Otramérica
Las propias contradicciones del Ejecutivo panameño y el desprecio por los indígenas Ngäbe que tratan de defender su territorio de la minería encendieron este lunes un conflicto que trataron de reprimir a punta de balas desde el domingo. Todo está abierto en el país del “milagro económico” y la desigualdad social.
El domingo fue una jornada caótica en Panamá por la represión desatada por el Gobierno para despejar la vía Interamericana que los indígenas Ngäbe había cerrado desde el martes 31 de enero por cuenta del incumplimiento gubernamental de unos acuerdos sellados hace casi un año. Esa mentira atribuida a Ricardo Martinelli –la de eliminar el artículo que protegía a la Comarca Ngäbe-Buglé de la minería y de las hidroeléctricas- no sería la última.
El domingo, con el cadáver de Jerónimo Rodríguez Tugri aún caliente y decenas de heridos y detenidos, el Gobierno culpaba a factores externos, a la ultraizquierda o, incluso, a los religiosos católicos de Tolé de instigar a los Ngäbe y a alguna mano criminal de haber disparado el arma que acabó con la vida de Rodríguez y dejó gravemente herido a Francisco Miranda. Pero el lunes amaneció con una sorprendente portada de La Estrella de Panamá que demostraba que la Policía Nacional sí había disparado munición letal y la indignación que el domingo ya había encendido algunas partes del país se convirtió en hoguera de consecuencias imprescindibles.
Obreros en Colón, Panamá o David; docentes en Chilibre, Santiago de Veraguas, Penonomé o Chitré; estudiantes y obreros en Ciudad de Panamá, e indígenas Emberá en Darién salían a la calle en solidaridad con los Ngäbe y el Gobierno utilizó la persuasión de los gases lacrimógenos para tratar de frenar el fuego. No sólo no lo calmó, sino que lo atizó. Como posteaba un panameño en las redes sociales: “no se combate un incendio con fuego, ni una inundación con agua”. Se produjeron durante el lunes decenas de detenciones, choques entre manifestantes y policías, se puso en peligro la vida de enfermos de centros de salud en Colón por el uso de gases lacrimógenos por parte de la autoridad, se mantuvo retenidos por horas y horas a los obreros y docentes detenidos desde el sábado pasado en una violación al debido proceso, ya que la ley panameña es clara y obliga a liberar al detenido o remitirlo a la autoridad competente.
Mientras, los Ngäbe tomaban aliento. En Changuinola sí se mantenía el corte del puente que une la ciudad con el resto del país y en la tarde marchaban por cientos los obreros de las bananeras en solidaridad con sus hermanos de sangre. Los comercios confirmaban que empezaba a sentirse el desabastecimiento y los transportistas avisaban que, de no haber pronta solución, se unirían a la protesta.
En dos puntos habitualmente calmados, Cerro Punta y Volcán, los disturbios llegaron al extremo. La madrugada del lunes fue en Cerro Punta, donde policías y manifestantes se enfrentaron por horas. En la tarde, a eso de las 4 p.m., en Volcán, los indígenas lograban replegar a los antimotines que habían tratado de despejar la vía y después, cegados por la rabia y la frustración, quemaron la estación policial y la corregiduría, así como varios vehículos oficiales. La situación era muy grave al entrar la noche.
En Viguí, los Ngäbe lograban reagruparse pasado el medio día, pero lejos de la carretera Interamericana, aunque la policía fue tras ellos y provocó el enfrentamiento en la comunidad de Bella Esperanza, poniendo en riesgo a toda la población civil que allí habita.
La rabia y la indignación creció como un incendio durante todo el día, conforme se iban distribuyendo más pruebas del despropósito oficial: videos con intervención policial en hospitales, detención de menores de edad, uso de armamento de guerra (como los M-16). Una jornada aciaga que no aventura nada bueno.
Las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ofrecieron su mediación y la Iglesia católica, habitual mediadora, hizo público un durísimo comunicado desde Tolé acusando al Gobierno de prepotencia y desproporcionalidad.
El Gobierno, sin embargo, jugó a ofrecer diálogo sin concreciones y no respondió en todo el día al pliego de condiciones exigidas por la Cacica Silvia Carrera y la Coordinadora Ngäbe para sentarse a negociar. Quizá, la experimentada política del Partido Popular, Teresita Yaniz de Arias, lo resumió bien en la mañana: “El Gobierno no puede negociar desde el desprecio. Y el hecho es que han utilizado un lenguaje ofensivo, incendiario y descalificativo hacia los Ngäbe”. La prueba la brindó la diputada del partido oficialista Marilyn Vallarino, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Los Originarios borrachos y drogados no tienen nada que perder están perjudicando a todo un país. Ahora se hacen víctimas de su irresponsabilidad” (dixit).
Fuente: http://otramerica.com/radar/http://www.rebelion.org/
