martes, 7 de febrero de 2012

PANAMÁ: CORTAN COMUNICACION CELULAR E INTERNET EN AREA DE LUCHA ANTIMINERA




Radio Temblor. COMUNICADO DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES EN LA LUCHA ANTIMINERA EN PANAMÁ
Desde la mañana de hoy, tras la conferencia de prensa del gobierno, que duró menos de 10 minutos, queda demostrado que el gobierno en vez de abrir vías de dialogo lo que quiere es utilizar la fuerza.
Al mediodía, el candidato independiente a la Presidencia de la República , por parte de los sectores populares, Juan Jovane, manifestó en conferencia de prensa su total solidaridad con la lucha encabezada por la Coordinadora de Lucha del Pueblo Ngabe, en contra de la negativa del gobierno nacional a cumplir con los acuerdos de San Felix del año pasado. Estos acuerdos incluían la prohibición total de las concesiones mineras en las áreas indígenas en nuestro país. Además Jovane, declaro el inicio de acciones de solidaridad por parte de diversos sectores populares. Participaron de la conferencia, organizaciones populares como ULIP, MJP, Partido del Pueblo, MPU, entre otras.
En la tarde, compañeros Ngabe Bugle residentes en ciudad de Panamá realizan un piqueteo frente a la Asamblea de Diputados e inician una marcha por las calles de la capital en apoyo a las movilizaciones que realizan sus hermanos que se encuentran en la Vía Panamericana a la altura de San Félix. Con los hermanos Ngabe caminan compañeros de diferentes organizaciones sociales y ciudadanos solidarios con la lucha antiminera y con los derechos de los pueblos a participar en las decisiones que afectan sus vidas.
Esta acción es parte de las que se están realizando en gran parte del territorio nacional, con lo cual se demuestra que la lucha del Pueblo Ngabe Bugle en contra del Modelo Extractivo Minero cada vez recibe más apoyo y simpatía entre los distintos sectores del pueblo panameño y que de no encontrar una respuesta positiva del gobierno nacional puede tornarse imprevisible.
A tempranas horas de la noche, diferentes organizaciones solidarias nacionales e internacionales han tratado de comunicarse infructuosamente con los compañeros de la Comarca Ngöbe Bugléa traves de lineas de celular e internet. solo hay señal de la empresa Claro Panamá. Los teléfonos públicos de Cable & Wireless, y los celulares de las compañías Digicel y Movistar no funcionan.
Hacemos el llamado a la comunidad nacional e internacional por la inminente represión que se acerca a estas horas en la población.
NOTAS:
60 Horas de resistencia en defensa de la VIDA y contra la minería e hidroeléctricas
Cronología de manifestaciones contra la Ley minera
http://www.tvn-2.com/noticias/noticias_detalle.asp?id=68270
Desde hace cinco días, indígenas de la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales mantienen totalmente bloqueada la carretera Panamericana a la altura de Vigi, en Panamá. Solicitan al gobierno local negociar la cancelación de proyectos mineros e hidroeléctricos. teleSUR

http://www.movimientom4.org/2012/02/cortan-comunicacion-celular-e-internet-en-area-de-lucha-antiminera/

