compañía panameña, subsidiaria de INMET MINING CORP, multinacional de capital canadiense con operaciones en Turquía, España, Finlandia, Canadá, Nueva Guinea, y ahora en Coclesito, en la caribeña provincia de Colón, donde prevé la explotación de yacimientos cupríferos.
En la ejecución del proyecto minero en este país serán removidas unas 5.700 hectáreas de selvas y bosques tropicales, con una superficie equivalente a 5.700 campos de fútbol, donde además de la pérdida de la cubierta vegetal será interrumpido el Corredor Biológico Mesoamericano, subrayó Arosemena.
La preocupación del CIAM es compartida por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) y Panamá Sostenible, quienes criticaron el plazo de 20 días para la revisión del estudio del proyecto, que dispone de más de 2.000 páginas, y la contratación oficial de una firma evaluadora particular.
El Estudio de Impacto Ambiental fue presentado el 10 de septiembre a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), pero el CIAM desconoce aún su contenido. El 26 de octubre interpuso una acción de "Habeas Data", ante la Corte Suprema de Justicia, para que sea ordenado el suministro de la información pública solicitada.
Pese a ello, la directora de Relaciones Externas de Minera Panamá, Mercedes Morris, adujo que la empresa apuesta por actividades responsables y contribuye al mejoramiento de infraestructuras (puentes). El apoyo abarca al Centro de Salud local, la extensión agropecuaria y varios programas de emergencia.
Morris presentó en julio los "avances en materia de desarrollo sostenible", y los programas de protección ambiental, establecidos como "modelo de minería responsable para Panamá y la región".
"Es fundamental mantener las buenas relaciones con las comunidades vecinas y valorar el potencial humano y la riqueza de la biodiversidad que existe en estas áreas", manifestó en esa ocasión la ejecutiva.
Pese a ello, Arosemena advirtió que la minería a cielo abierto demanda gran cantidad de agua y energía, y generará "montañas de desechos" en áreas de gran biodiversidad, perjuicios a la naturaleza y a la salud de la gente y los intereses nacionales.
La activista planteó que la flexibilidad de los términos legales y técnicos aplicados en Panamá difiere del control de la minería en Canadá. Al respecto, opinó que la ANAM "no está preparada" para la supervisión del proyecto propuesto por Minera Panamá, lo que aumenta la alarma entre los ambientalistas.
http://www.elpais.cr/
La directora ejecutiva interina del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Tania Arosemena, dijo a dpa que la minería a cielo abierto representa una amenaza al ecosistema y que los ciudadanos tienen derecho a saber los riesgos de agredir a la naturaleza.
Arosemena adujo que los trámites para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero de Cobre de la empresa Minera Panamá, fueron iniciados sin que la población disponga de información clara, lo que induce a un amplio debate nacional.
Minera Panamá, es una compañía panameña, subsidiaria de INMET MINING CORP, multinacional de capital canadiense con operaciones en Turquía, España, Finlandia, Canadá, Nueva Guinea, y ahora en Coclesito, en la caribeña provincia de Colón, donde prevé la explotación de yacimientos cupríferos.
En la ejecución del proyecto minero en este país serán removidas unas 5.700 hectáreas de selvas y bosques tropicales, con una superficie equivalente a 5.700 campos de fútbol, donde además de la pérdida de la cubierta vegetal será interrumpido el Corredor Biológico Mesoamericano, subrayó Arosemena.
La preocupación del CIAM es compartida por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) y Panamá Sostenible, quienes criticaron el plazo de 20 días para la revisión del estudio del proyecto, que dispone de más de 2.000 páginas, y la contratación oficial de una firma evaluadora particular.
El Estudio de Impacto Ambiental fue presentado el 10 de septiembre a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), pero el CIAM desconoce aún su contenido. El 26 de octubre interpuso una acción de "Habeas Data", ante la Corte Suprema de Justicia, para que sea ordenado el suministro de la información pública solicitada.
Pese a ello, la directora de Relaciones Externas de Minera Panamá, Mercedes Morris, adujo que la empresa apuesta por actividades responsables y contribuye al mejoramiento de infraestructuras (puentes). El apoyo abarca al Centro de Salud local, la extensión agropecuaria y varios programas de emergencia.
Morris presentó en julio los "avances en materia de desarrollo sostenible", y los programas de protección ambiental, establecidos como "modelo de minería responsable para Panamá y la región".
"Es fundamental mantener las buenas relaciones con las comunidades vecinas y valorar el potencial humano y la riqueza de la biodiversidad que existe en estas áreas", manifestó en esa ocasión la ejecutiva.
Pese a ello, Arosemena advirtió que la minería a cielo abierto demanda gran cantidad de agua y energía, y generará "montañas de desechos" en áreas de gran biodiversidad, perjuicios a la naturaleza y a la salud de la gente y los intereses nacionales.
La activista planteó que la flexibilidad de los términos legales y técnicos aplicados en Panamá difiere del control de la minería en Canadá. Al respecto, opinó que la ANAM "no está preparada" para la supervisión del proyecto propuesto por Minera Panamá, lo que aumenta la alarma entre los ambientalistas.
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