Indígenas panameños dicen estar en pie de guerra y listos a morir defendiendo sus recursos de las compañías mineras extranjeras, que se preparan para redoblar su actividad al amparo de un plan gubernamental para atraer inversiones, mientras ecologistas exigen al Congreso una moratoria.
"Hace 518 años nos explotaron (con la llegada de conquistadores españoles en 1.492) y nos saquearon y hoy volvemos a estar nuevamente amenazados", dijo a la AFP Pedro Rodríguez, presidente de la Comarca indígena Ngöbe-Buglé, donde se ubica Cerro Colorado que tendría 17 millones de toneladas de cobre, equivalentes al 85% de la demanda mundial prevista para 2011.
"No podemos permitir que vengan compañías extranjeras a quitarnos las tierras y los recursos que nos pertenecen", aseguró a la AFP Rogelio Moreno, presidente de la Coordinadora Nacional de Indígenas.
"Nosotros sabemos que vienen momentos difíciles, pero a la muerte no le tenemos miedo. Sabemos que vamos a tener conflictos, pero vamos a defender nuestras tierras, recursos y derechos venga quien venga", añadió Moreno.
El gobierno presentó en el Congreso, de mayoría oficialista, una propuesta de reforma a un código minero de 1963 para atraer inversión de multinacionales, principalmente de Corea del Sur, Singapur y Canadá, que ya mostraron interés por el negocio en Panamá.
Sus defensores alegan que el Estado ingresará más dinero por las concesiones mineras, aumentarán las multas por contaminación y las compañías beneficiarias invertirán en obras sociales en comunidades de extrema pobreza donde la mano del Estado a veces no llega.
La iniciativa plantea que las compañías mineras paguen al Estado un canon de entre uno y tres dólares por cada hectárea para exploración y entre 1,5 y 8 dólares por hectárea para extracción, mientras que las regalías al Estado por su producción van desde el 4 al 8%.
"Estamos aumentando regalías, cánones, tasas y multas para que las comunidades reciban mucho más de lo que están recibiendo", afirmó en una entrevista al canal Telemetro Reporta, Roberto Henríquez, ministro de Comercio e Industrias de Panamá.
"No se puede detener la minería", enfatizó Henríquez, una actividad que de una u otra forma abarca al 40% del territorio panameño según ambientalistas.
Las multas por contaminación van de 5.000 a 250.000 dólares.
"Para nosotros el proyecto (de reforma) era una necesidad urgente", dijo Zorel Morales, de Minera Panamá, perteneciente a la canadiense Inmet y que invirtió 5.000 millones de dólares para extraer oro, plata y cobre.
Grupos ambientalistas presentaron el martes un anteproyecto de ley en el Congreso para pedir una moratoria para la minería metálica a cielo abierto.
"Se está hablando del aumento de tasas sin tener en cuenta los costos ambientales que nos deja la actividad y donde las mineras han incumplido innumerables veces con la normativa ambiental", dijo Raisa Banfield, de Fundación Sostenible, a la AFP.
"Cada ciudadano cuando compra una bolsa de papas, paga un 7% de impuestos y muchas mineras van a dejar un 4%", dijo por su parte Paco Gómez Nadal, de Human Rights Everywhere, para quien Panamá "está en venta hace tiempo".
http://noticias.terra.com.pe/
"No podemos permitir que vengan compañías extranjeras a quitarnos las tierras y los recursos que nos pertenecen", aseguró a la AFP Rogelio Moreno, presidente de la Coordinadora Nacional de Indígenas.
"Nosotros sabemos que vienen momentos difíciles, pero a la muerte no le tenemos miedo. Sabemos que vamos a tener conflictos, pero vamos a defender nuestras tierras, recursos y derechos venga quien venga", añadió Moreno.
El gobierno presentó en el Congreso, de mayoría oficialista, una propuesta de reforma a un código minero de 1963 para atraer inversión de multinacionales, principalmente de Corea del Sur, Singapur y Canadá, que ya mostraron interés por el negocio en Panamá.
Sus defensores alegan que el Estado ingresará más dinero por las concesiones mineras, aumentarán las multas por contaminación y las compañías beneficiarias invertirán en obras sociales en comunidades de extrema pobreza donde la mano del Estado a veces no llega.
La iniciativa plantea que las compañías mineras paguen al Estado un canon de entre uno y tres dólares por cada hectárea para exploración y entre 1,5 y 8 dólares por hectárea para extracción, mientras que las regalías al Estado por su producción van desde el 4 al 8%.
"Estamos aumentando regalías, cánones, tasas y multas para que las comunidades reciban mucho más de lo que están recibiendo", afirmó en una entrevista al canal Telemetro Reporta, Roberto Henríquez, ministro de Comercio e Industrias de Panamá.
"No se puede detener la minería", enfatizó Henríquez, una actividad que de una u otra forma abarca al 40% del territorio panameño según ambientalistas.
Las multas por contaminación van de 5.000 a 250.000 dólares.
"Para nosotros el proyecto (de reforma) era una necesidad urgente", dijo Zorel Morales, de Minera Panamá, perteneciente a la canadiense Inmet y que invirtió 5.000 millones de dólares para extraer oro, plata y cobre.
Grupos ambientalistas presentaron el martes un anteproyecto de ley en el Congreso para pedir una moratoria para la minería metálica a cielo abierto.
"Se está hablando del aumento de tasas sin tener en cuenta los costos ambientales que nos deja la actividad y donde las mineras han incumplido innumerables veces con la normativa ambiental", dijo Raisa Banfield, de Fundación Sostenible, a la AFP.
"Cada ciudadano cuando compra una bolsa de papas, paga un 7% de impuestos y muchas mineras van a dejar un 4%", dijo por su parte Paco Gómez Nadal, de Human Rights Everywhere, para quien Panamá "está en venta hace tiempo".
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