Comunicado urgente sobre represión en Panamá




SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA EN PANAMÁ
(SERPAJ-PANAMÁ)
COMUNICADO
Nuestra agrupación desea divulgar a la faz del país y de la comunidad internacional, nuestro más enérgico repudio a la represión desatada en la madrugada de hoy, por efectivos de la Policía Nacional, por instrucciones del gobierno de Ricardo Martinelli, Presidente de la República, contra la población indígena ngäbe-buglé que llevaba a cabo protestas en la Carretera Interamericana, desde hace cinco días, contra el Proyecto de Ley No 415, sobre minería, que se debate en la Asamblea Nacional, por no incluir el artículo 5, que protegía los recursos minerales e hídricos dentro de la Comarca Ngäbe-Buglé, pactado entre laCoordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe-buglé y el gobierno nacional.
Dicha Coordinadora había realizado manifestaciones de inconformidad  el año pasado, precisamente, por la aprobación apresurada que pretendía hacer la Asamblea de Diputados, de reformas al Código Minero, a través de las cuales se permitía la posibilidad de que gobiernos extranjeros pudieran invertir en las actividades mineras que se llevaran a cabo en nuestro país, incluyendo las comarcas indígenas.  Dichas jornadas concluyeron con el acuerdo de la Coordinadora y el gobierno, en torno al contenido del artículo 5, donde quedara clara la exclusión de la explotación minera en la Comarca Ngäbe-Buglé.
Ante las acciones de esta semana por el incumplimiento del compromiso pactado, el gobierno, en vez de favorecer la vía del diálogo con la dirigencia de la Coordinadora, para resolver las diferencias, ha escogido la imposición de la fuerza, que ha traído como consecuencia una víctima fatal conocida: el ngäbe Jerónimo Montezuma, así como más de veinte heridos, un número indeterminado de detenidos y de afectados por la represión.  También se desconoce el paradero de los dirigentes de la Coordinadora, Alberto Montezuma y Silvia Carrera.
Por otro lado, la Coordinadora Campesina por la Vida y el Comité Pro-Cierre de Petaquilla han estado escenificando protestas en la vía de acceso de la mina de Petaquilla, en las inmediaciones de Coclesito, provincia de Colón, desde el 31 de enero pasado hasta la fecha, pues rechazan la explotación de los yacimientos  a cielo abierto de oro y cobre de la zona por las empresas Petaquilla Gold y Minera Panamá, por no contar con los estudios de impacto ambiental al momento de la explotación y por no consultar a las comunidades afectadas. Ignoramos si al momento de confeccionar este Comunicado, la Policía Nacional haya también desalojado por la fuerza a los manifestantes.
Ante los hechos acaecidos expresamos nuestra preocupación por la suerte de los dirigentes de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del pueblo Ngäbe-Buglé, de la Coordinadora Campesina por la Vida y del Comité Pro-Cierre de Petaquilla, así como de los manifestantes que les acompañaban.  Hacemos un llamado al gobierno nacional a que deponga el uso de la fuerza, se respete el derecho a la consulta de las comunidades afectadas por   actividades como las hidroeléctricas y la minería a cielo abierto, así como los pactos negociados al respecto.  A las autoridades de investigación criminal y judiciales solicitamos que hagan las investigaciones, de manera imparcial, para determinar las responsabilidades en la muerte de Jerónimo Montezuma y demás violaciones conexas a los derechos de las personas vinculadas a la represión del día de hoy.

Coordinación Nacional.
Panamá, 5 de febrero de 2011.

domingo, 5 de febrero de 2012

Represión policial de protesta contra minería deja un muerto en Panamá



(AFP

Miembros de la comunidad indígena de la etnia de Panamá protestan por la instalación de una mina a cielo abierto, el 27 de febrero en San Félix. (AFP, -)


