"El modelo económico de Panamá se basa en el desarrollo sustentable en armonía con la naturaleza. En ese camino no cabe la minería a cielo abierto, ni mucho menos entregar a otro Estado la soberanía nacional, so pretexto de impulsar un desarrollo incierto", dijo Navarro, en una declaración enviada aHORA CERO.
"La minería, que es tóxica para el país, no puede ser tomada como un chantaje a cambio de construir las escuelas, las líneas de agua potable, hospitales o viviendas en las áreas más humildes del país, que igual sin minería tendría que construir el Gobierno. En vez de la comprar descabellada de los corredores por más de $1,200 millones o la construcción de una torre financiera por $300 millones, le exigimos al Gobierno que desista de la minería y use esos dineros para estas obras básicas en las comunidades indígenas y campesinas del país", añadió Navarro.
Navarro, también ambientalista, lamentó que "estas reformas se presenten de la misma manera que la Ley Chorizo que nos llevó el año pasado a la explosión social en Bocas del Toro: con la ausencia del Presidente de la República, sin el tiempo necesario para el debido debate y sin la debida consulta a la iglesia, las comunidades indígenas, los grupos ambientales y la sociedad civil".
,Navarro cuestionó que una vez aprobado el proyecto por el Consejo de Gabinete éste fue engavetado por meses, "tiempo valioso que pudo haber sido utilizado para divulgarlo, pero que se perdió por los métodos antidemocráticos y de imposición que caracterizan al actual gobierno".
Navarro se sumó a las posiciones y denuncias de los grupos ambientalistas e indígenas e contra de la minería, al tiempo que propuso que "si la idea del Gobierno es fortalecer la legislación o aumentar las multas, se debería legislar únicamente en ese sentido".
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