CARLOS ANEL CORDERO
Más de setenta organizaciones civiles insistieron ayer en la suspensión inmediata de la discusión y una moratoria
| Para la explotación minera, se require del traslado de equipo a áreas apartadas. Foto: Archivo | La Estrella |
Bernardo Jiménez, de la Comisión de Derecho del Congreso Ngöbe-Buglé, informó que indistintamente de la decisión política del gobierno, han convocado para una gran marcha ‘pacífica’ para el próximo lunes en el cruce de San Félix, en la carretera Panamericana, provincia de Chiriquí.
Aunque los indígenas insisten en que la protesta será pacífica, Jiménez advirtió que están dispuestos a ‘derramar su sangre para defender la comarca’.
A la marcha en Chiriquí asistirán representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), docentes, ambientalistas y sindicatos —tanto de Chiriquí como de diversas provincias— que adversan la propuesta del Ejecutivo que se discute en la Asamblea Nacional en primer debate.
El sector indígena insiste en que el gobierno va por el mismo camino de la ‘ley chorizo’, por lo que es probable que se repita la ‘explosión social’ que se vivió en julio del año pasado en la provincia de Bocas del Toro.
Las organizaciones cuestionaron, además, a la que califican como una ‘debilitada’ Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) que, a pesar de la discusión del proyecto de ley en la Asamblea Nacional, no se ha pronunciado al respecto, como si no se tratara del ambiente.
La minería en Panamá se remonta a la época previa a la llegada de los españoles al istmo.
De hecho, a su llegada a tierras panameñas los españoles sintieron especial admiración por el uso ornamental que le daban los nativos al oro.
De aquí surge aquella narración de que los españoles, al pisar tierra istmeña, le cambiaban a los indígenas el oro por trozos de espejos.
Durante la época de la colonia, los españoles practicaron la minería en Panamá, pero Félix Wing, del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, sostiene que en ese entonces la práctica era ‘muy artesanal’, se extraía de grutas subterráneas o de los ríos, lo que no requería del uso de químicos y, por tanto, no se constituía en una práctica nociva para el ambiente ni para los seres vivos.
Una de las explotaciones más conocidas durante la época de la colonia española fue la mina de Cana, en la provincia de Darién, que hoy día es una reserva ecológica bajo la administración de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON).
En la época contemporánea, se han registrado varios intentos de minería, en algunos casos, como Cerro Colorado, con una empresa mixta en la cual el Estado tenía participación accionaria.
En otros casos, por medio de concesiones de exploración y explotación que el Estado otorga a empresas privadas, la mayoría con participación accionaria de compañías extranjeras.
Alida Spadora, directora Ejecutiva de ANCON, insistió en que no se puede permitir que las autoridades entreguen el país a empresas extranjeras para que exploten la minería a cielo abierto, pues hasta el momento todos los intentos que se han registrado han resultado nocivos para el país.
Para el catedrático universitario y ex director de Desarrollo y Tecnología de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Azael Barrera, el daño ecológico que produce la minería a cielo abierto no es comparable con los beneficios económicos que la actividad podría generar para el país.
La práctica ha demostrado que las compañías extranjeras llegan, explotan y se retiran del país.
Los ecologistas insisten en que no tienen una posición de rechazo a la minería, pero consideran que lo más adecuado es que se declare una moratoria, se abra un período de discusión, se ilustre a la población y luego se convoque a un referéndum nacional para que la población opine al respecto.
Durante el gobierno del presidente Guillermo Endara, una vez aprobado el Título Constitucional del Canal de Panamá, se abrió un periodo de consultas para determinar cuál sería la mejor alternativa para la ampliación de la vía.
Barrera recordó que los estudios y consultas multinacionales tomaron más de cuatro años y una vez tomada la decisión, se hizo la convocatoria al referéndum nacional.
Según el científico, la inversión que haría Petaquilla Gold para la explotación minera sería de $5,000 millones, similar al costo de la ampliación del Canal, entonces valdría la pena que se hicieran las consultas para determinar qué es lo que piensa la población.
Mientras, el ministro de Comercio, Roberto Henríquez, insiste en que el actual gobierno no ha otorgado una sola concesión para explotación, todas fueron dadas por administraciones anteriores y que suspenderlas ahora sería ‘irresponsable’, pues la mayoría de las empresas han hecho sus estudios y están próximas a la explotación y, por lo tanto, el Estado panameño no puede suspenderlas.
Hizo un llamado a los grupos que adversan la iniciativa a meditar sus acciones y estudiar el proyecto de ley, pues la mayoría de los artículos lo que persiguen es aumentar los cánones de arrendamiento y pagos de las empresas al Estado.
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