PANAMÁ — Al menos un indígena muerto, un cuartel policial quemado y varios heridos dejaron este domingo en Panamá violentos enfrentamientos entre agentes antimotines y cientos de nativos que bloqueaban desde hace seis días rutas del oeste del país en protesta contra la minería y proyectos hidroeléctricos en sus territorios.
Unidades antidisturbios disolvieron con gases lacrimógenos las protestas en distintos puntos de las occidentales provincias de Chiriquí -fronteriza con Costa Rica- y Veraguas, donde estaban bloqueadas con árboles y piedras vías estratégicas como la Interamericana, que comunica a Panamá con el resto de Centroamérica.
Hasta el momento no hay un balance total de heridos, detenidos o daños materiales, y según reportes locales durante la mañana del domingo siguieron los disturbios en esa zona, donde están interrumpidas las comunicaciones por telefonía móvil.
Desde zonas de conflicto, dirigentes indígenas informaron -por vías alternas a los medios locales- que tienen varios heridos, incluso por disparos, en tanto que la Policía reporta seis de sus agentes lesionados por piedras y objetos que, según afirma, les lanzaron los manifestantes.
Hay "un muerto (...). Las unidades antimotines tienen solo el equipo para control de multitudes y no armas letales, por lo tanto esa persona no pudo haber muerto por ningún tipo de disparos" policiales, dijo al canal Telemetro el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino.
"Nos han tirado los antimotines. Estábamos tan tranquilamente manifestándonos pacíficamente y nos han reprimido. Eso no es justo", dijo desde Chiriquí a radio RPC Omayra Silvera, dirigente de la coordinadora indígena que organiza las protestas.
Desde otro punto de tensión, un manifestante, identificado como Fabio Pinzón, afirmó: "Tenemos heridos y detenidos. Nos están tirando las bombas (lacrimógenas) y perdigones".
El sacerdote Carlos de la Cruz, de Tolé (Chiriquí), relató a los medios de comunicación que un contingente de policía atacó a los manifestantes y recibió apoyos por helicóptero. "Han disparado balas, perdigones y gases lacrimógenos. Temprano llevé tres heridos (al hospital) y se han llevado varios detenidos. He visto los proyectiles", afirmó.
Mulino negó tajantemente esa versión y acusó a los indígenas de quemar un cuartel de Policía en San Félix (punto más conflictivo de la protesta), de intentar atacar otro en David, capital de Chiriquí; y de saquear la sucursal de un banco.
"La policía ha despejado casi el 100% de la ruta. Lo importante es que el tráfico se ha ido normalizando y la Policía viene limpiando la carretera de escombros, troncos, láminas de acero y los camiones han empezado a circular", dijo Mulino.
Desde San Félix, Chiriquí, Adonais Cortés, miembro de una comisión de la Iglesia que buscaba el diálogo, dijo que los dirigentes indígenas habían acordado despejar las carreteras para empezar a negociar, pero los manifestantes se negaron porque no tenían una propuesta concreta del gobierno.
Cortés afirmó que el gobierno no tiene credibilidad y señaló que la quema del cuartel se dio como "fruto de la ira" por la muerte del indígena, que identificaron como Jerónimo Montezuma.
La intervención policial se dio luego de que el sábado delegados del gobierno del derechista Ricardo Martinelli no acudieran al diálogo con los indígenas promovido por la Iglesia Católica.
Los indígenas de la etnia Ngöbe Buglé -la mayor del país- iniciaron el lunes la protesta para exigir que un proyecto que debate el Congreso prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en sus comarcas.
El gobierno acepta no desarrollar actividades mineras pero rechaza prohibir la construcción de hidroeléctricas, ya que asegura que ello supondría un sobrecosto de 200 millones de dólares para el Estado para suplir la demanda energética.
Los bloqueos dejaron varadas a cientos de personas, entre ellas turistas, principalmente de Costa Rica, y ya empezaban a provocar desabastecimiento de alimentos en la capital y otras zonas.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gWDvb727mrQcoUzn8ZEiM_mLo1XQ?docId=CNG.051153c571410738b313b96a49d4ed9a.221

viernes, 3 de febrero de 2012

Indígenas panameños protestan contra la minería en sus territorios


Cientos de indígenas cerraron la principal vía de acceso hacia Costa Rica, en el marco de una protesta este martes en diferentes regiones de Panamá para exigir que se incluya en un proyecto que se discute en el Congreso la prohibición de explotar yacimientos mineros en sus territorios.
"No queremos actividad minera en nuestros territorios", dijo a la AFP Rogelio Montezuma, vocero de la Coordinadora por la Defensa y Derechos del Pueblo Ngöbe-Buglé.
Los indígenas realizaron protestas pacíficas, con cortes parciales de carreteras, en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro (oeste) para reclamar que se restituya en una iniciativa de ley que regula la minería un artículo que protege los territorios indígenas de esa actividad.
Los cortes del tránsito afectaron a la vía Interamericana, que une a Panamá con Costa Rica, provocando el congestionamiento vehicular.
Durante meses, una comisión parlamentaria negoció con los indígenas el proyecto, luego de que el presidente Ricardo Martinelli diera marcha atrás y derogara el año pasado reformas al código minero impulsadas por él para atraer inversiones, ante violentas protestas de los indígenas.
Esa comisión y los indígenas consensuaron un proyecto de ley de 9 artículos, pero, según Montezuma, uno de esos artículos fue sacado a última hora del proyecto, lo que ha provocado las protestas.
El polémico artículo especifica que se cancelan las concesiones a empresas panameñas y extranjeras para realizar actividades mineras y construcción de hidroeléctricas en los territorios indígenas.
"Nos han engañado. Si el gobierno comprometió su palabra que iba a legislar para proteger los recursos naturales de la comarca (indígena Ngäbe-Buglé -oeste-) y si dijeron que no les interesaba la minería en nuestros territorios, ¿por qué no incluyen ese artículo?", preguntó Montezuma.
"El gobierno ha tratado de burlar un acuerdo y si nosotros aceptamos, cualquier otro gobierno puede concesionar Cerro Colorado", un yacimiento de cobre en la comarca Ngöbe Buglé donde se estima que hay 17 millones de toneladas, según Montezuma.
"Nosotros estamos dispuestos a conversar", dijo el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, para quien la Comarca Ngöbe Buglé "es mucho más que ese grupo" que protesta, al que pidió no cerrar vías.
En estos momentos hay 25 solicitudes de 10 empresas para buscar oro y otros minerales en esa comarca indígena.
jjr/mis/cas/dg

domingo, 11 de diciembre de 2011

Minera Panamá, en la recta final


GRACE KELLY CHI
La ANAM debe notificar a la empresa si aprueba el Estudio de Impacto Ambiental de la mina, de ahí se haría público


2011-12-10 PANAMÁ. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Minera Panamá, S.A. para la construcción de una mina de cobre en las montañas de Donoso, Colón, estaría pasando por su tercera y última revisión, informaron las autoridades. 

‘El EIA de Minera Panamá está en la tercera revisión, que sería la última, y está a punto de salir la resolución respectiva de la ANAM’, explicó Militza Muñoz, directora de Evaluación de Impacto Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). 

La resolución de la ANAM podría indicar recomendaciones al estudio de Minera Panamá, aprobarlo o negarlo según dispongan las autoridades del ambiente panameño, bajo colaboración de la comisión de expertos chilenos en minería que está apoyando al Estado, y que es subsidiada económicamente por la compañía, proceso que es legal. 

El EIA de Minera Panamá, S.A. consta de 14 mil páginas y sustentaría los efectos ambientales de la mina, entre ellos la necesidad de talar 5,900 hectáreas de bosque en un sector conocido como parte del Corredor Biológico Mesoamericano. A cambio, la empresa conservaría 250 mil hectáreas en el país. 

De darse la aprobación de la ANAM, comenzará la construcción de la mina, fase que duraría cinco años, para luego darse la extracción de 300 mil toneladas anuales de cobre, convirtiéndose en uno de los proyectos más grandes del mundo en su tipo. 

Sobre el tema, Tania Arosemena, abogada del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), indicó que pese a las cartas enviadas por ese grupo a la ANAM, se les ha negado el acceso al expediente administrativo de evaluación que está haciendo la institución al EIA de Minera Panamá. 

Arosemena describió que bajo la Ley de Transparencia el CIAM y otros deberían poder acceder al expediente de evaluación. 

El EIA de Minera Panamá es categoría III; es decir, la más delicada. 
Minera Panamá, en la recta final
OPOSICIÓN. Los grupos ambientalistas locales han recalcado que las instalaciones mineras estarían en el Corredor Biológico Mesoamericano
http://laestrella.com.pa/online/impreso/2011/12/10/minera_panama_en_la_recta_final.asp

jueves, 10 de noviembre de 2011

Movimientos sociales rechazan proyectos de ley sobre privatizaciones y minería


Camila Queiroz
Periodista de ADITAL
Adital
Amenazas al pueblo panameño. Es así como los miembros de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), en huelga desde el último día 20, y otros profesionales de la salud, profesores y estudiantes se refieren a los proyectos de ley 349 y 394.
Ejerciendo presión, consiguieron que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunciara que el proyecto de ley 349 será enviado a la Concertación Nacional, para intentar un consenso sobre el asunto. La fecha y metodología de la Concertación no fueron definidas todavía.
El proyecto 349, con 105 artículos, establece que se permitirá privatizar la Caja del Seguro Social (CS), el Canal de Panamá, las carreteras, la salud, las minas y varios otros sectores estratégicos mediante la Asociación Público-Privada (APP).
El proyecto de ley 394 se mete directamente con el Código Minero, aprobando buena parte de los puntos incluidos en la Ley 8 de 2011, revocada después de jornada de protestas del pueblo Ngäbe Buglé, de la provincia de Chiriquí, en marzo de este año.
Ante esta situación, los movimientos sociales difundieron un comunicado en el que exigen el retiro del proyecto de ley 394 y piden, en su lugar, la aprobación del Anteproyecto de Ley 45, que restablece retroactivamente la vigencia de las normas revocadas del Código Minero, dejándolo como estaba antes de la Ley 8 de 2011.
"La negativa del gobierno nacional a restaurar la prohibición de que empresas propiedad de Estados extranjeros inviertan directa o indirectamente en minería, demuestra que el mismo está alineado con los intereses particulares antagónicos al bien común y no con los de las comunidades indígenas y campesinas que sufrirían directamente las consecuencias de la explotación minera”, denuncian.
En relación con el proyecto 349, destacan que "abriría las puertas” a la destrucción ambiental, pues el Plan Estratégico del Gobierno prevé la construcción de infraestructura, como caminos "no necesarios”, según el comunicado, que pasarán por playas, manglares y áreas protegidas.
Además, se señala, habría un mayor endeudamiento público, superior a los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Para los movimientos, esto es motivo de preocupación, pues garantiza altas tasas de retorno para los inversores privados, mientras que el riesgo sería asumido por el Estado, o sea, por todos los panameños, en su condición de contribuyentes.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

martes, 25 de octubre de 2011

De nuevo conflicto con indígenas panameños por ley minera

Por Luis Manuel Arce Isaac


Panamá, 25 oct (PL) La reactivación de una ley minera avivó de nuevo el conflicto entre el gobierno panameño y las comunidades indígenas porque deja intacto, al parecer, un acápite que permite la explotación de yacimientos a Estados extranjeros.



Ese fue un punto neurálgico de la ley 8, la cual reformaba el código minero que el presidente Ricardo Martinelli se vio obligado a derogar por las protestas indígenas de febrero y comprometerse a que en una nueva legislación se excluirían de la explotación minera tierras comunales.

En largas y accidentadas negociaciones entre la coordinadora de los derechos del pueblo ngöbe buglé y una comisión ad hoc de la asamblea, se acordó finalmente un proyecto de ley que poco o nada tiene que ver con el que se discute ahora en la Asamblea, el cual es protestado por los indígenas que se sienten burlados.

Fabio Pinzón, de la coordinadora, dijo que si el Gobierno no les cumple con la ley especial, el 31 de octubre bloquearán las vías en San Félix, Viguí, San Lorenzo, y además en Pacora, provincia de Panamá.

La coordinadora la integran 16 grupos y en muchas regiones es apoyada por campesinos, aunque no en otras, y todos rechazan el proyecto de ley aprobado en primer debate en la Asamblea que restablece varios artículos del Código de Recursos Minerales, porque permitiría la explotación minera en la comarca.

El gobierno tiene razón en darle un orden legal al sector minero que desde que fue derogada la ley 8 carece de respaldo institucional y eso impide que las mineras cumplan compromisos como aumentar a cuatro por ciento las regalías y mejorar los ingresos por esa vía de los distritos donde están las concesiones.

Pero, al margen de esa realidad, los indígenas lo que piden es que se cumplan las promesas de Martinelli de no promover ni explotar yacimientos en las comunidades durante su gobierno y excluir a estados extranjeros.

El ministro de Comercio, Ricardo Quijano, dijo que con el proyecto se busca poner fin a la anarquía existente, porque se carece de un instrumento legal, y argumentó que no es una legislación nueva, sino una restitución de artículos no reactivados con la derogación de la Ley 8 de 2011.

Y he ahí el problema, pues la propuesta del gobierno no discrimina aquellos vetados por los indígenas, sino que los deja vigente como el referido a los estados extranjeros, ni hace referencia a los compromisos de no promoción ni explotación de yacimientos en tierras indígenas, según la coordinadora.

Lo cierto es que las protestas comenzarán este mes en medio de una lamentable división en el campo indígena estimulada por el gobierno, según denuncias de la coordinadora, al aupar a grupos contrarios a las posiciones de quienes rechazan la minería.

De esa manera se han formado dos bandos, uno que apoya la minería si les dan a las comunidades el 50 por ciento de los beneficios de ésta, y es encabezado por Generoso Montezuma, y otro que la rechaza de forma absoluta y la lidera la coordinadora.

Ambos harán piquetes en las cercanías de la Asamblea con intereses y metas contrapuestas. Ya sea desde una posición en contra de la ley o a favor de esta, los dos grupos exigen al gobierno que se les tome en cuenta a la hora de aprobar la polémica legislación.

El presidente de la coordinadora, Rogelio Montezuma, dio la pauta de lo que se avecina al indicar que la nueva jornada de protesta tiene el fin de demostrar el rechazo a la presentación en la Asamblea Nacional de la Ley porque es una burla inaceptable y exigirán su retiro inmediato.

Este miércoles 26 de octubre puede desatarse la tormenta indígena.

lac/lma

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=423925&Itemid=1